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Nuevo enfrentamiento Gobierno-Generalitat: Mas se adelanta y crea un impuesto sobre depósitos bancarios, petición de ERC

El Ejecutivo anunció la semana pasada la creación de un impuesto estatal del 0% para evitar que cada autonomía pueda tener una tasa propia como ya ocurre en Extremadura, Canarias y Andalucía. La medida es una exigencia de ERC. Homs anuncia también que Cataluña va a recurrir las tasas judiciales ante el Constitucional y lamenta llegar a este "nivel de conflictividad".

El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas EFE

La Generalitat de Cataluña ha desafiado este martes al Gobierno central al aprobar un decreto ley de creación del "impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito", con el que se propone recaudar 500 millones de euros al año, según ha informado el portavoz en funciones del Gobierno, Francesc Homs. De esta forma, la Generalitat ha salido al paso de la decisión del Ejecutivo central, anunciada la semana pasada, de crear un impuesto estatal del 0% sobre los depósitos en los bancos, informa Efe. El Gobierno pretendía con ello evitar que cada autonomía pueda tener una tasa propia, como ya ocurre en Extremadura, Canarias y Andalucía, mientras que el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha justificado este nuevo tributo para "blindar este espacio fiscal" ante una "maniobra fea" como la del Gobierno, al que la Generalitat acusa de cerrarle el paso a cualquier vía para obtener ingresos.

Como ya publicó Vozpópuli, CiU negociaba con ERC un impuesto de este tipo. Ambos partidos se encuentran inmersos en las negociaciones para un acuerdo de gobernabildad en Cataluña. La semana pasada el Gobierno catalán ya acusó al Gobierno español de "sabotaje legal" a sus ingresos al llevar el euro por receta al Tribunal Constitucional, una medida con la que el ejecutivo catalán buscaba reducir el déficit público.

Efecto retroactivo

Homs ha asegurado que como la medida del Gobierno español se anunció pero aún no está aprobada, la Generalitat tiene un mes de margen para convalidar el decreto sobre los depósitos bancarios en el Parlamento catalán y mantener así su margen competencial sobre este asunto. "Formalmente esta normativa (española) no existe y esto nos permite anticiparnos", ha argumentado Homs, quien ha insistido en acusar al Gobierno de intentar "neutralizar" la creación de un tributo de estas características. Ha precisado que para asegurar su aplicación el gobierno catalán usará la misma "técnica" retroactiva que el Ejecutivo central y empezará a aplicar este tributo "el 30 de noviembre", aunque convalide el decreto más adelante.

El portavoz de la Generalitat ha asegurado que este tributo se aplicará a las entidades de crédito que operen en Cataluña, aunque no ha sabido precisar la letra pequeña del impuesto. Preguntado por si prevé fuga de depósitos a otras comunidades, ha remarcado que las personas no son el sujeto de este impuesto, sino las entidades financieras. Sí que ha admitido que el gobierno catalán ha decidido crear este impuesto después de las conversaciones entre CiU y ERC para sellar un acuerdo de legislatura, dado que los republicanos exigen nuevos impuestos y tasas para reducir al máximo el nivel de recortes en 2013, cuando la Generalitat deberá cerrar el ejercicio con un déficit del 0,7% del PIB.

Se tratará de un tributo propio que grava los depósitos efectuados por los clientes a las entidades de crédito, "por cualquier negocio y variedad jurídica, siempre que comporten la obligación de restitución", asegura la nota que informa de este acuerdo tomado en la sesión de hoy del gobierno catalán en funciones. Esta nota añade que "el impuesto tiene en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos, a pesar de que se han previsto unas bonificaciones para los casos de oficinas en núcleos de poca población y otras específicas para la aplicación de la obra social o el destino social de las operaciones de la entidad".

Recurso a las tasas judiciales

Francesc Homs también ha anunciado que la Generalitat va a llevar las tasas judiciales judiciales aprobadas por el Gobierno central al Consejo de Garantías Estatutarias, paso previo a recurrir las tasas al Tribunal Constitucional. Homs ha lamentado haber llegado a este "nivel de conflictividad" entre instituciones.

El Ejecutivo catalán plantea dudas sobre su constitucionalidad, ya que podría existir invasión de competencias del Estado, al exigir el pago de servicios que presta y financia la Generalitat. Por ello, el Govern ha pedido el informe jurídico del Consejo de Garantías Estatutarias, que dispone de un mes para emitir su dictamen de carácter preceptivo, mientras que el plazo para plantear el recurso ante el TC acaba el 21 de febrero del 2013.


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