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Alaya pregunta a un testigo clave de los ERE si el PSOE se financió con fondos de la Junta de Andalucía

Teodoro Montes, testigo clave en la causa de los cursos de formación, ha declarado durante más de 26 horas en seis días ante la juez Alaya, a la que ha explicado sobre la financiación que tiene numerosas dudas y que no podía contestar.

Imagen de archivo de la juez Mercedes Alaya
Imagen de archivo de la juez Mercedes Alaya EFE

La juez Mercedes Alaya ha peguntado a Teodoro Montes, testigo clave en la causa de los cursos de formación, si el PSOE se financiaba con los fondos que la Junta de Andalucía transfería a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter público y dedicada a la formación.

Fuentes judiciales han informado de que la juez ha hecho esta pregunta directa al testigo, antiguo responsable de formación ocupacional y que ya cifró en 450 cursos los cobrados por la FAFFE sin impartirlos, según informa Efe.

El testigo, que ha declarado durante más de 26 horas en seis días, ha respondido que tiene numerosas dudas al respecto y que no podía contestar. La juez, que ha retomado las preguntas tras hacerlo la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha señalado que la FAFFE ha recibido un trato privilegiado gracias a la multitud de subvenciones que le concedieron.

La juez ha preguntado si al funcionario le consta que exista alguna otra fundación afín al PSOE con un trato privilegiado, a lo que ha respondido que la lista sería muy larga

Alaya investiga desde mayo pasado, y por decisión de la Fiscalía, los 49,5 millones de euros que la FAFFE recibió entre 2009 y 2010.

El funcionario ha contestado que tiene muchas dudas sobre la FAFFE, como el destino de los fondos que recibía o el hecho de que estuviera integrada por algunos cargos del PSOE y familiares directos, exalcaldes y antiguos concejales que ocupan cargos en la Administración, cuyos sueldos eran muy elevados, ha apuntado. Además, aseguró que la Junta despidió en 2013 a 700 orientadores para colocar a antiguos miembros de la FAFFE.

Tras esta respuesta, la juez ha preguntado si al funcionario le consta que exista alguna otra fundación afín al PSOE con un trato privilegiado, a lo que ha respondido que la lista sería muy larga.

Esa relación abarcaría, según Montes, a la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (AESIM) o la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMARTVA), ambas con una asignación de cursos de formación mantenida durante años.

La opinión del testigo es que con la formación se domina a la sociedad a través de los medios de comunicación, el sector de la mujer, los discapacitados y sus familiares, los sectores productivos, la tercera edad y el aeronáutico.

Ha considerado a la FAFFE una administración paralela para aleccionar y adoctrinar así como para dirigir la sociedad, ya que, ha dicho, la formación es un medio para obtener abundantes recursos y servían para financiar "lo imposible".

Como ejemplo de ello, ha asegurado que los autobuses usados para ir desde Andalucía a Madrid en la primera huelga general contra el gobierno de José María Aznar se pagaron con dinero de los proyectos de inmigración, parte del cual estaba destinado a formación. Además, ha descrito la "fantochada" que supuso la suspensión cautelar durante año y medio de la formación de la FAFFE para miles de alumnos, lo que generó problemas sociales.

Tras la juez ha preguntado el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, defensor del exconsejero Antonio Fernández, imputado en la causa junto al exconsejero Ángel Ojeda.

El testigo ha asegurado que en 2013 denunció las irregularidades en formación no por venganza sino por su condición de funcionario y su responsabilidad, ha asegurado que estuvo año y medio de depresión tras denunciar acoso laboral, caso que ganó, y que antes no hizo denuncias porque no tenía fuerzas para ello.

La juez ha declarado seis preguntas impertinentes al abogado, una de ellas sobre las pruebas de trato privilegiado a determinadas entidades, que según el letrado las hace basadas en creencias subjetivas y no en soportes objetivos.

Ese trato privilegiado se podía establecer, según el testigo, no por la decisión de la cadena de funcionarios que intervenían en la concesión de ayudas, sino por las órdenes que recibían de sus superiores.

Es previsible que mañana concluya el testimonio del testigo con las preguntas que le haga la defensa del exconsejero Ojeda.


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