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Vivir en Valdecorzas, la urbanización ilegal que sobrevive tras 35 años en el limbo

La división en parcelas de una finca rústica en el paraje de Valdecorzas y su posterior venta con la promesa de convertirse en urbanizable dio origen a un conflicto enquistado durante más de tres décadas. La Comunidad de Madrid no da un paso al frente para normalizar la situación mientras los vecinos viven sin servicios municipales, al margen de la legalidad. 

Los vecinos de la urbanización Valdecorzas, en el término municipal de Arganda del Rey (Madrid) viven desde hace 35 años sin servicios urbanos. No disponen de agua corriente, ni de luz, tampoco servicio de limpieza ni líneas de transporte. Son “ecologistas a la fuerza”. La mayoría de ellos autoproducen electricidad mediante placas solares y los pozos han dado paso a depósitos individuales para proveer de agua las viviendas. Pero carecen de toda instalación municipal por la sencilla razón de que dicho núcleo de población, asentado en suelo rústico no urbanizable, no es legal. Tras años de lucha de la Asociación de Vecinos de Valdecorzas para normalizar la situación y tras numerosas denuncias por supuestas infracciones cometidas tanto por la empresa urbanizadora como por los propios vecinos, el compromiso de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid de buscar una solución no llega a materializarse. Tras una tímida negociación, a día de hoy el caso vuelve a estar en punto muerto.

Para comprender el trasfondo del asunto y su complejidad hay que remontarse a los últimos años de los 70 y primeros de los 80. Fue entonces cuando tuvo lugar la venta de una finca propiedad de un familiar del exministro Miguel Boyer a la Inmobiliaria Valdecorzas S.A., para su parcelación y venta al público. Un funcionario del Ayuntamiento de Arganda colaboró en la venta de las parcelas, sin embargo, en 1981, el propio consistorio instó a los cerca de 250 propietarios que compraron las parcelas a la promotora, a denunciar por presunta falsedad en la propaganda de venta de los terrenos, ya que éstos están calificados como suelo rústico no edificable. La promesa de que los terrenos pasarían a ser urbanizables no fue más que eso, una promesa, en este caso imposible de cumplir.

“Como barrio de Arganda con una antigüedad de 35 años, lo que queremos es pagar los mismos impuestos que el resto y tener los mismos servicios que el resto”

Después, cuando se había realizado la venta de la mayor parte de las parcelas, 631 en total, la inmobiliaria dejó de pagar las cantidades aplazadas al propietario de la finca, que ejercitó acción resolutoria de la venta por impago y recuperó de nuevo la propiedad, Así, los compradores perdieron su dinero y también las parcelas. Parte de los afectados, constituyeron en 1987 la Asociación de Parcelistas Propietarios de la Urbanización Valdecorzas y negociaron con el dueño de la finca la re-compra de sus parcelas. Por su parte, la única medida que adoptó el Ayuntamiento fue expulsar al funcionario que había mediado entre los compradores y la inmobiliaria. “En ese momento, Valdecorzas fue la mayor estafa inmobiliaria en la Comunidad de Madrid porque afectó a 600 familias”, asegura Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Vecinos de Valdecorzas, que acusa al Ayuntamiento de ser “responsable de la estafa”.

Pero los problemas no quedaron ahí. En 1994 se creó el Parque Regional del Sureste de Madrid, un espacio protegido de 31.550 hectáreas con 200 especies catalogadas cuya ley “impide cualquier tipo de actuación encaminada a la conservación o ampliación de núcleo de población en ese paraje”, dándose además la circunstancia de que a petición del propio Ayuntamiento de Arganda, el parque ocupó parte del área de Valdecorzas. Con ello vino lo que los vecinos consideran “la segunda estafa", porque "el Ayuntamiento ya sabía que la urbanización estaba ahí".

Tras crearse el Parque Regional del Sureste, continuaron las construcciones y las parcelaciones. La policía ambiental calcula unas 160 denuncias pero solo ha habido alguna sentencia contra particulares

A partir de ese momento, pese a seguir siendo suelo no urbanizable y ampliarse la protección de parte de la zona, se siguieron levantando construcciones en este área de unas 145 hectáreas de superficie, bien como casa de campo, para criar animales, o como residencia habitual. En conversación con este diario, Manuel explica cómo viven actualmente los aproximadamente 400 vecinos de Valdecorzas, muchos de los cuales son inmigrantes. “Viven como pueden, están acostumbrados”. La mayoría, comenta, “utiliza placas solares y aerogeneradores para obtener energía eléctrica. Dejaron de sacar agua del subsuelo mediante pozos tras los problemas que hubo hace años con la Confederación Hidrográfica del Tajo y al final cada vecino optó por instalar su propio depósito de agua”. Muchos se cansaron de pelear y cedieron sus derechos a nuevos inquilinos. El resto, sigue esperando que algún día llegue el servicio de correos o se instale una parada de autobús en la zona. “Como barrio de Arganda con una antigüedad de 35 años, lo que queremos es pagar los mismos impuestos que el resto y tener los mismos servicios que el resto”.

En los últimos años, el cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ha venido denunciando la vulneración de la normativa en la zona. La policía ambiental ha interpuesto más de 160 denuncias por parcelación ilegal, asfaltado de caminos o construcciones sin licencia municipal de obras y sin escrituras de propiedad. Según fuentes del cuerpo, en la actualidad entre 130 y 150 parcelas de la urbanización cuentan con algún tipo de construcción, desde una caseta para guardar trastos a casas móviles o chalets con piscina y garaje. Si bien su cuantificación es complicada porque las parcelas están dispersas. “La Comunidad siempre miró para otro lado, hasta que se pusieron pesados y el área de Medio Ambiente lo derivó a la Fiscalía y muchas denuncias acabaron en los tribunales”, explica un agente de APAF-Madrid a Vozpópuli.“La Administración no hace nada por hacer cumplir la legalidad. De cada 10 denuncias a lo mejor llegan 2 o 3”. En todo este tiempo ha habido alguna sentencia contra algún particular, “pero ni una sola contra la Asociación de Vecinos”, recalca su presidente, que se queja del “ataque sistemático de los guardas forestales”. “Evidentemente, se han hecho cosas sin licencia porque el Ayuntamiento no las iba a dar”, añade.

Escasos movimientos políticos

En el pleno municipal en el que se aprobó la declaración institucional para buscar una solución se consideró que el núcleo de población en el paraje de Valdecorzas era fruto de una estafa

En más de tres décadas, el Ayuntamiento de Arganda del Rey (PP) no ha hecho ningún gesto claro por desbloquear la situación de Valdecorzas, tal y como aseguran las fuentes consultadas. Hasta que en 2010, el consistorio aprobó en el Pleno Municipal una Declaración Institucional para realizar el estudio técnico-jurídico con el “compromiso de todos los grupos de llevar a cabo las actuaciones urbanísticas que fueran necesarias para solucionar el problema de manera definitiva”. Como requisito para dar el paso final hacia la regularización se exigió un estudio de valoración ambiental que certificara si la urbanización atacaba o no el equilibrio natural del paraje. El informe realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, el cual ha podido verificar este medio, concluye que “la legalización de la Urbanización Valdecorzas, que permitirá la integración social de sus habitantes con el núcleo urbano de Arganda del Rey, no plantea un problema irresoluble ni por superficie, ni por afección al medio ambiente natural del parque, ya que se trata de una urbanización consolidada y con un nivel aceptable de infraestructuras urbanísticas”.

Sin embargo, según denuncia la Asociación de Vecinos, aquel acuerdo quedó en nada. El asunto volvió al pleno del Ayuntamiento de Arganda en noviembre de 2014, cuando se aprobó la moción presentada por el grupo municipal popular para normalizar la situación de Valdecorzas con la abstención de la oposición por falta de información al resto de grupos. De ahí, el ‘caso Valdecorzas’ debía pasar al ámbito autonómico, a la Asamblea de Madrid, pero el tema aún no se ha tratado formalmente. El PSOE aboga por no hacer un traje a medida para Valdecorzas, pero sí aprobar una declaración ambiental global para abrir la puerta de la regularización a los núcleos que cumplan con unos requisitos de forma que los que cumplan se legalicen y los que no, desaparezcan. La diputada de la Asamblea de Madrid y portavoz socialista de Arganda, Victoria Moreno, expone a este diario que la solución que ven los socialistas pasa por “dar la oportunidad de legalizar o acabar con estas urbanizaciones”. “Valdecorzas no se puede legalizar tal y como está y mientras no se legalice, el Ayuntamiento no puede proporcionar servicios urbanos a esa población porque no sería justo”. Este diario ha querido conocer la valoración del Consistorio de Arganda, pero no ha obtenido respuesta.

El PSOE apuesta por “dar la oportunidad de legalizar o acabar con estas urbanizaciones”

Tal y como confirma Gabriel López, diputado regional de UPyD, “el Ayuntamiento podría incurrir en un delito si brinda servicios a unas viviendas instaladas ilegalmente”. La formación magenta ha puesto el acento en el elevado número de urbanizaciones ilegales en Madrid, muchas de ellas en “situación caótica” y en la “necesidad de tomar medidas claras”. López advierte que Valdecorzas es uno de los casos más complejos de la Comunidad, no solo por ubicarse en parte del Parque Regional del Sureste, sino por tratarse de una zona de interés comunitario integrada en la Red Natura 2000. Además, apela a la irresponsabilidad de quienes siguieron comprando parcelas a sabiendas de que era ilegal. “Es un poco el resiste y vencerás. Algunos vecinos siguen esperando que tarde o temprano esto se regularizará”. En ese momento el valor del suelo se disparará. Mientras, el problema no solo persiste, sino que aumenta.

La Comunidad, si quiere, puede

Según las fuentes consultadas, el problema de las parcelaciones urbanísticas sin reconocimiento legal podría resolverse si la Comunidad se pusiera a ello, bien en un sentido o en otro. En última instancia, tal y como explica la portavoz socialista, “está bien que busquen el consenso, pero que no engañen a los vecinos porque en realidad no tiene por qué haber ningún trámite; la Consejería de Medio Ambiente no necesita ni a los grupos políticos ni a la Asamblea de Madrid para normalizar esta situación, lo puede hacer de oficio al tener mayoría absoluta podría iniciar un expediente sin necesidad de un cambio de normativa”. Algo así como el proceso que llevó a cabo el Gobierno de Joaquín Leguina en 1985 con la aprobación de la Ley Especial para Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales de la Comunidad de Madrid, una oportunidad que Valdecorzas perdió por una cuestión de plazos.


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