La empresa pública dependiente del Ministerio de García Tejerina recurre la sentencia que le obliga a readmitir a una de las dos ingenieras represaliadas por destapar los 'pufos' que investiga al juez Velasco. En el mismo, se alinea con los argumentos de los presuntos cabecillas de la trama y pide que la investigación de la Audiencia Nacional quede al margen de la causa laboral.

Apunta que el principal acusado, Arcadio Mateo, era "persona de la mayor confianza" del exministro Arias Cañete.  

El 18 de febrero de 2015, justo once meses antes de ordenar la detención de 13 personas, el juez Eloy Velasco rechazaba investigar la trama de corrupción alrededor de la empresa pública Acuamed. Un recurso de Anticorrupción y tres magistradas de la AN le obligaron a reabrir una causa que finalmente ha destapado el amaño de cerca de una veintena de contratos multimillonarios pagados con dinero público.

Meses después de las detenciones por el amaño de contratos en la empresa pública, la Guardia Civil aún estaba volcando el contenido de los numerosos dispositivos informáticos intervenidos en la 'Operación Frontino'. Un informe de la UCO ya alertaba en febrero que sólo de estos últimos se iban a recuperar más de 50 terabytes de información, a los que hay que sumar miles de folios intervenidos y que se han ido digitalizando para facilitar a los agentes trabajar con ellos durante la investigación.  

Más allá de esa equivocación, lo que Cañete impulsó durante su época como titular de Agricultura fueron normas de contratación "tremendamente exigentes", según la actual ministra.

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Con la liberación de Arcadio Mateo, ya no queda en prisión preventiva ninguno de los cinco investigados por la mafia del agua.

En un 'sms' intervenido por la UCO, Arcadio Mateo decía lo siguiente: "Yo se lo he dicho a Cospedal. No entendemos qué pasa y lo que pasa es que tenemos la administración llena de incompetentes". 

Las denuncias presentadas por tres responsables de Acuamed y dos contratistas son el origen de las investigaciones que han desvelado una trama de corrupción en la sociedad estatal.

Juan García Cuenca, director de la Asesoría Jurídica de la empresa pública, encabeza el equipo de abogados que se opone a la readmisión de las dos trabajadores despedidas por negarse a avalar las irregularidades que ahora investiga el juez Velasco. Según fuentes de la compañía, es el que ha propiciado que se recurra la sentencia de un juzgado de lo Social que ordenaba reintegrar en el puesto a una de ellas.

Según Federico Ramos, el exministro de Agricultura nombró al presunto cabecilla de la trama Acuamed, Arcadio Mateo; mantuvo con él comunicación directa constante y relevó a quien pretendía frenarle.

Gabriela Mañueco, señalada por el juez Eloy Velasco como la mano derecha del cabecilla, Arcadio Mateo, en el amaño de contratos de la empresa pública, se ha reincorporado este martes a la compañía tras abandonar el viernes la prisión bajo fianza. El pasado 20 de abril también ocuparon sus puestos de trabajo otros dos de los presuntos implicados. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura batalla en los tribunales para no recolocar a dos de las denunciantes del escándalo que fueron despedidas.

El exdirector de Acuamed ingresó en prisión incondicional el pasado 20 de enero por presuntos delitos de fraude, falsedad y prevaricación en la adjudicación de obras públicas.

El acta del consejo de administración del 2 de abril de 2014 recoge, a petición de Arcadio Mateo, el despido del directivo que destapó el escándalo "por falta de confianza". Todos los consejeros, "por unanimidad", respaldaron la propuesta del director general y jefe de la trama corrupta, sin siquiera analizar las graves acusaciones vertidas contra los altos directivos y la documentación de la denuncia, lo que se pospuso para el "siguiente consejo".

Liana Ardiles, directora general del Agua, recibió el correo electrónico en el que el ya dimitido número 3 de Soraya Sáenz de Santamaría preguntaba al presunto cabecilla de la trama por detalles sobre los pagos a la constructora de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), uno de los contratos investigados por el juez Velasco.

Arcadio Mateo, exdirector general de Acuamed, guardaba en su casa lo que según la Guardia Civil podría ser el indicio de las presuntas mordidas que cobraba la empresa por la adjudicación de contratos públicos. 

El secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de esta entidad estatal, Pablo Saavedra, ha explicado a la prensa que las dos destituciones obedecen a la gravedad de las acusaciones y a la alarma pública suscitada.