• Luz y taquígrafos para sacar a la profesión del oscurantismo
• Las empresas españolas no integran en su gestión la toma de decisión política
• Manual del buen lobista, el libro de cabecera indispensable para quien quiera conocer la actividad a fondo

El lobby es una práctica habitual y legítima en el proceso de participación democrática y toma de decisiones de los poderes públicos. Su labor aporta información técnica valiosa a los distintos agentes sociales y económicos responsables del desarrollo de las políticas públicas. Puede sonar exagerado, pero lo cierto es que, según los autores del Manual, el lobby facilita la participación en democracia y, por tanto, contribuye a fortalecer la calidad de esta.

Los hermanos Fernández-Rúa, socios directores de la consultora Cariotipo, han escrito, el Manual del buen lobista (Editorial Aranzadi), que aporta una visión rigurosa de una actividad profesional tan poco conocida como necesaria. La obra, presentada hoy en el Congreso de los Diputados, pretende neutralizar la imagen negativa con la que convive el sector y trasladar su experiencia para sacar ese trabajo de una zona de sombras que sólo crea sospechas injustas.

Hay mucho trabajo para conseguir que el legislador, antes de tomar sus decisiones, tenga sobre su mesa todas las opciones, análisis y efectos de lo que tiene que legislar. Y las haya recibido sin cuestionar ni su propia integridad ni finalidades ocultas por parte de quienes las facilitan. Luz y taquígrafos en lugar de oscurantismo y sombras, que sólo provocan sospechas, es la fórmula que proponen los directivos de Cariotipo para sacar el término ‘lobista’ de esas connotaciones negativas que se le suponen.

Es absurdo pretender que un representante político tenga conocimiento pleno de los diversos temas sobre los que debe trabajar. Incluso, en el hipotético caso de que solo tenga que liderar uno, este tendrá una complejidad tal que hace imposible que una persona aglutine un nivel de conocimiento suficiente como para tomar decisiones continuamente. Y sus equipos de asesoramiento necesitan permanente actualización de los sectores.

El ecosistema empresarial español todavía no reconoce el valor de la actividad de lobby. Sólo hay que echar un vistazo a los Comités de Dirección de las principales empresas para observar que no cuentan con expertos en esta materia. Y es un defecto, porque en las empresas de sectores fuertemente regulados, estar bien informado del devenir de la política es una obligación. Este conocimiento es imprescindible para la toma de decisiones corporativas. Acción en lugar de reacción es la mejor fórmula para las empresas, según los autores del libro.

Manual del buen lobista ofrece, además, un estudio pormenorizado de cómo hay que actuar desde un lobby, qué herramientas utilizar y como servir de enlace entre la sociedad civil y los políticos que tienen la obligación de adoptar decisiones que afectan a todos, además de algunas reflexiones sobre el control de las conocidas como puertas giratorias.

Las cifras del lobby

Actualmente, son varios sistemas democráticos quienes llevan a cabo un control de la actividad en sus territorios. El Registro de Transparencia de la Unión Europea ha crecido considerablemente desde su creación y, en la actualidad, cuenta con más de 12.500 entidades inscritas (2020). Además, se calcula que más de 50.000 profesionales se dedican a la actividad en las Instituciones europeas.

En relación con EE.UU., el número de lobistas registrados que actuaron de forma activa ante el Capitolio se sitúa alrededor de 12.500 (2021). De otra parte, el presupuesto de las distintas entidades que ejercen la actividad se aproxima a los 3.800 millones de dólares anuales. Los sectores más activos son el farmacéutico y de productos sanitarios, el de fabricación de electrónica (hardware y software), y el de seguros.

En España, la ausencia de una regulación nacional, por una parte, y la heterogeneidad de las regulaciones autonómicas y locales por otra, hace muy difícil poder ofrecer datos consolidados sobre la actividad en nuestro país. El único registro estatal es el de la CNMC, de carácter voluntario, que cuenta con 592 entidades inscritas; y el registro autonómico con mayor número de inscritos, y mayor tiempo en activo, es el de Cataluña, con más de 4.500 entidades.