Un responsable de los ERE se libra de devolver 800.000 euros al prescribir las ayudas

Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo de Andalucía, no tendrá que devolver los casi 800.000 euros que cobró por dos ayudas de los ERE. El Tribunal de Cuentas le ha señalado como responsable contable directo, pero le ha eximido de devolver dinero al considerar que "ya había transcurrido" el plazo de prescripción de cinco años cuando la Cámara de Cuentas y el órgano fiscalizador iniciaron las pesquisas. Aunque se ha librado de abonar esas dos subvenciones, ha sido condenado a reintegrar 266.000 de otras tres.

Las dos ayudas investigadas se concedieron en 2003 y 2004: una a la Mancomunidad para el Desarrollo y Fomento del Aljarafe, destinada a la contratación de empleados, y otra al Ayuntamiento de Guadalcanal, para llevar a cabo un encuentro oficial entre Andalucía y Extremadura. En total fueron 797.981 euros, que no serán reintegrados al Gobierno regional por una cuestión de plazos. 

Según la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las responsabilidades contables "prescriben por el transcurso de cinco años contados desde la fecha en que se hubieren cometido los hechos que las originen".

Las ayudas que sí tendrá que reintegrar son las concedidas a Muebles Don Formón, Dehesa Navera y Promociones Vinícolas de Sevilla. El tribunal ha considerado a Guerrero y a dichas sociedades "responsables contables directos" de un "menoscabo en los fondos públicos" por importes que van desde los 80.000 euros hasta los 96.400.

"Graves irregularidades"

En las sentencias, a las que ha tenido acceso Vozpópuli y han sido adelantadas por el Diario de Sevilla, el tribunal ha considerado probado que Guerrero autorizó los pagos de las ayudas y en un informe de fiscalización ha puesto de manifiesto las "graves irregularidades en su concesión".

Entre las anomalías destacadas, los magistrados han subrayado el hecho de que no quedara acreditado en los expediente de concesión de las ayudas a empresas "las razones de interés social o económico" exigidos por la ley. En este sentido, denuncian también el "uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas concedidas".

Pese a las irregularidades mencionadas, el órgano fiscalizador ha subrayado que en este caso "no hay pronunciamiento firme de los tribunales penales" que declare que los hechos en los que se basa la demanda de la Junta de Andalucía "sean constitutivos de delito, por lo que no concurre el presupuesto habilitante para la aplicación del régimen de prescripción". Y ha insistido en que no se ha aportado "ninguna prueba, directa o indirecta" de que las ayudas "estén siendo enjuiciadas o vayan a ser enjuiciadas en la causa penal". Tampoco hay constancia de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil esté elaborando un informe al respecto o que conste una declaración pericial o testifical sobre el caso.

Varapalo a la Junta de Andalucía

Tras la falta de indicios y el vencimiento de plazos, el órgano fiscalizador ha rechazado dos de las demandas interpuestas por la Junta de Andalucía, a las que se adhirió la Fiscalía posteriormente. De hecho, los jueces consideran "innecesario" sentar a Guerrero en el banquillo por las demás acusaciones cuando la prescripción de las responsabilidades contables hace evidente la "desestimación" de las demandas. 

La decisión tiene lugar después de que el pasado 20 de marzo el organismo fiscalizador ordenara a la Sociedad Estudios y Explotación Material Auxiliar de Transporte, S.A., al mismo Francisco Javier Guerrero Benítez (director general de Empleo de la Junta) y a Juan Márquez Contreras (ex director general de Trabajo de Andalucía) a reintegrar las "cantidades por las que se les ha declarado responsables contables". Se refería al pago de dos millones de euros por otras ayudas.

El Tribunal de Cuentas va, poco a poco, 'rascando' en la trama de los ERE con la intención de recuperar las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía. De momento, van más de 30 sentencias condenatorias emitidas. Pero aún no se han podido recuperar los 740 millones de euros que según Anticorrupción se desfalcaron con los ERE.