Política

Ley de Seguridad Nacional o 155: los recursos de Sánchez ante la nueva deriva del Govern

La Ley de Seguridad Nacional no retira la autonomía sino que amplía las facultades del Estado para hacer frente a alguna amenaza. El Gobierno de Rajoy la barajó para detener el referéndum. No requiere ni requerimiento previo ni el trámite parlamentario necesario para activar el 155

Pedro Sánchez con Quim Torra en La Moncloa.
Pedro Sánchez con Quim Torra en La Moncloa. GTRES

El Gobierno de Pedro Sánchez endurece su discurso ante la deriva de la Generalitat y del independentismo catalán. Este lunes por la tarde envió tres cartas al Ejecutivo de Quim Torra por la "dejación de funciones" en materia de seguridad y orden público por parte de los Mossos d'Esquadra durante el corte de las autopistas este fin de semana llevados a cabo por los CDR

Apenas unas horas antes, Torra llegó a pedir al consejero del Interior, Miquel Buch, que rodaran cabezas en la cúpula de la policía autonómica por las cargas practicadas en Gerona y Tarrassa el jueves pasado, cuando un grupo de miembros de los denominados Comités de Defensa de la República trataba de boicotear manifestaciones de Vox

A la vista de los acontecimientos, el PP registró este mismo lunes una moción en el Senado en la que insta al Gobierno a tomar el control del cuerpo autonómico al amparo de la Ley de Seguridad Nacional. De momento, el Gobierno no va tan lejos. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, esgrime en una de las misivas el artículo 38.2 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esto abre la puerta a la intervención de los cuerpos estatales cuando "bien a requerimiento de las autoridades de una Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes para vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas". 

Todo un aviso a Torra a poco más de diez días del Consejo de Ministros del 21 que se celebrará en Barcelona y en el que se teme por la seguridad ante la presión de los CDR. Las misivas del Gobierno no suponen, sin embargo, el paso previo a la activación del artículo 155 de la Constitución que permite intervenir la autonomía. Se trata más bien de una advertencia y de una petición de explicaciones en medio de la polémica creada por la referencia del jefe del Ejecutivo catalán a la denominada 'vía eslovena' para la independencia -que produjo una guerra de 10 días con 76 muertos-. 

La portavoz del Comité Electoral socialista, Esther Peña, aseguró durante la mañana de este lunes que al Ejecutivo "no le va a temblar la mano" cuando se den las condiciones para volver a aplicar el precepto constitucional que ya activó el Gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Aunque el Ejecutivo popular esperó a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en el Parlament, la Abogacía del Estado ya estudia cómo intervenir ante la situación creada de inseguridad.

Antes de aplicar el 155 (como ahora reclaman PP y Cs), Rajoy tuvo sobre la mesa la Ley de Seguridad Nacional como alternativa para detener el referéndum ilegal del 1 de octubre. La norma, aprobada en 2015 con el consenso de populares y socialistas (ya con Pedro Sánchez como secretario general), otorga al presidente del Gobierno la capacidad de dictaminar -vía Real Decreto- una "situación de interés para la seguridad nacional" y de implementar una estructura que garantice "la defensa de España y sus principios y valores constitucionales". Para ello, puede nombrar a "una autoridad funcional".

Ni siquiera requiere que se haga un requerimiento al presidente del Govern como sí necesita la activación del 155

A diferencia de 2017, la aplicación del 155 ahora ya no es una incógnita y el trámite para su activación es más largo que el de la Ley de Seguridad Nacional. Esta última es la vía más rápida y directa de actuar, pues ni siquiera requiere que se haga un requerimiento al presidente del Govern como sí necesita la activación del 155. Tampoco debe pasar el trámite parlamentario del Senado. El Ejecutivo debe, eso sí,dar cuenta al Congreso de las medidas adoptadas. 

La norma fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2016 después de un recurso de la Generalitat. En realidad, la medida no suspende la autonomía ni las competencias, sino que decreta una "coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno". Permite asimismo fijar la duración de la aplicación y, en su caso, su "posible prórroga". Con esto, Sánchez podría tomar el control directo y dar órdenes a cualquier órgano de la Administración, como los Mossos. 

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