Publicado: 29/09/2019 05:15
Tres de los investigados por las presuntas mordidas abonadas por OHL a políticos han acusado a la Fiscalía anticorrupción de intentar de manipular a los peritos encargados de las pruebas de voz necesarias para determinar la identidad de las personas que hablan en las grabaciones encontradas en el domicilio del imputado Paulino Hernández Ros. En estos audios se habla de los presuntos pagos realizados a políticos de Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid del PSOE, PP y Coalición Canaria (CC), que también están imputados.
"Inspira ambos recursos la idea, tan llamativa por explícita, de que el Ministerio Fiscal, por medio del instructor, puede inducir a los peritos a alcanzar determinadas conclusiones, proporcionándoles veladamente el molde apropiado para ello encubierto en la forma particular en que ha solicitado la práctica de la diligencia", lamentan los fiscales Ana Cuenca y Juan Pavía, que instruyen esta pieza separada del caso Lezo, y que muestran su sorpresa ante estas acusaciones.
"Si ya causa perplejidad que los recurrentes puedan atribuir sin rubor al Ministerio Fiscal una actitud estratégica tan distante de lo que le ordena el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [en el que se dice que las autoridades tienen que cuidar de los reos], más sorprendente resulta que, además, se le presuponga aptitud para manipular al instructor y a los propios funcionarios de la Policía Científica con el fin de prefigurar el resultado de la pericia", completan los fiscales.
Lectura fragmentada
Por eso, según los fiscales, considerar que la práctica de la prueba ha sido solicitada por la Fiscalía para concluya con la identificación de los investigados "es algo que, no solo no se sostiene desde la propia naturaleza de las cosas, sino que se basa en una lectura calculadamente fragmentaria y descontextualizada del auto recurrido y del informe del Ministerio Fiscal", concluyen.
En el mismo sentido, los representantes del ministerio público no entienden que los imputados renieguen de una prueba que redundar en su beneficio: "Como no sea que esa huida obedezca a una ceguera deliberada ante la representación como probable de un resultado adverso", apuntan.
En el caso Lezo el instructor investiga si empleados de OHL pagaron mordidas a políticos a cambio de que adjudicaran obra pública a la empresa de Juan Miguel Villar Mir. Y según explica la Fiscalía, Hernández Ros grabó sus conversaciones con otros empleados de OHL y "las incorporó en archivos de audio a un DVD que fue incautado en la diligencia de entrada y registro practicada el 27 de febrero de 2018 en su domicilio".
Tres imputados
El propio Hernández Ros reconoció en su declaración ante el juez el 8 de marzo ser el autor de las grabaciones y haber denominado cada archivo con el nombre de uno de los intervinientes, que identificó con los nombres de los tres imputados: Francisco Navarrete Molina, José Manuel Sanjurjo Álvarez y Joaquín Jiménez López.
Estos imputados, según la Fiscalía, no se reconocieron en tales grabaciones, y en todo momento han tratado de impedir que se les hiciera una prueba de voz, que se llevó a cabo en la Audiencia Nacional el pasado jueves: "Dicha diligencia se solicitó con el fin de acreditar o descartar la participación de los tres recurrentes en unas conversaciones que fueron grabadas subrepticiamente por el investigado Paulino Hernández Ros", destacan los fiscales Ana Cuenca y Juan Pavía.
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