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Política

Iglesias se apropia de la Ley de infancia presentada por Sánchez en la legislatura anterior

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Publicado: 09/06/2020 04:45

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Pablo Iglesias ha arrancado esta semana de la misma forma en la que se despidió de la pasada: celebrando que el Consejo de Ministros aprobará este martes la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. 

Pero la norma no es nueva ni es su idea. El Gobierno de coalición, que arrancó a mediados de enero de este año, no la ha desarrollado mientras hacía frente a la crisis sanitaria, económica y social que asola a España.

El grueso del contenido coincide con el anteproyecto presentado por Pedro Sánchez el 28 de diciembre de 2018 después de que el entonces Consejo de Ministros diese su visto bueno. Aunque hay matices.

El vicepresidente segundo intervino este lunes en 'Los Desayunos de TVE' para ponerse esta medalla de esta ley mientras atribuye el clima político de "crispación y mentira" a "una derecha consciente de su debilidad".

"La crispación y la mentira son recursos de una derecha consciente de su debilidad y que no quiere que se hable de las cosas realmente importantes, como la ley integral que aprobamos mañana para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a todas las formas de violencia", ha explicado a los televidentes.

Ola de polémicas en el Congreso

El líder de Unidas Podemos y varios dirigentes de la oposición llevan días protagonizando graves y sonados encontronazos en el Congreso de los Diputados. No solo al calor de las sesiones de control, sino también en la Comisión que pretende "reconstruir" una España sacudida por la pandemia.

"Yo creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven", acusó Iglesias a Vox. Después llegó la ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid.

Ahora, el Gobierno de coalición recupera el texto de 2018 pero cambia de altavoz. De paso, se sacude la polvareda que le ha rodeado en los últimos días por las trifulcas del vicepresidente y por la crisis en torno a la Guardia Civil y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Se trata de pasar página y acelerar la agenda legislativa con la renta mínima vital y la ley de protección de la infancia como bandera.

El origen de la popularidad de la ley: James Rhodes

La popularidad de la ley de protección a la infancia impulsada por el Gobierno de Sánchez a finales de 2018 tiene su origen en una carta de mediático pianista James Rhodes en el diario El País. El músico británico afincado en Madrid propuso una serie de modificaciones legales para proteger a los menores de pederastas como los que él sufrió de pequeño.

Entre otros cambios, Rhodes urgía a reformar el sistema para que en los casos de violación infantil, los niños pudiesen declarar en privado, con la presunción de que dicen la verdad. 

Pronto fue recibido en Moncloa. El anteproyecto llegó en diciembre. María Luisa Carcedo, que en un principio había sido fichada por el dirigente socialista como Alta Comisionada del Gobierno contra la pobreza infantil, apenas llevaba tres meses al frente del Ministerio de Sanidad tras la dimisión de Carmen Montón por el escándalo de su máster.

La norma, aparcada por las elecciones de 2019

El texto aprobado hace dos años en el Consejo de Ministros pretendía modificar 11 leyes y preveía aumentar el plazo de prescripción de los abusos sexuales contra menores, para que este empezara a contar a partir de que la víctima cumpliera 30 años.

Sin embargo, Sánchez convocó elecciones generales para el 28 de abril de 2019. Las Cortes se disolvieron y el Ejecutivo dejó la ley pendiente. Luego vinieron las elecciones del 10-N.

La entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, aseguró que la ley que podría situar a España en la vanguardia en la salvaguarda de los niños frente a la violencia y los actos de abuso y acoso estaba "lista" a la espera de que hubiese un nuevo Gobierno que la enviase a las Cortes para iniciar su tramitación.

Meses después, una vez formado el Gobierno de coalición, las ONG de infancia reclamaron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ya había sido consultada y trabajada con las organizaciones, y que ya ha pasado por consulta pública. 

Iglesias coge el testigo y se apunta otro tanto

Carcedo ya no estaba en el Ejecutivo. Fue sustituida por Salvador Illa y el nuevo vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 tomó el testigo de la pasada legislatura.

Se reunió con Rhodes a principios de febrero y anunció que la primera medida legislativa que se iba a impulsar desde su departamento sería la de protección de la infancia frente a la violencia.

La rebautizó, eso sí, como Ley Rhodes en honor a la labor del británico en la lucha por los derechos de los niños. Fue aplaudida por el resto de ministros de la formación morada.

El escándalo de las menores prostituidas en Baleares

La misma semana del encuentro, el Gobierno balear de PSOE, Podemos y Més se posicionaron en contra de investigar en el Parlamento balear el escándalo de la red de prostitución infantil de menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Rhodes mostró su rechazo públicamente.

La sangre no llegó al río. Al poco tiempo, el coronavirus avanzaba y todo quedó paralizado por la pandemia. También el asunto de Baleares. Este martes Iglesias se punta otro tanto al presentar la nueva ley.

"Me llena de orgullo. Va a suponer un paso histórico para frenar la reproducción de una realidad execrable como es el maltrato y la violencia contra niños, niñas y adolescentes", adelantó el líder de Podemos en la última Comisión de Derechos Sociales del Congreso, donde acudió para informar sobre la gestión de la crisis del coronavirus. 

La propuesta presentada en su día por Sánchez -y que hoy hace suya Iglesias- tiene como objetivo general "convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección". Modifica una decena de leyes y establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente.

Parte de la base de que "aproximadamente la mitad de las agresiones sexuales que se producen en España tienen a niños y niñas como víctimas". 

La figura del "coordinador de bienestar" en los colegios

Se castiga todo tipo de violencia, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. El plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores no empezará a contar hasta que la víctima cumpla 30 años. Actualmente comienza a contar a partir de los 18 años.

Además, endurece las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena. También se endurece su acceso a la libertad condicional.

El texto incluye un nuevo catálogo de delitos contra menores y adolescentes cometidos a través de internet y tecnologías de la información, que incluye la incitación al suicidio, a la autolesión, a la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o la promoción o facilitación de trastornos alimenticios.

El "coordinador de bienestar" en los centros escolares anunciado por Iglesias la semana pasada también estaba contemplado en el anteproyecto socialista de 2018.

"Se dotará a los centros educativos de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia. Todos los centros deberán tener un coordinador de bienestar y protección que se encargará, entre otros aspectos, de vigilar la correcta aplicación de los protocolos que contemplarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de notificación y la coordinación de los profesionales responsables de cada actuación", reza el texto de hace dos años.

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