El Gobierno sabía desde hace un año que la ONU preparaba un informe sobre los presos

Los más veteranos del Ministerio de Asuntos Exteriores no recuerdan un conflicto bilateral entre España y Naciones Unidas del calibre del visto esta semana, a raíz del informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU en el que se critica la prisión "arbitraria" de tres de los políticos catalanes juzgados en el Supremo y se pide su puesta en libertad.

El Gobierno español respondió ayer con dos notas verbales del embajador ante los organismos internacionales de la ONU en Ginebra (Suiza), Cristóbal González Aller, al organismo internacional en el que pide que se inhabilite a dos de los cinco miembros del citado panel -el mexicano José Antonio Guevara y el surcoreano Seong-Phil Hong- por un "conflicto de intereses" entre esos expertos y el abogado británico Ben Emmerson, uno de los abogados extranjeros que apoyan la causa de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y que formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los que trabajó con ambos en al menos dos causas.

Esta aparente conexión más que amistosa entre Emmerson, Guevara y Seong-Phil era conocida ampliamente en Ginebra y de ella se hicieron eco varios medios de comunicación cuando el primero presentó un escrito en febrero del año pasado al grupo de trabajo para que investigase y analizase el caso de los presos catalanes del 'procés'. Con lo cual, la embajada española pudo en ese momento solicitar a la ONU que los representantes mexicano y surcoreano fuesen apartados o se abstuvieran en el dictamen final, pero no lo hizo.

¿Se incumplió el plazo?

La segunda nota verbal es por haberse incumplido, según el Ejecutivo, el plazo de 48 horas sin que se haga público el informe al que tiene derecho el Estado afectado. El texto de 19 páginas en español que Guevara envió al embajador González-Aller se distribuyó el pasado 29 de mayo -corriendo como la pólvora por las webs independentistas-, pero tiene fecha del lunes 27, por lo que aparentemente se cumplió ese plazo de dos días.

Tanto la ministra portavoz, Isabel Celaá, como el titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, indicaron que España se había encontrado por sorpresa con este dictamen y el jefe de la diplomacia vino a decir que los miembros de ese grupo de trabajo se habían vendido a las tesis secesionistas. "Es especialmente importante que estos grupos se doten de medios y de financiación transparente, con una clara rendición de cuentas que garantice que no son objeto de manipulación", dijo Borrell en rueda de prensa.

El ministro puso también en entredicho el funcionamiento del grupo de trabajo de la ONU, cuya difusión atribuyó a una "cortina de humo" para tratar de tapar la repercusión de la decisión en la víspera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de respaldar al Tribunal Constitucional en la suspensión del pleno inicial del Parlamento catalán de 2017 que iba a declarar la independencia de Cataluña. 

El Gobierno conocía desde el 8 de agosto de 2018 que este panel adscrito a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estaba indagando en las causas de la prisión preventiva en la que estaban Junqueras, Sànchez y Cuixart"

Sin embargo, el Gobierno conocía desde el 8 de agosto de 2018 que este panel adscrito a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estaba indagando en las causas de la prisión preventiva en la que estaban Junqueras, Sànchez y Cuixart.

En el propio informe se detalla la petición que cursó el grupo de trabajo que dirigía el mexicano Guevara, en el que daba dos meses a España para pronunciarse, y el hecho de que el Gobierno español solicitó una prórroga en la respuesta, que le fue concedida hasta el 8 de noviembre.

Primera queja

España contestó en el último día del plazo y en ese momento ya emitió su primera queja por la forma de trabajar del panel de la ONU. El grupo de trabajo recoge las críticas españolas y en el punto 113 aborda la cuestión clave de si hubo violencia en los casos de los que se acusa a Junqueras, Sànchez y Cuixart.

"En su respuesta, el Gobierno ofreció información sobre el proceso independentista, pero no se presentó información sobre acciones concretas de los acusados que puedan haber involucrado violencia y, por lo tanto, constituir conforme al derecho aplicable, incluido el derecho internacional", se indica en el último informe.