Granados y González, señalados como el origen de la trama del espionaje político de Madrid

"He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana", afirmó Esperanza Aguirre en 2017 para desmarcarse de Francisco Granados y Alberto López Viejo. Uno de ellos vuelve a ser señalado; esta vez, en el juicio por el supuesto espionaje a políticos del PP adversarios a la expresidenta madrileña en la época en la que Ignacio González era el vicepresidente. José Oreja Sánchez, uno de los guardias civiles acusados en el 'caso espías', aseguró el miércoles ante el juez que -"por especial interés" del propio González- recibieron "órdenes ilegales" de realizar seguimientos a Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.

Dichos seguimientos habrían tenido lugar entre marzo y mayo de 2008. Las órdenes habrían sido dadas en febrero de ese mismo año a un representante de una agencia de detectives y a varios asesores de seguridad en la Comunidad de Madrid. En concreto, a Manuel Sergio Gamón Serrano, director de seguridad; a Miguel Castaño Grande, subdirector general de seguridad; y al propio Oreja. 

Según la declaración de este último ante el juez, los tres agentes se negaron a cumplir la orden. Consideraban que era ilegal, dijo. ¿Qué hicieron? Oreja afirmó que denunciaron los hechos ante el entonces consejero Francisco Granados, quien se encuentra imputado en Púnica y declara este viernes como testigo.

Granados "lo sabía"

Antonio Coronado Martínez, guardia civil también acusado en el caso, respaldó la versión de Oreja. "A Granados le denunciamos los hechos y nos dijo: 'Qué vais hacer seguimientos a nadie ni nada, no le hagáis caso al loco ese, aguantaros ahí un tiempo hasta que dé solución a esto, que a este me lo voy a quitar como una mosca, en referencia a Gamón (Serrano)".

Oreja explicó que tras haber denunciado lo sucedido, los agentes fueron obligados a acudir a sitios públicos en los que estarían los políticos a espiar; el objetivo: que figuraran sus ubicaciones. También se les pidió que realizaran notas de trabajo, en las que -según el acusado- la cúpula de Granados "escribía lo que quería". Finalmente, añadió, recibieron un "auténtico acoso laboral, hostigamientos y presiones".

El abogado defensor de tres guardias civiles y un funcionario también señaló a Granados. Lo hizo el pasado lunes, a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, minutos antes de que arrancara el juicio. "Sabía perfectamente lo que estaba pasando y nunca hizo nada", aseguró a la prensa.

Las acusaciones sostienen que se utilizaron teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid para hacer seguimientos sin autorización oficial. Aseguran que los seis procesados en el 'caso espías' habrían recibido nóminas y dietas como pagos por sus servicios durante dicha actividad. 

"No ordené seguimientos"

Gamón Serrano, por su parte, desmintió las versiones de los dos agentes que dijeron que él había dado las órdenes de realizar los seguimientos: "Ni ordené ni se me ocurrió ordenar ningún seguimiento a nadie". De hecho, el que fuera director de seguridad dijo que "nunca" habló con González ni "en su despacho ni por teléfono".

El subdirector del departamento, Castaño Grande, también rechazó las declaraciones que lo señalaban como uno de los que dio la orden. Y aseguró que nunca despachó ni con Granados, ni con González y "menos con Esperanza Aguirre".

El tercer guardia civil acusado, José Luis Caro Vinagre -condenado a año y medio de prisión en Púnica-, negó haber recibido instrucciones de espiar a nadie. Negó, a su vez, una actuación que realizaron cerca del Ayuntamiento de Madrid fuera para espiar al entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

El juicio, que inició el pasado lunes sin acusación pública, pretende determinar si se usaron o no medios públicos que, presuntamente, habrían generado gastos indebidos en el Gobierno regional. Este viernes le toca declarar a Granados.