Corrupción

La fiscal pide que Hacienda multe a la mujer de Jordi Pujol Soley por ocultar 2,4 millones

Los fiscales también reclaman al Banco Santander que aporte la documentación que tengan sobre esta transferencia de dinero que benefició a la mujer del expresidente catalán y al primogénito del matrimonio, Jordi Pujol Ferrusola

Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola.
Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola.

La teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez y su compañero Fernando Bermejo han reclamado al juez que investiga el caso Pujol en la Audiencia Nacional, José de la Mata, que encargue a los peritos de Hacienda que "determinen las consecuencias tributarias en el IRPF" que tendrán que asumir el primogénito del clan del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, y la madre de este, Marta Ferrusola Lladós, por esconder 2,4 millones de euros en Andorra y posteriormente en México, según consta en un escrito de 11 de marzo al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Los fiscales realizan esta petición tras constatar que Jordi Pujol Ferrusola dispuso de la cantidad de 2.435.000 euros, depositada en la Banca Privada de Andorra (BPA) a favor de la sociedad editorial mejicana Anzuelos Soluciones S.A. de C.V, y que en realidad era propiedad del hijo de Jordi Pujol Soley.

Los fondos transferidos fueron inicialmente enviados a Andorra, en concreto a la fundación panameña Kopeland, en la que el primogénito de los Pujol trató de ocultar su dinero cuando se enteró de que estaba siendo investigado. A esta fundación se incorporó Marta Ferrusola Lladós, la madre de Pujol Ferrusola.

La transferencia final, que tuvo como destino México, se llevó a cabo el 4 de agosto de 2014, pocos días después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 acordara, mediante auto de 29 de julio de 2014, la petición de una comisión rogatoria a Andorra solicitada por la Fiscalía anticorrupción.

"Ayudar a su madre"

Según el juez De la Mata, el hijo de los Pujol situó a su madre en la fundación "para ayudarla a ocultar también sus bienes". Posteriormente, completa el juez, Pujol Ferrusola transfirió todo el dinero a México, evitando, sólo con esta operación, que la justicia española le embargara cautelarmente los 2,4 millones de euros, al tiempo que mantenía los fondos lejos del conocimiento de la Hacienda Pública española.

Los fiscales también reclaman al Banco Santander que aporte la documentación que posea la entidad sobre la transferencia de dinero, ya que actuó como banco corresponsal de la operación realizada por la Banca Privada de Andorra.

Jordi Pujol y Marta Ferrusola salen de su domicilio durante los registros de esta mañana.
Jordi Pujol y Marta Ferrusola salen de su domicilio durante los registros de esta mañana. EFE

En sus declaraciones como imputados, tanto Pujol Ferrusola como su exmujer Mercé Gironés se negaron a contestar tras ser preguntados sobre si eran propietarios de cuentas en Andorra. El primogénito negó que tuviera dinero en el extranjero, mientras que Gironés reconoció poseer una cuenta en Miami (EEUU) y haber tenido otra en Luxemburgo.

La actividad declarada de la sociedad mexicana Anzuelos Soluciones S.A. de C.V. es la de "comercializadora en general". Su principal accionista es la mercantil Fincen S.A, empresa de nacionalidad mexicana con un objeto social declarado amplio: editorial, agropecuario, cultural, forestal y comercialización.

Corrupción en 1991

En un informe reciente, la Policía informó al juez que los Pujol ingresaron más de 50.000 euros (8,3 millones de pesetas) en la compra en 1991 por parte del Gobierno de la Generalitat, presidido entonces por el cabeza del clan familiar, Jordi Pujol Soley, de un edificio destinado a ser la Conselleria de Medio Ambiente, según consta en un documento del Grupo 24 de la UDEF-BLA, cuyo contenido adelantó Vozpópuli.

El juez De la Mata considera que los diversos delitos cometidos por las redes de corrupción lideradas por Jordi Pujol Ferrusola y otros miembros de su familia obedecen a un "patrón de comportamiento sistemático y a una metodología sustancialmente uniforme", según indica en un auto, en el que se concluye que la organización criminal recurría de forma sistemática "al tráfico de influencias y otras actividades corruptas".

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