Luis Paniagua, portavoz del PP en la Diputación de Sevilla y vicesecretario de Organización, ha anunciado este jueves su dimisión a través de un comunicado tras acusarle la Fiscalía de acoso laboral a una compañera del partido.

Supuestamente, Paniagua acosó a Cristina Alonso cuando los dos eran concejales en Dos Hermanas. Ahora el ministerio público le acusa de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones psíquicas y pide para él dos años de cárcel y 17.300 euros de indemnización.

En un comunicado, el PP de Sevilla ha informado de que Paniagua argumenta su renuncia porque "no quiere perjudicar al PP en este proceso y para poder demostrar su inocencia por las acusaciones contra su persona".

"Luis Paniagua mantiene su inocencia y reitera que era víctima de un chantaje que bajo ningún concepto le ha hecho nunca daño a nadie y así lo va a demostrar en el proceso judicial que se va a iniciar", ha informado el partido.

La dirección del PP de Sevilla ha acordado que la alcaldesa de Huévar y actual portavoz adjunta en la Diputación, María Eugenia Moreno, asuma a partir de ahora el cargo de portavoz en corporación provincial.

En el escrito de la acusación del Ministerio Fiscal, consultado por Europa Press, el fiscal ha explicado que a raíz de iniciarse una investigación judicial y policial tras las elecciones municipales de 2015 por la comisión de un presunto delito de amenazas contra el miembro otro partido en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Paniagua comenzó "a dirigirse en tono despectivo y a realizar actuaciones de presión psicológica contra Cristina Alonso".

Concretamente, según la Fiscalía, el acusado tuvo esta actitud con Alonso desde mayo de 2015 hasta junio de 2016, fecha en la que ante "la presión" ejercida por el acusado, fue removida del cargo de portavoz del grupo y pasó a ser concejal no adscrita.

Por su parte, la acusación particular le pide cinco años de cárcel y 39.000 euros de indemnización, ha adelantado el diario 'ABC', mientras que el Ministerio Fiscal la cifra en 17.300 euros. Concretamente, en concepto de responsabilidad civil por las lesiones psíquicas causadas, el acusado tendrá que indemnizar a Cristina Alonso con la cantidad de 6.500 euros, por las secuelas restantes la cantidad de 800 euros, y en concepto de daño moral con la cantidad de 10.000 euros.

"No valía para nada"

El fiscal destaca en su escrito que el 27 de mayo de 2015 el acusado acudió a la sede del partido pidiéndole explicaciones sobre sus conversaciones con el denunciante de la causa anterior y, a partir de esa fecha, cada vez que coincidía se dirigía hacia ella con expresiones tales como "que no valía para nada, que todos se reían de ella y que no tenía ni idea de nada", llamándola incluso "niñata antigua".

En otra ocasión llegó a decirle "niñata de mierda, me tienes harto, la voy a coger de los pelos y la voy a arrastrar", expresiones que generaban en aquella "el consiguiente desasosiego".

De igual forma, en aquellas fechas y durante un tiempo, según remarca el fiscal, Paniagua se dirigía a Cristina Alonso con estas expresiones para "menoscabar su dignidad" y para que esta "abandonase el cargo de portavoz del grupo municipal".

Para ello, "le cambió el lugar de su mesa de trabajo, le arrancó los cables del ordenador que tenía asignado, le rompió papeles propios de su actividad como concejal, tiró al suelo la fotografía de su hija menor y ocultó las comunicaciones del Ayuntamiento dirigidas a ella", con el fin de "dificultar su labor y que la misma apareciese como incapaz de desarrollar su actividad política municipal".

Lesiones psíquicas

Como consecuencia de todo esta situación la Fiscalía considera que esta mujer "ha sufrido lesiones psíquicas consistentes en el desarrollo de un trastorno depresivo adaptativo, que presenta relación de causalidad con la situación vivida, trastorno que ha precisado para su curación de asistencia psicológica y el transcurso de 180 días de perjuicio personal básico, restando como secuela una sintomatología de carácter leve y ocasional valorada en un punto".

De cara al juicio, la Fiscalía pide la declaración de una serie de testigos, familiares y compañeros del partido y de médicos psiquiatras y forenses.

Por otra parte, la juez le pide al acusado en su auto de procedimiento abreviado que en el plazo de un día presente una fianza de 40.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele.