Elecciones Generales

Los expertos dudan de la ofensiva de Casado contra los decretos ante la Junta Electoral

Fuentes parlamentarias creen que el órgano que debe velar por el cumplimiento de la LOREG no puede intervenir sobre la aprobación ordinaria de decretos por parte del Gobierno como pretende el líder del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe los aplausos de su bancada.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe los aplausos de su bancada. EFE/J.P.Gandul

Pablo Casado está decidido a combatir la estrategia trazada por Pedro Sánchez para inundar la precampaña con decretos de contenido social. El presidente del PP anunció este lunes que recurrirá ante la Junta Electoral Central (JEC) las medidas que apruebe el Consejo de Ministros a partir de este martes, cuando las Cortes hayan quedado oficialmente disueltas.

Sin embargo, distintas fuentes parlamentarias coinciden en señalar que el órgano que debe velar por la estricta aplicación de la legislación electoral no tiene capacidad para decidir sobre la actividad ordinaria del Gobierno. La estrategia que el propio Ejecutivo ha bautizado como "los viernes sociales" no tiene precedentes, pero la aprobación de decretos se atiene a la legalidad. Los populares sólo podrían agarrarse al artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe los actos deinauguración y las campañas institucionales de propaganda que hagan referencia a los logros obtenidos durante el mandato. 

El Gobierno no entra en funciones hasta el día de las elecciones generales del 28 de abril. A partir de entonces, sólo podrá dedicarse al “despacho ordinario de los asuntos públicos” y únicamente tendrá la capacidad de aprobar otras medidas en “casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”. Pero, hasta entonces, Moncloa quiere sacar adelante sin debate parlamentario las principales medidas que se quedaron en el tintero por el fracaso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019.

En la sede de Génova no están dispuestos a permitir que Sánchez use el Boletín Oficial del Estado (BOE) cada viernes para impulsar medidas como el aumento a 16 semanas de los permisos de paternidad, reformas del mercado del alquiler o incluso una revisión de la reforma laboral. Los populares denuncian que el aumento del gasto público que acompaña a este tipo de medidas deberá ser asumido por el Gobierno que salga de las urnas. Sánchez está "metiendo la mano en el bolsillo a los españoles para hacer campaña electoral", dijo Casado este lunes en un desayuno informativo.

Si los populares presentan una queja o reclamación ante la JEC, el órgano que forman magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho, Ciencias Políticas o Sociología tendrá que reunirse y emitir una respuesta. Aunque diversos letrados ven complicado que vaya a entrar al fondo del asunto. Por su parte, fuentes próximas a la dirección del PP evitaron dar detalles sobre los fundamentos jurídicos que pretenden aportar. Y el presidente del órgano, Segundo Menéndez, declinó pronunciarse al respecto a preguntas de este diario.

Diputación Permanente

Los decretos que apruebe Sánchez a partir de ahora –junto a los tres del pasado viernes- deberán ser convalidados en el plazo máximo de un mes por la Diputación Permanente del Congreso; el órgano que sigue activo cuando las Cortes están disueltas. En él se mantiene la proporcionalidad del Pleno, pero no hay posibilidad de debate o de enmendar los textos que aporte el Gobierno. Por lo que Sánchez deberá garantizarse el apoyo de los nacionalistas vascos del PNV, de los independentistas catalanes de ERC y el PDeCAT y de Unidos Podemos.

"Ningún Gobierno, ni municipal ni autonómico, puede ir dopado a unas elecciones, tiene que ir en igualdad de condiciones. (…) No parece razonable, salvo necesidad, que se haga un uso partidista de las instituciones", llegó a decir la todavía presidenta del Congreso, Ana Pastor, este lunes en Cope. Precisamente, los decretos están reservados para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Pero la laxa jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto ha dejado margen para que todos los Gobierno hayan echado mano de esta figura para legislar.

El presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta del Congreso, Ana Pastor y la portavoz popular, Dolors Montserrat.
El presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta del Congreso, Ana Pastor y la portavoz popular, Dolors Montserrat. EFE/J.P. Gandul

"Esto no tendría que estar regulado si se tuviera un mínimo de respeto institucional", se queja el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) José Manuel Vera. En su opinión, que Moncloa apruebe cada viernes medidas de tal calado político es algo "aberrante y mucho más peligroso que cortar una cinta". "La utilización del Gobierno y de la Administración General del Estado de cara a unas elecciones de manera tan descarada es un problema de ética política y de concepción democrática", concluye. 

Aunque Sánchez se mostraba muy crítico contra el uso que hacía Mariano Rajoy de esta herramienta, el actual jefe del Ejecutivo ha terminado superando con 32 decretos en nueve meses la marca de su antecesor en el mismo período de tiempo. Los socialistas, por su parte, esgrimen el bloqueo sistemático a las leyes de la oposición que ha ejercido durante toda la legislatura el PP con la colaboración de Ciudadanos en la Mesa del Congreso. Algo que el Grupo Socialista llevó hasta el Tribunal Constitucional

A pesar de las críticas, Sánchez ha superado con 32 decretos en nueve meses la marca de Rajoy

Si el recurso del PP ante la Junta Electoral se queda en un gesto político, los populares podrán seguir adelante invocando ante ese mismo órganoun presunto uso indebido de los decretos para influir en un proceso electoral. Aunque allí los plazos son lentos y no conseguirían más que su admisión a trámite durante la campaña. Después, pueden pasar muchos meses para que los magistrados se pronuncien.

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