Corrupción

El Supremo inadmite la querella del abogado de Villar Mir contra el juez de 'Lezo'

Los magistrados no aprecian ninguna infracción penal en las intervenciones telefónicas que acordó en unas diligencias penales en las que se grabaron conversaciones del dueño de la constructora OHL con su abogado

El  juez Manuel García Castellón, en 2006, recibiendo del ministro francés de Justicia, Pascal Clément, la Legión de Honor.
El juez Manuel García Castellón, en 2006, recibiendo del ministro francés de Justicia, Pascal Clément, la Legión de Honor. Efe.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada por el abogado Carlos Domínguez Luis, letrado del empresario Juan Miguel Villar Mir y de Francisco Javier López Madrid, contra el juez que les mantiene imputados en los casos 'Lezo y 'Púnica' en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, al no apreciar ninguna infracción penal en las intervenciones telefónicas que acordó en unas diligencias penales en las que se grabaron conversaciones del dueño de la constructora OHL con su abogado.

La querella la interpuso el abogado por los delitos de prevaricación judicial, intercepción ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. Y lo justificaba porque los agentes habían grabado sus conversaciones con su cliente, Villar Mir.

Sin embargo, la realidad fue que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había alertado al juez García-Castellón de que el dueño de OHL había acordado presuntamente falsificar un certificado médico en el que se afirmaba que el constructor padecía un proceso gripal. Y lo hizo para posponer una declaración ante el instructor.

En la resolución, la Sala concluye que la grabación de las conversaciones mantenidas entre los investigados y sus abogados defensores, así como la final destrucción de las conversaciones ajenas al esclarecimiento de los hechos investigados, no dan la razón a la querella.

Sin falseamiento

"De igual modo –añade la resolución–, ni puede aceptarse una participación en una supuesta ocultación de documentos, ni existe falseamiento ninguno de lo referenciado en autos, no solo en lo relativo a los hechos que se han descrito con anterioridad, sino también respecto a los documentos de los que se afirma que fueron antedatados, pues la querella confunde la fecha en que el instructor adopta su decisión, con aquella en la que los servicios auxiliares la mecanizan y documentan".

Las intervenciones telefónicas que son base de la querella se adoptaron por el juez García-Castellón en diciembre de 2017 sobre varias personas investigadas en una pieza dirigida a averiguar si la empresa OHL abonó importantes cantidades de dinero a funcionarios públicos, entre los que se encuentra imputado el expresidente madrileño Ignacio González, como presunto receptor de una mordida de 1,4 millones.

El dinero se habría abonado para que se otorgara a OHL la concesión de una nueva línea ferroviaria que había de unir las localidades madrileñas de Móstoles con Navalcarnero. En esas intervenciones fueron grabadas conversaciones de algunos investigados con sus abogados.

Defensa de Villar Mir

El Alto Tribunal insiste en que el instructor "nunca" acordó que se grabara "el espacio de defensa y asesoramiento jurídico" de Villar Mir. Y por ello considera que la decisión del juez, como ocurre en tantos otros procedimientos de investigación judicial, fue simplemente la de intervenir las conversaciones telefónicas de los investigados.

Es en esa coyuntura de observación de cualquiera de las llamadas telefónicas que realicen los investigados, cuando el letrado querellante se introdujo coyunturalmente, especifica el Supremo, "en un espacio de investigación judicial ya definido y adecuadamente justificado".

En relación a la parte de la querella del abogado de Villar Mir que asegura que, desde que se constató la interferencia, el instructor estaba obligado a desactivar la observación telefónica y destruir las conversaciones, el Supremo dice que "es una afirmación que carece de apoyo normativo".

"No existe un reconocimiento normativo a que un abogado pueda garantizar a un cliente que sus teléfonos no serán intervenidos, para lo que bastaría que le efectuara una llamada telefónica instrumental al inicio de cualquier procedimiento en el que se le haya atribuido la condición de investigado a su poderdante", explican los magistrados.

"Dicho de otro modo, -prosiguen los jueces- evaluada por el instructor la oportunidad de intervenir los teléfonos de algunos de los investigados, la introducción accidental de conversaciones relativas a la defensa jurídica, ni es causa legal de modificación automática del mecanismo de indagación hasta entonces desplegado, ni necesariamente obliga a renunciar a la medida injerente", argumenta el auto.

Control judicial

"En tales supuestos –agrega la resolución--[...] el juez continuará con la observación, si bien asumiendo la ponderación y tutela de los intereses en conflicto, lo que se manifiesta en una potenciación del control judicial, resalta el auto.

La resolución completa que sin perjuicio de las alegaciones que en el procedimiento concreto puedan hacer las partes sobre la validez o nulidad de las distintas fuentes de prueba, "en modo alguno puede sustentarse que la actuación del magistrado instructor querellado derive de una iniciativa carente de soporte legal y que refleje por ello el pronóstico de tipicidad por prevaricación que argumenta la querella".

Recuerda además la Sala que en este caso el abogado solicitó la destrucción de las grabaciones y alcanzó su pretensión de que las conversaciones fueran destruidas, “sin otra excepción que aquellas que sugerían su eventual participación en un delito; conversaciones éstas últimas que tendrán que ser evaluadas en un procedimiento diferente, pero respecto de las que el querellante podrá de nuevo solicitar lo que a su derecho convenga".

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha enviado al banquillo de los acusados a Villar Mir, su abogado y su médico por un presunto delito leve de falsedad por la utilización de un certificado médico en el que se afirmaba que el constructor padecía un proceso gripal, según ha adelantado El Español.com.



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