En el Senado

Podemos exige a Sánchez tumbar la Ley de Estabilidad para anular el veto del PP

Entre las medidas planteadas por el grupo de Unidos Podemos al Gobierno para negociar su apoyo al techo de gasto está la de derogar la norma que permite al PP vetar la senda de déficit en el Senado

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Palacio de La Moncloa
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Palacio de La Moncloa EFE

La capacidad de veto del PP en el Senado gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que él mismo aprobó en 2012 trae de cabeza al Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares de Pablo Casado ya han anunciado que no apoyaran la nueva senda de déficit y el techo de gasto que el Consejo de Ministros volverá a aprobar en su reunión del viernes 24 de agosto.

Se trata previsiblemente de la misma senda que fue tumbada el pasado mes de julio en el Congreso y que sólo recibió el apoyo del PSOE y del PNV. Actualmente, el Gobierno intenta recabar el apoyo de los 67 diputados de Unidos Podemos para forjar una mayoría que le permita aprobar ese techo de gasto de 125.064 millones de euros (un 4,4% más que el de 2018) y la senda de estabilidad como antesala de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea trasladó el pasado miércoles al Gobierno el documento titulado 'Dejar atrás la austeridad', con una batería de medidas como base para estudiar su apoyo en el Congreso. Los de Pablo Iglesias se sientan a la mesa "sin líneas rojas", aunque entre esos puntos está la petición de renegociar nuevamente el objetivo de déficit con Bruselas por encima del 1,8% para 2019. Un extremo al que el Gobierno parece no estar dispuesto. "Renunciar a la estabilidad presupuestaria pondría en riesgo el Estado de bienestar", dijeron fuentes de Hacienda tras conocer la propuesta.  

Los morados se decantaron por la abstención el pasado 27 de julio al considerar insuficiente el aumento de cinco décimas que el nuevo Ejecutivo había logrado pactar con las instituciones comunitarias. Lo interpretaron precisamente como un guiño al PP para que éste no tumbase el Acuerdo en el Senado. Sin embargo, tras las conversaciones informales de las últimas semanas, en Moncloa creen que hay espacio suficiente para alcanzar un pacto con los morados para acabar sacando adelante unos Presupuestos con mayor contenido social. Pero no será un camino de rosas.  

El Gobierno descarta ir de nuevo a Bruselas aunque cree que hay espacio suficiente para un pacto con los morados

"Vamos a sentarnos con el Gobierno para ver a dónde queremos llegar. Pero antes de poder llegar a ningún sitio, hay que salir de la cárcel donde estamos ahora mismo. Y esa cárcel se llama Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Mientras no salgamos de esa cárcel, el Gobierno está atado de pies y manos", asegura el secretario general del grupo confederal de Unidos Podemos, Txema Guijarro, en una entrevista con Vozpópuli que se publicará íntegra este lunes.

Vía de urgencia

En este sentido, en el partido morado ven posible articular una mayoría parlamentaria como la que hizo triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Para ello creen que se debería recurrir al procedimiento de urgencia con lectura única para que el PP no pueda torpedear el proceso. "Toda negociación en este sentido pasa por reformar y cambiar el marco legislativo en el que nos estamos moviendo actualmente. Si no lo cambiamos, estamos a expensas del PP y estaremos haciendo el paripé", insiste Guijarro. 

Los independentistas catalanes del PDeCAT así como ERC (cuyos apoyos son necesarios también para aprobar la senda de déficit) ya se mostraron en julio abiertos a la modificación de la norma. No sólo para para cambiar el aspecto parlamentario sino para relajar la regla de gasto que impide a los ayuntamientos y autonomías con superávit reinvertir el remanente. La última modificación de la Ley de Estabilidad se realizó mediante una proposición de Ley del PP en apenas un mes y con apoyo de PSOE y Ciudadanos. Fue en 2016, precisamente para permitir al Gobierno en funciones de Rajoy aprobar el techo de gasto.

La Ley de Estabilidad otorga al Senado una capacidad excepcional que no tiene con el resto de normas

La Ley establece que si cualquiera de las dos cámaras rechaza los objetivos de déficit y deuda pública, el Ejecutivo tiene un mes de plazo para presentar otra senda. Aunque la Cámara Alta es un órgano parlamentario de segunda lectura y sin capacidad para vetar leyes, la Ley de Estabilidad redactada por el exministro Cristóbal Montoro le otorga una capacidad excepcional que no tiene con el resto de normas. De hecho, el artículo 90 de la Constitución establece que "en caso de veto", corresponde al Congreso la última palabra por mayoría simple o por mayoría absoluta.

El PSOE no apoyó en su día la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque nunca ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma, que pone al mismo nivel al Congreso y al Senado. Aunque ahora tampoco parece dispuesto a tocar la Ley, sobre todo a la vista de la debilidad parlamentaria de 84 diputados sobre la que sustenta su acción de Gobierno. 

En Unidos Podemos lo tienen claro y no creen que los populares -que controlan el 60% de los escaños del Senado con un 30% de los votos- vayan a dar su brazo a torcer. "Si no cambia esa ley, lo que le decimos es que vaya a negociar con el Partido Popular, que es el custodio de la llave. No tiene mucho sentido que negocie con nosotros algo que depende del PP", sentencia Guijarro. Es "casi una cuestión de pura lógica. Y no porque tengamos ese capricho; sino porque en ese marco es imposible negociar nada. Es absurdo", remata. 

Montero en el Senado.
Montero en el Senado. Agencia EFE

El problema es que el Gobierno comparte esa misma visión, pero no ha dado ningún paso por ahora. "Nos parece impropio que el Senado tenga la capacidad de vetar una estabilidad que haya sido mayoritariamente aprobada por el Congreso. Esa fue una modificación que hizo el Gobierno del Partido Popular con su mayoría absoluta y si le tengo que manifestar mi opinión, es contraria", respondió el propio presidente Pedro Sánchez en la rueda de prensa que ofreció el pasado 3 de agosto en Moncloa.

A lo largo de los últimos dos meses, desde el Ejecutivo lanzan mensajes distintos. La vicepresidenta Carmen Calvo aseguró antes del primer varapalo del Congreso que el Gobierno estaba buscando "soluciones" para superar el posible veto en la Cámara Alta. Mientras tanto, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, abogaba el pasado domingo en una entrevista con Efe por obligar a que los populares se retraten. "El PP debería evitar que se tenga que producir ninguna situación de modificación", añadía al ser preguntada por lo que le reclaman desde las filas moradas.

Montero pidió al PP que se plantee una abstención y reconsidere "esta propuesta que beneficia sobre todo a comunidades y Seguridad Social

En este sentido, sostenía que la prioridad de su equipo está en sacar adelante los PGE de 2019 y pedía al PP que se replantee la posibilidad de votar una abstención y "reconsiderar" una "propuesta que beneficia sobre todo a comunidades autónomas y Seguridad Social". Los números socialistas contemplan un aumento del gasto público de unos 6.000 millones de euros, de los que 2.500 irían a las CCAA (que controlan sanidad y educación), y una cuantía parecida iría a las arcas de la Seguridad Social. El resto -1.000 millones-, irían a la Administración central.

La propuesta del Gobierno permitiría a las comunidades tener un objetivo de déficit en 2019 del 0,3 por ciento del PIB y no del 0,1 % como estaba estimado. Por tanto, los socialistas podrían intentar trasladar el mensaje de que los territorios no tienen más dinero porque Pablo Casado no lo ha querido. Y todo con un ciclo electoral autonómico en ciernes, en el que todos se juegan mucho.

El Ejecutivo de Sánchez es plenamente consciente de la dificultad que entraña para la legislatura el veto de los populares en el Senado. En caso de que la senda de déficit sea tumbada de nuevo, el Gobierno debería trabajar con los objetivos de déficit (1,3%) heredados de la etapa de Rajoy, ya que son los únicos que en estos momentos están aprobados por ambas Cámaras. Un escenario que no gusta nada a Unidos Podemos.

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