La juez del 'caso Máster' iniciará una investigación sobre la exministra si recibe una querella

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que instruye el denominado 'caso Máster', no tiene intención de abrir de oficio una investigación contra la exministra Carmen Montón pese a tener conocimiento de la información publicada por eldiario.es y LaSexta sobre el supuesto trato de favor del director de Instituto de Derecho Público (IDP), Enrique Álvarez Conde, según explican fuentes jurídicas conocedoras de las intenciones de la magistrada, que apuntan que la instructora evita con ello abrir una causa general contra la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

De esta forma, y si no hay nuevas informaciones sobre presuntas irregularidades cometidas por la exministra o no se interpone una querella contra la exdirigente socialista, ya sea por parte de la Fiscalía o de cualquier particular, la juez no tiene intención de abrir una pieza separada del caso 'Máster' e imputar a Carmen Montón. Hasta la tarde del miércoles, ni la Fiscalía de Madrid ni en el Juzgado que instruye el procedimiento han recibido una demanda o una querella sobre estos hechos.

En el caso del presidente del PP, Pablo Casado, la juez inició la investigación tras investigar la actuación del director del máster, Enrique Álvarez Conde, y al tener conocimiento en los interrogatorios de que Casado era uno de los supuestos alumnos denominados VIP, que se habrían beneficiado de la actividad del Instituto de Derecho Público.

Denuncias particulares

Vozpópuli ha preguntado a la Fiscalía de Madrid sobre la posibilidad de que el ministerio público interponga una demanda o una querella contra Carmen Montón, y un portavoz ha asegurado que en estos momentos no hay intención de iniciar ninguna pesquisa al respecto. Además, el citado portavoz recuerda que las denuncias que se han investigado hasta el momento han sido interpuestas por particulares o por la universidad. 

Otras fuentes de la Fiscalía destacan que las informaciones publicadas apuntan la posibilidad de que se hayan cometido irregularidades administrativas. Y por eso la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) será la que en un primer momento determine si los hechos conocidos exceden el ámbito administrativo y tienen efectos penales.

En este sentido, la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón ya ha anunciado que "no actuará por ahora motu proprio" ante el posible plagio de la exministra de Sanidad Carmen Montón a la profesora del Departamento de Filosofía y Sociología del campus castellonense Ana Martí, sino que deriva cualquier actuación a la Universidad Rey Juan Carlos, según informa Efe de una nota de prensa de la universidad de la Comunidad Valenciana.

El comunicado destaca que al margen de la "polémica política", la cuestión constituye un "problema de carácter académico".

Sí podría investigar

Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, apunta a Vozpópuli que tras tener conocimiento de unos hechos presuntamente delictivos, lo que en derecho se denomina 'notitia criminis' la juez sí podría iniciar una investigación o incluso comunicárselo a la Fiscalía.

Por eso, Fernández Vega está convencido de que con toda probabilidad la juez iniciará una investigación sobre los hechos vinculados a la exministra antes de proceder a una posible imputación: "Lo que me sorprende es que los involucrados oculten que hicieron el máster, ya que al final se acabará sabiendo todo", concluye el portavoz de los jueces progresistas.

No obstante, el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, destaca que una información periodística, para ser tenida en cuenta por un juez, exige que en la misma se incluyan indicios sólidos de que se ha cometido un hecho delictivo.

"No basta con que alguien aluda a una hipotética figura delictiva, sino que en la noticia deben aparecer los elementos clave del tipo de penal susceptible de ser investigado de oficio. Si no es así, el juez no puede actuar de oficio, por lo que debería esperar a que haya una denuncia del perjudicado o de la Fiscalía", destaca el presidente de la APM.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado Bernabéu, recuerda que los delitos públicos no necesitan de una querella para que sean investigados: "Si las autoridades o el Ministerio Fiscal tienen conocimiento de unos hechos que tienen indicios de ser delictivos, ambos están obligados a denunciar".

Y en el caso de Carmen Montón, completa Prado Bernabéu, que da su opinión en virtud de las informaciones periodísticas, se podría haber alterado una nota: "Y cualquier documento oficial no puede ser alterado, por lo que podría tratarse de la falsificación de un documento público".

Delito de la alumna

No obstante, Raimundo Prado Bernabéu, que destaca que sus declaraciones sobre el caso no refleja la opinión oficial de la asociación Francisco de Vitoria, sino la suya propia, considera que la juez podría estar valorando la dificultad de imputar el delito de falsedad en documento público a la alumna, Carmen Montón.

"Eso es más complicado, mucho más. Otra cosa es que la alumna haya ofrecido algo a cambio del aprobado, por lo que podríamos hablar de cohecho impropio y prevaricación. Pero si el alumno no le promete nada y el profesor le aprueba, pues hay muchas dudas de que se le pueda atribuir un delito", concluye Prado Bernabéu.

A la espera del posible recorrido judicial que tengan las supuestas irregularidades del máster que cursó la hasta el martes ministra de Sanidad Carmen Montón en la Universidad Rey Juan Carlos, su caso se suma a las polémicas que han salpicado a otros políticos como Cristina Cifuentes o Pablo Casado. En total, el número de imputados es de 20, entre profesores y alumnos "VIP" que se aprovecharon, presuntamente, de las irregularidades cometidas en el Instituto de Derecho Público (IDP).

Pablo Casado

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, instruye el denominado 'caso máster' dividido en cuatro piezas por delitos de prevaricación administrativa, cohecho impropio, falsedad documental y malversación, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre si asume o no la investigación referente a la pieza de Casado como ha pedido la jueza.

Este mismo miércoles se ha conocido la decisión de la juez de archivar la pieza 'D', relativa a supuestas irregularidades en convalidaciones al exsubsecretario de Economía y Competitividad Miguel Temboury al no apreciar indicios de delito.