Cataluña

El Gobierno se queda con Junqueras como principal interlocutor para Cataluña

La cadena de inhabilitaciones de ex altos cargos de la Generalitat ha terminado por convertir a Oriol Junqueras en el único interlocutor del Gobierno para la carpeta catalana.

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras
El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras EFE

El portavoz del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) en el Congreso, Francesc Homs, dejará en breve su escaño después de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo una vez juzgado el protagonismo que tuvo en la convocatoria del referéndum del 9N. Homs era un hombre cercano para algunos portavoces parlamentarios de otros partidos, con los que ha entablado buena relación y ha compartido numerosos análisis. Su despedida de Madrid, sumada a la inhabilitación anterior de Artur Mas, deja a Oriol Junqueras, actual vicepresidente de la Generalitat, como el principal interlocutor del Gobierno para abordar la carpeta catalana, una apuesta de largo recorrido teniendo en cuenta que todos los pronósticos le sitúan como posible sucesor de Carles Puigdemont en su cargo.

Homs, que pronto dejará su escaño, ha llegado a entablar buena relación con la mayoría de los portavoces parlamentarios

Hace tiempo que Mas estaba fuera de sintonía para el propio presidente del Gobierno, quien comprobó pronto que no era alguien de fiar tras sus primeros contactos con él en La Moncloa. Mejor relación tiene Mariano Rajoy con su sucesor en la Generalitat, un independentista convencido que en el cara a cara no se anda con rodeos y es claro en sus exposiciones. Ahora Puigdemont se ha quedado sin apenas margen político para no convocar un nuevo referéndum soberanista, pues es la condición indispensable que le ha puesto la CUP para apoyar los presupuestos, un paso que está dispuesto a dar para coronar su mandato al frente del Gobierno catalán antes de retirarse voluntariamente a un segundo plano, como anticipó hace poco más de un año tras su toma de posesión.

En este contexto sitúan los principales grupos parlamentarios la apuesta por la celebración de la consulta soberanista y las continuas apelaciones al diálogo con Madrid desde diferentes ámbitos del Gobierno catalán. El propio Mas, delante del exministro José Manuel García-Margallo, dijo el pasado martes en el Ateneo madrileño que estaba dispuesto a negociar las fechas, las preguntas, las condiciones y las garantías para que esta consulta tenga resultados “reconocibles”, oferta que lógicamente ha caído en saco roto porque parte de una premisa que no es asumida ni por el Gobierno ni por los partidos constitucionalistas: que la Constitución ha dejado de tener legitimidad en Cataluña.

El liderazgo del proceso

El pulso que libran Esquerra Republicana y el PDeCAT por el liderazgo del proceso independentista, estrechamente ligado a la convocatoria de los próximos comicios autonómicos,  ha llevado a los altos cargos de la antigua Convergencia a implicar a Junqueras en la organización del referéndum, ante la sensación de que tanto él como sus más estrechos colaboradores en las filas republicanas no han pagado precio alguno, todo lo contrario, por la cadena de decisiones que condujeron al 9N y que ahora han sido juzgadas en los tribunales.

Estas tensiones, sumadas al fuerte desgaste sufrido por el PDeCAT tras los casos de corrupción que ahora están siendo juzgados, han llevado a ERC a concluir que ya no será repetible la alianza en Junts pel Sí, lo que dejará a Mas y a sus hombres de confianza sin disfraces para disimular su declive electoral como tampoco la penalización que han tenido por su gestión del proceso secesionista.

La CUP condiciona su apoyo presupuestario a la convocatoria del referéndum soberanista, lo que deja escaso margen a Puigdemont

El pasado martes, García-Margallo culpó a la crisis económica de una parte de la pulsión soberanista, una tesis que comparten también algunos ministros en activo. Si el calendario no arroja sorpresas, Junqueras podría estar sentado en el despacho que ahora ocupa Puigdemont cuando se abra de verdad la negociación de la nueva financiación autonómica, en la que Cataluña, con una deuda de más de 60.000 millones de euros, gran parte de ella en manos del Estado, se juega seguir disponiendo de oxígeno y ganar su acceso a los mercados.



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