Publicado: 30/05/2018 05:15
El nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha nombrado viceconsejero de Organización Educativa al exconcejal del PP en Boadilla del Monte Amador Sánchez, quien entre 2004 y 2007 fue subdirector general de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, y por tanto, el departamento de la Comunidad de Madrid que se encargaba de supervisar a la asociación GINSO, a la que el presunto cabecilla de la Púnica, Francisco Granados, acusó en sede judicial de financiar de forma irregular al PP de Esperanza Aguirre.
El pasado 15 de marzo Francisco Granados aportó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón unas facturas de 2007, presuntamente falsas, y por un montante de 150.000 euros más IVA, que implicarían al Gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la financiación ilegal de este partido que se investiga dentro del 'caso Púnica' en el Juzgado Central de Instrucción número 6.
Y según el currículum vitae del nuevo titular de la Viceconsejería de Organización Educativa colgado en la web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, durante los dos primeros años de vigencia del contrato con la asociación GINSO (2006 y 2007), Amador Sánchez era el subdirector general de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.
Su jefa, al notario
Vozpópuli ha reclamado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la versión de los hechos de Amador Sánchez, que ha preferido no hacer declaraciones ni responder a las preguntas enviadas este martes por la mañana al departamento de comunicación de la citada Consejería sobre los pagos realizados a GINSO.
Precisamente, la actual directora general del Imserso, Carmen Balfagón, que entre 2004 y 2008 fue la directora gerente de la Agencia del Menor Infractor, y por tanto, la jefa directa de Amador Sánchez, acudió en 2012 a un notario para explicar cómo el exconsejero Alfredo Prada le había obligado, seis años antes, a pagar por trabajos inexistentes a empresas próximas al partido, según la información adelantada por el diario El Mundo.
El relato de la funcionaria ante el notario especifica que, en diciembre de 2006, el exconsejero Prada le solicitó que se entrevistara con el ex diputado regional Álvaro Renedo, el dueño de una de las empresas implicadas en el caso, y que según Granados junto al fallecido Germán Yanke habrían recibido pagos de GINSO para financiar a su vez al PP madrileño.
Medios de comunicación
Y Prada, según el diario El Mundo, explicó a Balfagón que él pertenecía a un grupo de comunicación que estaba dispuesto a realizar una serie de actuaciones encaminadas a poner en valor el trabajo de la Agencia del Menor, así como del conjunto de actuaciones que se venían realizando en la Consejería de Justicia en determinados medios de comunicación social.
Le precisó además que tenía que ponerse en contacto con GINSO, que "por aquel entonces ya colaboraba con la Comunidad de Madrid en la gestión de un centro para el cumplimiento de medidas judiciales en Brea del Tajo".
Ese mismo mes, prosigue la información periodística, se "consolidó el acuerdo", a pesar de que trasladó al entonces consejero de Esperanza Aguirre sus quejas por el tono de "exigencia" que había utilizado el ex diputado del PP.
Nota de la Comunidad
En una nota de prensa del Gobierno de Aguirre de 30 de septiembre de 2006 en la que se anunciaba la puesta en marcha del centro de menores de Brea del Tajo, el Ejecutivo del PP informaba de que el nuevo centro iba a ser gestionado íntegramente durante 15 años por la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO).
Y GINSO, a su vez, estaría bajo la supervisión de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, cuyo subdirector general era el ahora viceconsejero Amador Sánchez, y la directora gerente Carmen Balfagón.
Tal y como adelantó Vozpópuli, los gobiernos encabezados en la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre abonaron entre 2006 y 2012 un total de 90.149.744 euros a GINSO.
Los pagos se iniciaron en 2006 en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno, de 24 de noviembre de 2005, que autorizó el convenio de colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Justicia; y en la que Amador Sánchez era el 'número dos'; y la entidad sin fines de lucro GINSO.
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