Cataluña

El Estado defenderá ante Bélgica la jurisdicción de Llarena pero excluye sus "actos privados"

Justicia anuncia que contratará un bufete privado de abogados que defienda la soberanía de España en el procedimiento civil si el tribunal belga cuestiona la causa abierta por el "procés" que instruye este juez. Excluye de esta defensa los actos privados "que se le atribuyen" en la demanda

El juez Pablo Llarena
El juez Pablo Llarena EFE

España defenderá ante la Justicia belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, "sin asumir en ningún caso la defensa del juez (Pablo) Llarena por los actos privadosque se le atribuyen", según un comunicado de Justicia.

La demanda presentada en Bruselas, apunta el comunicado, "incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra".

El Ministerio ha advertido de que contratará un bufete privado de abogados que defienda "la soberanía e inmunidad jurisdiccional" de España en el procedimiento civil abierto en Bélgica contra Llarena si el tribunal belga cuestiona la causa abierta por el "procés" que instruye este juez.

En un comunicado, Justicia recuerda que dicho proceso penal "está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española", por lo que el tribunal belga que estudia la demanda civil contra Llarena interpuesta por Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers fugados no debe inmiscuirse en el mismo.

Si, por el contrario, la instrucción "se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción", añade Justicia.

El asunto puede acabar en el TJUE o en La Haya

Esa personación es necesaria al ser el paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

La Convención de Naciones Unidas de 2004 sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, en su artículo 5, establece que "todo Estado goza, para sí y sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado, según lo dispuesto en la presente Convención".

Llarena pidió al Consejo del Poder Judicial que le amparase en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por Puigdemont y los exconsellers del Govern catalán Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, que le acusan ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.

La demanda fue admitida y un juez ha citado al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre, si bien dicha citación no fue notificada por decisión del que fuera juez decano de Madrid, Antonio Viejo, actualmente secretario general de Justicia. Llarena no tiene por ello que acudir en dicha fecha a Bruselas.

Los exconsejeros y Puigdemont argumentan que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.



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