Política

Cs pide parar la extensión de los permisos de paternidad porque le suscita dudas legales

El partido naranja cree que es inconstitucional cambiar por decreto una Ley orgánica, aunque los letrados han advertido verbalmente de que el decreto ley del Gobierno no tiene visos de inconstitucionalidad

Albert Rivera.
Albert Rivera. GTRES

Ciudadanos cree que el decreto de ampliación de los permisos de paternidad y maternidad aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez es inconstitucional porque afecta a la Ley Orgánica de Igualdad de 2007, un extremo que, a priori, la Constitución no permite. 

Sin embargo, fuentes de Vicepresidencia del Gobierno aclaran que los artículos que modifica el decreto que aún debe ser convalidado por el Congreso antes del 6 de abril no afecta a la parte orgánica de esa ley, por lo que la maniobra del partido de Albert Rivera tiene pocos visos de prosperar.

La progresiva equiparación de los permisos que entrará en vigor el próximo 1 de abril no corre riesgo, a la espera de que los letrados de la Cámara emitan este jueves un informe por escrito. Sólo la vicepresidenta cuarta de la Cámara, Gloria Elizo (Unidos Podemos), se ha opuesto a la solicitud de dicho texto, ante la evidencia expresada verbalmente por los letrados de que no hay una palmaria inconstitucionalidad que podría justificaría la intervención de la Mesa para no convalidar el decreto.  

Sin embargo, el representante de Ciudadanos en la Mesa, Nacho Prendes, ha insistido a la salida de la reunión de la Mesa que el decreto ley del Gobierno incumple el precepto de la Constitución que dice que una norma de rango orgánico no puede ser modificada por una de carácter extraordinario como el decreto ley. Y se ha apoyado en la sentencia del Tribunal Constitucional 60/1986 de 20 mayo sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el Gobierno de Felipe González.

Pero en este caso, el cambio propuesto por el departamento de Carmen Calvo sólo afecta a dos artículos de la Ley de 2007 que no forman parte del articulado orgánico de la Ley. El Ejecutivo socialista cambia el artículo 45 -elaboración de planes de igualdad en las empresas- para ampliar hasta las de cincuenta empleados o más la obligación de negociar y aplicar dichos planes (con la actual normativa, sólo estaban obligadas aquellas de más de 250 trabajadores). El decreto también cambia el artículo 46 para crear un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, dependiente de la Dirección General de Trabajo.

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, visiblemente enfadado por la maniobra de los naranjas, ha acusado a los de Rivera de utilizar de manera "sectaria" y "fraudulenta" la Mesa del Congreso y de la Diputación Permanente "hasta el límite del delito de prevaricación".

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