Máster de Cifuentes Álvarez Conde garantizaba "flexibilidad" si los proyectos pasaban por el instituto de la URJC

Desde un máster en sexología y terapia de pareja hasta un título superior universitario en detective privado. El centro del que dependía el máster de Cifuentes tiene una oferta de lo más variopinta

Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público de la URJC
Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público de la URJC

Desde un máster en sexología y terapia de pareja a un curso de experto en pericia caligráfica judicial, pasando por un título superior universitario en detective privado. Y hasta un máster en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica de la URJCcon descuento para los afiliados de Vox, según publicó el partido en 2015.El Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos a través del cual la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se habría sacado su título de Máster en Derecho Público del Estado Autonómico impartido en 2010/2011 de forma supuestamente irregular cuenta con una oferta de másteres, títulos, cursos y seminarios de lo más variopinta.

Bajo su 'paraguas' se han desarrollado diversos proyectos de investigación que han contado con ayudas de distintas entidades financiadoras

Dirigido por Enrique Álvarez Conde -que recientemente fabricó un acta del TFM falsa para justificar que política del Partido Popular disponía del título-, el instituto fue creado por acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos de 12 de diciembre de 2001 y aprobado por la Comunidad Autónoma de Madrid el 29 de abril del 2005, convirtiéndose en Instituto Universitario de Investigación de conformidad con la Ley Orgánica de Universidades.

Como tal, bajo su paraguas se han desarrollado diversos proyectos de investigación que han contado con ayudas provenientes de distintas entidades financiadoras. Nada fuera de lo común a lo que ocurre en otros institutos universitarios. Hasta que estalló el escándalo en torno al máster de Cifuentes y tanto el valor de los títulos, como el de las cuentas, se han puesto en entredicho. Según explican fuentes vinculadas a la URJC, el director del IDP trataba de captar a los docentes para que "pasasen" sus proyectos de investigación por el instituto, ya que, este gozaría de una mayor "flexibilidad" de acuerdo a las mismas y en comparación con los trabajos que dependen directamente de la propia universidad.

Proyectos de investigación

"Los contratos con ministerios, empresas o cualquier entidad para desarrollar un proyecto de investigación deben realizarse a través de la universidad", cuentan fuentes docentes. "La universidad es quien los firma y quien gestiona el dinero aportado por las empresas en cuestión y suele quedarse con un 15% de cada proyecto para gastos generales", dicen. Por ello, continúan, el que un instituto tenga personalidad jurídica y administre el presupuesto de forma autónoma, implica unos "límites" menores que los que pueda imponer la universidad. 

Los institutos cuentan con una dotación presupuestaria diferenciada en el presupuesto de la Universidad, que gestionan autónomamente"

 "Ahora habrá que ver cómo se han rendido las cuentas del instituto, sus ingresos y gastos, y de qué forma lo controlaba la URJC", consideran los informantes, que además apuntan a que se estaría llevando una auditoría de la gestión del centro. De acuerdo a los Estatutos de la propia Universidad Rey Juan Carlos, el centro dirigido por Álvarez Conde, en su calidad de instituto universitario, tiene la competencia, entre otras, de administrar su presupuesto. 

"Los institutos cuentan con una dotación presupuestaria diferenciada en el presupuesto de la Universidad, que gestionarán autónomamente con sujeción a los principios generales de ejecución presupuestaria, y que incluirá la gestión de su propio presupuesto del personal investigador", detalla la URJC en sus Estatutos. Así, la dotación se nutre de los ingresos provenientes de las partidas presupuestarias que les asigne la Universidad; los rendimientos netos de las actividades docentes e investigadoras propias que organicen y desarrollen los Institutos, así como los que provengan de la explotación de los productos de tales actividades y la parte que les corresponda de los ingresos derivados de los contratos regulados en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y de los proyectos de investigación.

Pero también se alimentan del importe de las matrículas de las actividades docentes no regladas que hubieren desempeñado; las subvenciones finalistas que se les concedan de conformidad con la legislación vigente; las donaciones y legados de los que sean expresa y específicamente beneficiarios y cualesquiera otros ingresos que pudieran corresponderles en atención a su naturaleza y en el ejercicio de sus funciones.

¿Supresión del IDP?

"La Universidad adoptará las decisiones correspondientes para que la gestión autónoma de su presupuesto sea real y efectiva y articulará los mecanismos necesarios para que los institutos tiendan a la autofinanciación, debiendo alcanzarla en un plazo razonable", señalan los documentos. Por otro lado, los órganos de administración de los institutos, en este caso, el director Álvarez Conde, y la secretaria, Alicia López de los Mozos, tendrán que elevar anualmente al rector una memoria de la labor investigadora, docente y de gestión realizada. Este diario ha revisado las memorias del IDP y constatado que, si bien las de los últimos años están publicadas con todo detalle, algunas de las más antiguas no aparecen, como las correspondientes a 2010/2011, el curso en el que Cifuentes habría cursado el máster.

Este viernes, el Consejo de Gobierno de la URJC ha celebrado una reunión extraordinaria para abordar las medidas que se toman en torno al Instituto y las personas involucradas en este. Álvarez Conde ha sido suspendido, pero la supresión del centro corresponde al órgano competente de la Comunidad de Madrid que lo creó, bien por su iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.



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