Cataluña

La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel para Junqueras por sedición

El Servicio Jurídico del Estado no acusa de rebelión a los secesionistas, sino que considera que cometieron los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave

Oriol Junqueras
Oriol Junqueras EFE

La Abogacía del Estado ha presentado este viernes por la mañana su escrito de acusación contra los líderes del 'procés' en el que reclama un máximo de 12 años de cárcel para los cabecillas del movimiento independentista', en el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, lo que supone menos de la mitad de lo que solicita la Fiscalía (un máximo de 25 años).

Este departamento que depende orgánicamente del Ministerio de Justicia, y por tanto del Gobierno socialista, no acusa a los secesionistas de rebelión, sino de sedición, aunque también incluye los delitos de la malversación y la desobediencia grave.

El Servicio Jurídico del Estado distingue entre tres tipos de procesados. En primer lugar se encuentran los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, que jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

También malversación

Este es el motivo por el que a seis de ellos -el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el de Presidencia Jordi Turull, Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Josep Rull (Territorio) y Dolors Bassa (Trabajo)- se les acusa de sedición y malversación.

Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa merecen un castigo más grave por su estatus de “autoridad”, concluye la Abogacía del Estado, que les acusa de haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno”.

Por esas dos infracciones penales, para Junqueras se solicitan 12 años de cárcel mientras que para los otros cinco la Abogacía pide 11 años y medio de prisión. Al mismo tiempo los abogados reclaman la inhabilitación absoluta de todos ellos por tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad.

Siete años de cárcel

En el caso de los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados -Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santiago Vila (Empresa)- la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por autoridad pública, que implican siete años de prisión y 10 años de inhabilitación.

A los tres se les atribuye haber adoptado "los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos” y por desoír sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional.

Los 'Jordis'

Un segundo grupo de acusados, según la Abogacía del Estado, lo conforman los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El escrito los señala como autores de un delito de sedición que también habrían "inducido, sostenido y dirigido", aunque sin contar con la condición de “autoridad” de los seis exmiembros del Gobierno también acusados de la misma infracción. Por esa razón, el abogado del Estado solicita para ellos una pena de menor entidad: ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta.

El tercer nivel de responsabilidad del 'procés', según la Abogacía del Estado, estuvo formado por los antiguos cargos del Parlamento catalán procesados. Para la expresidenta de la Cámara autonómica Carme Forcadell se solicitan 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición.

Al exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet; al exsecretario tercero de ese órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya, las condenas reclamadas se reducen a multas de diferente consideración.



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