Cada vez que Zapatero habla sobre Cataluña, sube el pan y tiemblan los cimientos del Estado de derecho. El otro día lo volvió a hacer con Carlos Alsina en Onda Cero en una entrevista, para bien o para mal, memorable porque lo fue tanto por la magnífica consistencia del entrevistador como por la insólita inanidad del entrevistado. Zapatero, espoleado por Jaume Asens, parece empeñado en granjearse la confianza de Puigdemont y Junqueras como “mediador” en la “desjudicialización” del “conflicto” entre “Cataluña y el Estado” (sic). No sé si lo conseguirá, pero lo que sí demostró es que domina al dedillo el lenguaje del separatismo.
Lo que no parece dominar tanto es la historia de España, y más concretamente la de un periodo tan convulso y tan torticeramente manoseado por el propio Zapatero como el de la Segunda República y la Guerra Civil. Pocos políticos en España han contribuido más al guerracivilismo que, de un tiempo a esta parte, emponzoña nuestra convivencia que Zapatero. Acaso Pablo Iglesias y… Pedro Sánchez. Viven de alimentar la división entre españoles, de ahí que se entiendan tan bien con quienes tienen como única razón de ser en política la desintegración de España.
Zapatero se mostró abiertamente partidario de la amnistía (a Puigdemont) que su epígono Sánchez prepara para apuntalar su investidura, y para ello recurrió al antecedente de la amnistía que Manuel Azaña concedió a Companys tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Por suerte, la España democrática de 2023 nada tiene que ver con la convulsiva Europa de la década de 1930, y la Constitución de 1978 no fue -a diferencia de la de 1931- una Constitución de parte, preñada de sectarismo, sino una Constitución surgida del consenso y la alteza de miras de políticos de la izquierda y la derecha que supieron dejar atrás el odio y la intransigencia para alumbrar una Constitución integradora para todos los españoles.
Comparar la amnistía de Azaña a Companys con la que Sánchez prepara para Puigdemont es echar por tierra cuarenta y cinco años de convivencia democrática entre españoles
Por lo demás, la amnistía de Azaña no solo fue la medida estrella del programa del Frente Popular -por lo que sus votantes, a diferencia de los de Sánchez, podían saber perfectamente lo que estaban votando- sino que era, además, la enésima amnistía que los sucesivos gobiernos republicanos concedían a los golpistas de diverso signo que entre 1931 y 1936 se levantaron contra el Gobierno de la República, desde el general Sanjurjo hasta Companys. La amnistía fue, de hecho, moneda corriente en tiempos de la Segunda República. La controvertida decisión del Gobierno de Lerroux (1934) de conceder la amnistía a Sanjurjo -que en 1932 se había alzado contra el Gobierno de Azaña- serviría en 1936 como asidero del propio Azaña para conceder la amnistía a Companys, que en 1934 se había sublevado contra el Gobierno de Lerroux desde el Gobierno de la Generalitat, con un balance siniestro y a menudo olvidado de cuarenta y seis muertos.
Así pues, nada tiene que ver la inestabilidad, la arbitrariedad y la volatilidad de la España de la Segunda República con la estabilidad y la seguridad jurídica de un Estado democrático de derecho avanzado y miembro de la Unión Europea como la España de hoy. Comparar la amnistía de Azaña a Companys con la que Sánchez prepara para Puigdemont es echar por tierra cuarenta y cinco años de convivencia democrática entre españoles y cuestionar nuestro sistema de derechos y libertades y la labor de nuestros jueces y tribunales.
Y todo ese estropicio institucional, en aras de una investidura. Azaña, por cierto, no necesitaba los votos de Companys para ser investido presidente, lo cual tampoco me parece una diferencia menor habida cuenta del alcance estructural de una medida tan excepcional como una amnistía, que nunca debería estar supeditada a un acontecimiento contingente como la investidura de un presidente, por muchos delirios de grandeza que éste tenga.
Inconstitucional e injusta
Pero si nada de lo expuesto hasta aquí parece ser óbice para que Sánchez amnistíe a Puigdemont, ni para que Zapatero se recree en sus ominosas analogías, quizá deberían leer ambos La velada en Benicarló (1937) para constatar hasta qué punto su autor, Manuel Azaña, se arrepintió de su condescendencia con Companys y con el separatismo, por su incorregible odio a España y su inherente deslealtad y fanatismo.
En definitiva, la experiencia de Azaña con Companys, lejos de jalonar la amnistía a Puigdemont como pretende Zapatero, debería servir en cualquier caso para descartar definitivamente la medida de gracia que barrunta Sánchez. Por inconstitucional e injusta; por atentar contra la libertad y la igualdad de los españoles y, en última instancia, porque ya sabemos que solo sirve para envalentonar a los agraciados, que más pronto que tarde cumplirán su amenaza y lo volverán a hacer.
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Como explica muy bien el Sr. Martin Blanco, la pretensión de Zapatero de justificar la amnistía de Sánchez a Puigdemont con la amnistía de Azaña a Companys no tiene pies ni cabeza, ya que no es en absoluto comparable, y además las reflexiones posteriores de Azaña constatan que fue un error, cosa que sí que ahora habría que valorar y tener en cuentay no de hace.
Pero, aparte, el Sr. Martín Blanco nos pretende convencer de "la estabilidad y la seguridad jurídica de un Estado democrático de derecho avanzado y miembro de la Unión Europea como es la España de hoy".
Discrepo. En la España de hoy no existe la seguridad jurídica, las leyes se cambian a conveniencia de Pedro Sánchez por medio de Reales Decretos, sin informes del Consejo de Estado, y tampoco existe un Estado Democrático de Derecho con separación de poderes porque Pedro Sánchez ya se ha preocupado de colocar a sus peones más sectarios y obedientes en las principales instituciones del Estado Gobierno, Parlamento, Fiscalía y Poder Judicial incluidos, evidenciando así su vocación totalitaria.
Es otra de las leyes progresistas que vienen con nombre y apellidos. Ni va a ser la primera ni será la última. Pero sí que será la peor. No tanto porque vaya pretender el blanqueamiento con fuga en maletero de un cobarde (con el cargo de presidente de gobierno catalan, en aquel entonces) como si fuera asunto de un estado. Será la peor porque va a limpiar unos delitos no juzgados pero cometidos, y que posiblemente serán repetidos por los mismos amnistiados o por sus indultados camaradas.
Precisamente el hábito de amnistiar a los míos es una de las características que marcan a una época tan lamentable de la historia de España como la II República, de la que todos los españoles que la sufrieron huían como de la peste. En las elecciones de junio de 1977 se presentaron varios partidos republicanos y, si hubiera habido una mayoría social, España hubiera sido una República, pero hasta el PCE se apresuró a decir que no era partidario porque si no no le hubiera votado nadie, como al resto de republicanos.
Todavía el diccionario de la RAE, recogiendo el uso habitual entre los españoles que conocieron cualquiera de las dos Repúblicas, tiene una acepción de la palabra como "lugar donde reina el desorden"