Hace hoy una semana que se dio fin al culebrón que desde la sombra se ha venido alimentando por el Ministerio de Hacienda durante varios años. En su conjunto, la inspección fiscal a Shakira ha sido utilizada por las huestes del actual Gobierno socialista, de modo análogo a como hace años otro Gobierno, también socialista, utilizó los casos de Lola Flores o de Pedro Ruiz. En esta ocasión los chicos de MJ Montero han vuelto a usar su hostigamiento a un famoso o famosa para intentar demostrar su pretendida eficacia en la lucha contra los incumplimientos tributarios y para lanzar una poco edificante amenaza al conjunto de los contribuyentes españoles. Parece que esta concepción belicosa de la gestión de los impuestos forma parte del ADN de los socialistas españoles. En cualquier caso, personalmente considero que en el caso de Shakira son muchos los agujeros negros presentes en el poco edificante comportamiento del Ministerio que dirige la hoy vicepresidenta de Sánchez.
Tras años de intoxicaciones informativas lanzadas desde el Ministerio de Hacienda que han ido saltando cíclicamente al tablón de la actualidad, el litigio que enfrentaba a Shakira y a sus acusadores -la Fiscalía empujada por la Agencia Tributaria- ha concluido con un acuerdo extrajudicial adoptado inmediatamente antes del inicio del juicio. Desde entonces, y en una execrable muestra de manipulación informativa, las terminales del Departamento dirigido por MJ Montero están vendiendo en las redacciones de los medios que el final del proceso significa un clamoroso triunfo del Fisco y una derrota estrepitosa de Shakira. No hay tal como puede comprobarse acudiendo a los datos estrictamente objetivos del caso.
Recordando lo sucedido, señalemos que acusada por la Agencia Tributaria de haber defraudado 14,5 millones de euros en sus declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio relativos a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 por simular que no era residente fiscal en España, la Fiscalía solicitaba una condena de Shakira que implicara el pago de los 14,5 millones supuestamente defraudados junto a 2,5 más por los intereses de demora devengados y a una sanción de 24. En total, 41 millones de euros. Y junto a ello la Fiscalía, en connivencia con la AEAT, solicitaba también que la cantante fuera condenada a ocho años de prisión. Frente a esto, la defensa de la cantante solicitaba su absolución, lo que, lógicamente, suponía no pagar cantidad alguna y por supuesto no ingresar en prisión.
Finalmente, y según los términos del acuerdo extrajudicial pactado, la cantidad que finalmente pagará Shakira serán 24,5 millones de euros sin que, además, vaya a cumplir pena de privación de libertad. Es decir, que, como sucede en todos los pactos, cada parte ha realizado una cesión parcial de sus pretensiones iniciales. Shakira aspiraba a no tener que pagar nada y, sin embargo, tendrá que asumir el pago de los citados 24,5 millones de euros. Por su parte, la Fiscalía -y la AEAT- han tenido que renunciar a 16,5 millones de euros de los que pretendían que pagase Shakira. Y en lo que hace al solicitado ingreso en prisión, de los ocho años que pretendían los acusadores, Shakira no cumplirá ni un solo día, tal y como ella solicitaba. En términos deportivos, podría decirse que el resultado final ha sido un empate.
Presentar lo declarado por la artista ante el juez como una confesión de su culpa resulta escandaloso y constituye una grosera adulteración de la verdad
Pese a lo anterior, desde el Ministerio de Hacienda se está adulterando lo sucedido transmitiendo soto vocce a todo el que quiere escucharle que el Fisco ha tenido un exultante éxito, consiguiendo que, debido a la excelente labor de investigación llevada a cabo por los chicos de MJ Montero, Shakira haya acabado claudicando teniendo que confesar la comisión de los ilícitos que se le achacaban. Dejamos la pretendida excelencia investigadora para después, pero presentar lo declarado por la artista ante el juez como una confesión de su culpa resulta escandaloso y constituye una grosera adulteración de la verdad. Es así dado que, en función de nuestro ordenamiento judicial, el reconocimiento de la culpa por un acusado constituye un requisito obligatorio para alcanzar un acuerdo extrajudicial. Quiere decirse que, para suscribir el empate que se ha suscrito, lo declarado por Shakira no es más que un hito instrumento necesario para evitar un juicio que, como todos, tendría un final incierto de haberse celebrado, por lo que la posible entrada en prisión constituía un riesgo. Aquellos que pretenden calificar lo declarado por Shakira como una confesión real de culpabilidad, tendrán que aceptar que su valor es el mismo que tienen las confesiones que en cualquier dictadura son arrancadas a los detenidos mediante la amenaza de una tortura en el supuesto de no hacerlas.
Entrando ya en el autobombo con el que las huestes de MJ Montero explican su pretendido triunfo -ficticio como hemos evidenciado- en base a la magnífica investigación realizada por los órganos del Ministerio de Hacienda que, según ellos, había demostrado la certeza de las acusaciones realizadas contra Shakira, debe negarse la mayor. Si lo que dicen fuera cierto, ni el acusador -la Fiscalía- ni su mandante -la Agencia Tributaria- habrían aceptado empate alguno y no habrían suscrito un acuerdo por el que se renuncia a ingresar 16,5 millones de euros en las arcas públicas. Si la supuesta defraudación de Shakira estuviera fehacientemente acreditada y la victoria judicial fuera segura, ceder esta importante suma de dinero constituiría una grave irresponsabilidad e, incluso, una posible conducta malversadora por parte de los que lo han hecho. De modo que ¡Menos lobos Caperucita!
Queda referirse a la pretendida excelencia investigadora llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda. Para percibir hasta qué punto el proceso investigador ha sido cualquier cosa menos excelente, basta con subrayar cómo se ha desarrollado. Primero se elige a la víctima que ha de ser un personaje público al que, mediante sucesivas filtraciones a los medios, se le presenta como una especie de anticristo cuyas maldades van a ser corregidas y castigadas por el benefactor Gobierno socialista. Después, se continúa la función filtrando datos de la investigación para demostrar la eficacia de los investigadores de MJ Montero a la hora de descubrir y probar los supuestos delitos que ha cometido la víctima elegida. Y es aquí donde entran en juego las innumerables declaraciones testificales conseguidas y aportadas al juez por la Agencia Tributaria. Merece la pena detenerse en esta cuestión.
Al ser requeridos por los funcionarios del organismo que les pueden inspeccionar, y aunque habían pasado varios años, todos recordaron con inusitado detalle las sucesivas presencias de Shakira en su tienda, en su peluquería o en su restaurante
Según lo filtrado a la prensa por los colaboradores de MJ Montero, resulta que cientos de testigos habrían declarado a la Agencia Tributaria desde 2016 en adelante -periodo de la investigación- que recordaban con nitidez las fechas de diversas estancias de Shakira en España que tuvieron lugar en 2012, 2013 y 2014, dos, tres, cuatro o cinco años antes. Caray ¡qué memoria! Casi tanta como la que necesita un opositor aspirante a entrar en el cuerpo de Inspectores de Hacienda, en el de Abogados del Estado o en el de Fiscales. Pero hay que fijarse en una casualidad concurrente pues, según lo filtrado, sucede que estos testigos son titulares de pequeños negocios, comercios de todo tipo, locales abiertos al público para prestar diversos servicios o establecimientos de hostelería. Todos ellos susceptibles de sufrir en cualquier momento una inspección tributaria y, por consiguiente, objetivamente amenazados por la citada circunstancia. Y curiosamente, al ser requeridos por los funcionarios del organismo que les pueden inspeccionar, y aunque habían pasado varios años, todos recordaron con inusitado detalle las sucesivas presencias de Shakira en su tienda, en su peluquería o en su restaurante. En las condiciones descritas es fácil imaginar que el requerido acomoda su respuesta a lo que cree que se desea que responda. En eso ha consistido la excelencia investigadora de las huestes de MJ Montero. De eso presumen en el Ministerio de Hacienda.
Sinceramente, creo que el valor probatorio en sede judicial de este tipo de testimonios vale lo mismo que un peso argentino en la actualidad: menos que nada. De ahí que los acusadores hayan tenido que conformarse con el empate, resultado que ni siquiera habrían conseguido de no mediar el riesgo para Shakira de la privación de libertad en el caso de una derrota judicial, probabilidad que nunca puede desecharse al iniciarse un juicio pues, cuando comienza uno “nadie tiene atada la vaca” como dicen los argentinos. Es esa una baza que utiliza nuestro Fisco, el deseo de cualquier contribuyente afectado de evitar un largo periodo de incertidumbre que, incluso en el supuesto de la victoria judicial final, le supondría tener que soportar hasta entonces el consiguiente sufrimiento personal y familiar además de un perjuicio profesional y reputacional.
Concluyo refiriéndome a una entreviste que concedí el viernes pasado a una cadena televisiva argentina cuyas emisiones se extienden a toda Latinoamérica. En ella pude constatar el interés que el caso Shakira ha despertado en aquella región y constaté asimismo el desprestigio allí cosechado por el Fisco español, por lo que consideran una actuación nada edificante en la que el poder tributario del Estado se ha utilizado abusivamente contra un chivo expiatorio para fines también escasamente edificantes. Acosar fiscalmente a una famosa como Shakira con los procedimientos descritos y filtrar de modo adulterado los vericuetos del acoso para escenificar que el Gobierno lucha contra los ricos y poderosos es una conducta carente de cualquier ética y absolutamente indigna. Así lo ven también al otro lado del charco.