“La burocracia es la muerte de cualquier logro.” Albert Einstein

El pasado 4 de diciembre, tres semanas antes de que Araceli se convirtiese en la primera persona vacunada en España, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que entre 15 y 20 millones de personas estarían vacunadas en junio. A finales de verano sería el 70% de la población, unos 30 millones de personas. La misma idea trasladó el presidente del Gobierno esta misma semana, cuando ya conocíamos los problemas de producción aducidos por Pfizer y AstraZeneca, y casi a la vez que la Comunidad de Madrid suspendía su campaña de vacunación ante la falta de suministros, y Cataluña anunciaba el agotamiento de sus reservas.

En noviembre había anunciado, orgulloso, que sólo Alemania contaba con un plan de vacunación similar al de España, y que pondría a disposición de los ciudadanos más de 13.000 puntos de vacunación, correspondientes a otros tantos centros de atención primaria. Muy pocos se han hecho eco de las declaraciones de los profesionales sanitarios reduciendo a la mitad el número de centros de vacunación disponibles, al menos en una primera etapa, debido a las dificultades de conservación de la primera vacuna.

Estrategia de adquisición

Se ha glosado la historia de los emigrantes turcos que fundaron BioNTech, pero pocos difundieron las declaraciones de su fundador, en las que se mostraba sorprendido por la estrategia de adquisición de vacunas de la UE. Según el mismo diario, los EEUU, con 328 millones de habitantes, habían asegurado 600 millones de dosis de BioNTech en julio, el doble que la UE, con alrededor de 450 millones de habitantes, que sólo hizo el pedido en noviembre, como efectivamente anunció la Comisión el 11 de ese mes. La propia AstraZeneca, por medio de su director general, señaló el miércoles que la Comisión había firmado tres meses después que el Reino Unido el contrato con su empresa, por un total de 300 millones de dosis y una opción de otros 100 millones adicionales. El acuerdo con Sanofi, por otros 300 millones de dosis, se anunció en septiembre; en octubre se anunció el de Johnson and Johnson (400 millones de dosis), y en noviembre el de CureVac (por 225 millones de dosis con opción a otros 180 millones más) y, por último con Moderna, por 160 millones de dosis, en los últimos días del mes de noviembre. A fecha de hoy, sólo las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna y Astrazeneca están autorizadas. Todo esto son datos de la Comisión, que ha sido el organismo encargado de llevar las negociaciones en nombre de la UE.

En la operación de recuperación socio-sanitaria más importante que jamás haya enfrentado la Unión Europea, nuestros representantes son incapaces de ofrecernos una explicación acerca del cómo, del cuánto y del cuándo

Cuando el 27 de agosto la Comisión anunciaba su primer acuerdo con AstraZeneca, la administración norteamericana ya había invertido 11.000 millones de dólares en muchas de esas compañías en el marco de la operación Warp Speed, para alcanzar los 18.000 millones en diciembre. A día de hoy, seguimos sin saber cuánto hemos pagado por las vacunas (la página oficial que explica la estrategia de vacunación habla de “una buena parte de los 2.700 millones de euros del Instrumento de Asistencia Urgente”, sin precisar más), ni las condiciones de los contratos; eso no impide a algunos burócratas ampararse en el artículo 122 del Tratado de la Unión para exigir un día la intervención de las compañías que producen en suelo europeo, para otro quejarse por la deslocalización de las mismas empresas a China o India. En la operación de recuperación socio-sanitaria más importante que jamás haya enfrentado la Unión Europea, con casi medio millón de fallecidos oficiales y cerca de 20 millones de infectados, nuestros representantes son incapaces de ofrecernos una explicación acerca del cómo, del cuánto y del cuándo, algo absolutamente inaceptable en una democracia. Las mismas instituciones que se llenan la boca de transparencia son incapaces de predicar con el ejemplo.

Ritmo de vacunación

Vacunar a 15 millones de españoles, como ha prometido el Gobierno, en su versión más conservadora, supone vacunar 555.000 personas en cada una de las 27 semanas que transcurren hasta el 30 de junio, esto es, 111.000 personas cada día, supuesto que todas las personas recibiesen una única dosis. Han transcurrido cinco semanas desde el inicio de la campaña y sólo 175.000 personas han recibido ya la pauta completa, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Hay que vacunar, por tanto, a 14.825.000 más en las 22 que faltan, lo que sube el ritmo de vacunación hasta las 675.000 semanales, en números redondos, y siempre, insisto, suponiendo una única dosis. No es una tarea imposible, pero, habida cuenta de los problemas de todo tipo a los que nos estamos enfrentando, parece, al menos, complicado.

Varios medios están centrando sus críticas en la falta de compromiso de los laboratorios, que poco menos que estarían estafando a la Comisión Europea. Muy pocos se han planteado que, quizá, nuestro mega Estado europeo sea demasiado lento, que la burocracia pese demasiado y lastre las decisiones que debían haberse tomado hace meses. La estrategia de la negociación colectiva se ha mostrado un desastre absoluto, precisamente por la falta de agilidad de nuestro sistema común, más preocupado de no equivocarse que de tomar decisiones operativas. Muy pocos han dudado de las palabras de Sánchez, el mismo que habló de la derrota del virus en junio y nos invitó a salir, disfrutar y consumir.

Todos giran ahora la cabeza al norte y señalan a Bruselas y a las malvadas farmacéuticas, empresas privadas cuya investigación, y no la del Estado, es la que logrará vencer al virus

La esperanza, la desesperación y la fatiga pandémica, además, quizá, de los 100 millones de euros en publicidad institucional aprobados en abril de 2020 y los 112 millones adicionales aprobados este mes de enero, llevan a que cualquier declaración del Gobierno sea aceptada sin espacio para la discusión, pese a que, como vengo denunciando en estas mismas páginas desde el pasado mes de abril, estemos en presencia del gobierno que más ha mentido en la historia de la democracia española.

El documento “vivo” que recoge la estrategia española de vacunación lleva sin actualizarse desde el 2 de diciembre, y en él sólo se recogen una serie de brindis al sol del tipo “Será de gran ayuda disponer de guías, protocolos y materiales de información…”, “Todo el proceso requerirá de una plena colaboración…” etc. Cuando llegó la primera caja de vacunas, bien se ocuparon algunos de ponerle las pegatinas de Gobierno de España, pero, ahora que vienen malas, es la pegatina con la bandera de la UE la que ocupa su lugar; todos giran la cabeza al norte y señalan a Bruselas y a las malvadas farmacéuticas, empresas privadas cuya investigación, y no la del estado, es la que logrará vencer al virus. Quizá ha llegado el momento de dudar, y de que los medios levanten la voz para hacer las preguntas que los ciudadanos nos planteamos. Aunque, claro, esto, como lo de la “gripe” de hace un año, tampoco se podía saber.