Un poco más de tres millones de electores han votado a diversos partidos, y más de dos millones se han abstenido (42,05%), porcentaje superior a la media del 38% en las 14 legislaturas habidas entre 1980 y 2024.
Ocho partidos han obtenido escaños: cuatro partidos secesionistas (Junts, ERC, CUP y AC) y cuatro partidos constitucionales (PSC, PP, Vox, Comuns) con esta distribución de votos y escaños: los partidos constitucionales han obtenido 1.645.892 votos con 74 escaños (54,9%) y los partidos secesionistas han sido votados por 1.348.183 electores y han obtenido 61 escaños (45%). Esta mayoría de votos a partidos constitucionales se ha dado en siete legislaturas (50%), pero en todas las legislaturas han gobernado los secesionistas, incluso como veremos, con los dos gobiernos tripartitos del PSC con ERC e ICV.
Podemos dar por aceptable esta distribución: con los partidos secesionistas no hay duda; su ideario y conductas antiespañolas lo confirman. Con los partidos constitucionales habrá lectores, con fundados motivos, que pongan en duda el carácter netamente constitucional del PSC e incluso de los comunistas con sus diversas siglas (ICV-Comuns). El hecho incuestionable es que PSC e ICV, en 2003 y 2006, pactaron gobiernos tripartitos con ERC, cuya ejecutoria fue ser más nacionalistas que CIU, que había gobernado 23 años seguidos, entre 1980 y 2003, con tres mayorías absolutas y las otras 3 sin mayoría, pero con apoyos.
La hegemonía de CIU, con liderazgo de Pujol, sin oposición real durante más de dos décadas, corrompió las instituciones autonómicas, manipuló la conciencia de muchos ciudadanos a través del adoctrinamiento escolar, el proselitismo de los medios y la bien nutrida red clientelar. A final de los años 90 ya había una masa social proclive a la secesión. Los gobiernos tripartitos, entre 2003 y 2010, presididos por socialistas (Maragall y Montilla) la legitimaron con el nuevo Estatuto inconstitucional animados por Zapatero, el irresponsable.
Los ciudadanos catalanes libres de nacionalismo se opusieron muy mayoritariamente en las calles en octubre de 2017 bajo el lema “Basta, recuperemos la sensatez”
Después, otra vez CIU, con Mas y Puigdemont, y otros partidos secesionistas, más asociaciones institucionales, como la AMI, y civiles como ANC, creadas ad hoc, llevaron a la sociedad catalana al proceso insurreccional de 2017. El Estado constitucional respondió tarde y mal con el art. 155 CE, incapaz de revertir el desorden secesionista. Los ciudadanos catalanes libres de nacionalismo se opusieron muy mayoritariamente en las calles en octubre de 2017 bajo el lema “Basta, recuperemos la sensatez”. En el marco del art. 155 CE el Estado convocó elecciones en 2017, la suma de los partidos secesionistas se hizo otra vez con el poder, pese a que la suma de las fuerzas constitucionales obtuvo más votos, pero menos escaños gracias al irracional sistema electoral. La agitación secesionista continuó con ERC, Aragonés en la Generalidad, y con Puigdemont en Bélgica, huido de la justicia, pavoneándose de la “antidemocrática” España. Las élites secesionistas movieron a la violencia que dominó las calles con el eufemístico Tsunami democràtic, investigado ahora por organización terrorista.
Para emponzoñar más la situación entra en escena la forzada mayoría de Sánchez (PSOE) que, para hacerse con el poder en 2018, contó con los secesionistas vascos y catalanes que vieron una oportunidad de oro para afianzar sus fines antiespañoles. Contraviniendo la lógica constitucional del art. 155 aplicado, indultó a los condenados por delitos de sedición, malversación y desobediencia. Ahora, su dependencia de los secesionistas le lleva a conceder, contra toda razón constitucional, la amnistía por sus delitos; es decir, que quien delinquió fue el Estado por condenarles. Si finalmente la ley de amnistía es aprobada por el Congreso de Diputados, pese al veto del Senado, la arbitrariedad, esto es, el juego de los intereses de poder formará parte del orden constituido al disolver su piedra angular: la integridad del Estado de Derecho, a no ser que entre en contradicción con la Justicia de la UE.
Las recientes elecciones autonómicas catalanas hay que ubicarlas en este incivil y beligerante marco expuesto, necesariamente sintético.
En una primera aproximación estos son los hechos: Las elecciones fueron el domingo 12, ningún partido ha obtenido mayoría para gobernar (es falso que haya ganado Illa del PSC. En la legislatura de 1984 obtuvo un número similar de votos y en la de 1999 más de un millón, pero no gobernó); unos han subido (PP y PSC); otros han bajado (ERC, CUP, Comuns); otros han desaparecido (Cs); otro ha venido (AC); otro se han mantenido en escaños, pero con más votos (Vox) y; otros, como Junts, se han mantenido si miramos sus datos en otras elecciones con otros nombres. La diferencia es que esta vez la suma de los partidos secesionistas no da la mayoría, pero si, en cambio, la suma de los partidos constitucionales, según la clasificación apuntada al principio, pero es impensable, ¡anathema sit! unir en un programa básico a PSC, Comuns, PP y Vox (74 escaños) que vuelva a situar a Cataluña en la vía constitucional.
En muchos de estos partidos ha calado el marco conceptual de los secesionistas: son como las prendas de vestir reversibles: constitucionales y/o soberanistas según los intereses. Alguien puede imaginar que Illa president revertirá el genocidio del español en las aulas catalanas; que garantizará el pluralismo de los medios públicos; que eliminará el coste absurdo de las “embajadas” por todo el mundo; que hará cumplir la Constitución para que los símbolos españoles estén presentes desde su despacho hasta el último ayuntamiento…
Así las cosas, que pueda haber un gobierno dentro de plazo no depende de un análisis racional sino de pactos entre partidos, cálculos, cesiones y prebendas. Excluyendo la repetición de elecciones hay tres opciones posibles: el “tripartito” (PSC, ERC, Comuns); el de “Puigdement president” (Junts, ERC, CUP) con la abstención del PSC; el “constitucional” (PSC, PP) con la abstención de VOX. Pero, atentos los manejos partidistas ya han empezado, por una parte la conjura del PSOE con Junts (Santos Cerdán y Puigdemont) se reúne en secreto en Suiza, el corrupto Junqueras (es corrupción política revelarse contra la Constitución) vuelve al primer plano de ERC tras la debacle electoral y la retirada de Aragonés. El experimentado Joan Tardà (ERC) opta por investir a Illa, es decir otro tripartito. Con ello, ERC lograría, pese a haber sido desautorizado en las urnas, un triple poder: en la Generalitat, seguir obteniendo prebendas de Sánchez y marginar a Puigdemont (Sánchez lo necesita menos de lo que piensa).
Los factores de la decadencia
Estos manejos políticos de los votos ciudadanos nos aleja de la calidad democrática. La cultura política creada durante cuatro décadas cuestiona nuestro modelo electoral y partidocrático que nos aproxima a sistemas iliberales propios de falsas democracias.
En el caso catalán, algunos factores explican la decadencia de nuestro sistema de representación democrática:
1. Sistema electoral proporcional escorado. O sesgado, pues los votos no valen lo mismo en las 4 provincias. Beneficia a los secesionistas. Un escaño de Barcelona vale 48.000 votos; uno de Lérida, 21.000. Las tres provincias pequeñas tienen más diputados por habitantes (Tarragona, 18; Gerona, 17 y Lérida, 15) que Barcelona (85).
No es más democrático, simplemente promueve la fragmentación, la dispersión de esfuerzos, las maniobras interesadas de los partidos ajenos al interés general y, en definitiva, la inestabilidad crónica del sistema. Otros países con modelos proporcionales han avanzado a modelos más representativos, como el sistema mixto equilibrado (vigente en Alemania) o con predominio mayoritario (vigente en Japón).
2. Dualidad derecha e izquierda. En España no hay tradición de unión constitucional de derecha e izquierda, como en otras democracias, pongo por caso la alemana (Grosse koalition). En nuestro caso priman los cordones sanitarios de exclusión.
3. Unidad de partidos secesionistas. Pueden competir, pero se unen para mantener el poder antiespañol. Así en 8 legislaturas de 14 (57,14%). En estas elecciones no suman.
4. Incompatibilidad hasta la exclusión de partidos constitucionales. Entre PSC y PP; entre PSC y VOX, tachado de ultra por los socialistas; entre PP y Comuns; entre PP y Vox, pero han pactado en gobiernos autonómicos.
El análisis de los datos electorales y pactos en las 14 legislaturas catalanas dan la siguiente realidad que conforma una concreta cultura política alejada de estándares de calidad democrática representativa:
- Por votos válidos: siete legislaturas han tenido mayoría los partidos secesionistas y siete los partidos constitucionales (50% -50%), pero…
- Por gobiernos constituidos: tres mayorías absolutas de un partido CIU (21,4%); ocho de pactos de partidos secesionistas; dos de pactos mixtos secesionistas/constitucionales (los tripartitos entre 2003-2010); falta el actual. Es decir, el sistema está gripado, es decir, bloqueado, agarrotado. Muchos ciudadanos han decidido desde hace tiempo no participar en las elecciones, por eso la tasa de abstención es tan alta (superior al 40% en siete legislaturas, es decir, el 50%); entre otros motivos, no se sienten representados.
En consecuencia, los datos y motivos expuestos ponen en evidencia que, por acción y omisión, hemos creado una cultura de representatividad democrática manejada por los partidos al margen de los ciudadanos. Desde el punto de vista de la representatividad real es un fraude democrático porque los ciudadanos no determinan con su voto el gobierno sino la partidocracia. Aun aceptando que no hay un sistema electoral ideal, ganar en calidad representativa es posible y comporta garantizar que son los ciudadanos, no los partidos, quienes determinan el gobierno y la oposición en la noche electoral.
