Sumisión institucional

En las democracias liberales modernas nos hemos acostumbrado, los últimos años, a la pérdida de relevancia del ámbito parlamentario, cuando debiera ser todo lo contrario. El Poder Legislativo es el único de la terna (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que se establece directamente por la voluntad del pueblo. Los otros dos resultan (en teoría) por acuerdos a los que se llega en el seno del primero. No obstante, observamos cómo el Ejecutivo ha ganado poder en los últimos años con respecto al resto, en detrimento, principalmente, del Legislativo.

Las crisis agravan la calidad democrática, no solo porque los líderes políticos no sepan reaccionar a tiempo ante eventualidades adversas o no previstas, sino también porque los ciudadanos nos acomodamos ante el paternalismo del liderazgo político. En otras palabras: ante momentos de gran incertidumbre, elegimos seguridad en detrimento de libertad. Y es en estas situaciones cuando el poder político en el que reside la soberanía popular debiera tener un papel principal en el devenir de un Estado.

Es evidente que el Parlamento debe erigirse como principal punto de conexión entre la sociedad civil y la toma de decisiones públicas, con el objetivo de escuchar y observar la realidad económica, social y tecnológica que conforma la sociedad en la que vivimos. Y así poder elaborar y mejorar las diferentes propuestas de leyes para que los que vayan a hacer uso de ellas, esto es, la sociedad civil, las asuman como propias. Aunque no siempre es así.

La soberbia ideológica y el matonismo institucional que caracteriza la actuación del Ejecutivo respecto a temas variopintos, tiene y tendrá consecuencias

La falta de tiempo y la infinidad de asuntos que desde la sociedad civil se reclaman a nuestros políticos es infinita y, en consecuencia, es imposible que se aborden todos ellos de forma óptima para la totalidad de los afectados.

No obstante, una cuestión es no tener tiempo material para poder atender todos los asuntos que le son requeridos y otra muy distinta desdeñar la voz de la sociedad civil totalmente (véase la tramitación de la última reforma educativa o Ley Celaá) o solo escuchando a sus allegados (ley libertad sexual, ley de memoria democrática, etc.). Legislar ad personam o, directamente, cerrar el Parlamento. La soberbia ideológica y el matonismo institucional que caracteriza la actuación del Ejecutivo respecto a temas variopintos, tiene y tendrá consecuencias

Es necesario que el Legislativo y, por supuesto, los parlamentarios que lo integran, sean conscientes de dónde están y qué papel deben desempeñar; que no es ni mucho menos ser correa de transmisión del Ejecutivo ni tampoco de los partidos políticos. Su papel debe ser el de acortar la distancia existente entre esa realidad social que a veces, parece, tienen tan lejana nuestros representantes y altos cargos. Limitar el campo de actuación y, por tanto, el valor del Poder Legislativo en nuestro sistema político pone en jaque a nuestra democracia, además de ahondar en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones.

España pasó de ser considerada una democracia plena a una defectuosa en 2022, según The Economist. Al ritmo que vamos, bajaremos al siguiente escalón (sistema híbrido) más pronto que tarde. Existe un desequilibrio de poderes políticos preocupante. El Poder Judicial está a punto de sucumbir ante el Ejecutivo tras una grosera maniobra de puertas giratorias. Al Legislativo no se le puede denigrar más. La Sociedad Civil debe reaccionar. La cuestión es cuándo lo hará. Dentro de un año puede ser demasiado tarde.