Semana histórica para el porvenir de España. Para algunos tan sólo habrá sido una concatenación de entrevistas de líderes políticos en televisión, una cascada de noticias sobre la sanidad y la atención primaria, y un dato de inflación en Estados Unidos mejor de lo esperado. Pero la realidad es muy distinta. Lo que ha ocurrido en los últimos días es de una importancia extrema, y por ello no debería pasar a nadie desapercibido. Lo podemos resumir de la siguiente manera: Pedro Sánchez ha puesto la alfombra roja para que Carles Puigdemont vuelva a España mientras echa a patadas del país a decenas de miles de generadores de empleo y riqueza.
La reforma del delito de sedición es una cuestión de primer orden nacional. No voy a entrar en cuestiones jurídicas, sino económicas. La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la prosperidad de cualquier economía. ¿Quién va a venir a invertir en un país en el que las leyes se modifican a la orden de quienes quieren incumplirlas? ¿Cómo es posible que alguien pueda arriesgar su patrimonio y el de sus allegados para hacer algo en lugares de España en los que se van a poder poner urnas ilegales y montar desórdenes públicos de primer nivel de forma impune?
Los datos de inversión extranjera en España son claros: los flujos de inversión se han desplomado a la mitad desde que Sánchez es presidente. No ha sido por la pandemia, pues ya cayeron en 2019; no ha sido por la crisis económica, pues en 2021 crecieron ligeramente. Lo que ha ocurrido es que la política de globos sonda, inseguridad jurídica y ataque sistémico a los pilares de la democracia liberal ha traspasado nuestras fronteras y nos está afectando a todos.
El proceso de acoso y derribo a los pilares de nuestro sistema democrático comenzó en 2018 y ha sido constante desde entonces. Ahí está el Poder Judicial empantanado y desnortado, la okupación -con k- de las instituciones (Fiscalía General del Estado, CIS, RTVE, INE…), el férreo control de los medios de comunicación y de los contrapoderes, los ataques a pilares de la Constitución del 78 como es la Monarquía Parlamentaria (que sí fue refrendada por la inmensa mayoría de los ciudadanos) o la unidad de España. Y, por supuesto, un elemento fundamental de ese acoso y derribo estriba en el sistema fiscal.
España lleva siendo varios años algo muy parecido a un infierno fiscal. Los pocos (cada vez menos) que pagamos impuestos tributamos en un porcentaje muy elevado de nuestro poder adquisitivo, mientras que dos de cada tres puestos de trabajo se crean en el sector privado y cada vez hay más personas viviendo de alguna manera de una nómina pública.
Veamos algunos datos:
⦁ En España casi el 40% del coste laboral por trabajador se va en impuestos. La media de la OCDE es del 34,6%, mientras que en Estados Unidos es del 28,4%.
⦁ El esfuerzo fiscal en el impuesto de sociedades en España es un 28% superior a la media europea.
⦁ La tributación del ahorro en España llega al 100% en algunos casos y lugares del país.
⦁ Además de aplicarse impuestos como sucesiones, donaciones o patrimonio que no existen en prácticamente ningún lugar de Europa por ser injustos y expulsar la actividad económica.
Sánchez también ha afirmado que va a poner en marcha el Impuesto de Patrimonio 2.0 vía enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. Y lo llamo impuesto de patrimonio porque si grava lo mismo que patrimonio, a los mismos que grava patrimonio, y en las mismas condiciones que patrimonio no es "impuesto de solidaridad", es un impuesto de patrimonio.
Un gravamen, por cierto, inconstitucional en el contenido y en las formas, que genera agravios entre Comunidades Autónomas, y que es un pasito más en ese esfuerzo por alejar a nuestro país de las democracias liberales europeas.
El último país que impuso un "impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)" fue, como el nombre del tributo indica, Argentina, en 2019. No hace falta que les diga en qué situación se encuentra esta economía actualmente: inflación del 50%, pobreza por las nubes, desigualdad creciente y un régimen autoritario disfrazado de democracia. Ninguna democracia europea está tan siquiera debatiendo sobre este impuesto porque ya ha demostrado su capacidad de destrucción en lugares como Francia.
El impuesto de patrimonio 2.0, además, es un ataque contra regiones como Madrid, Andalucía y Galicia, que son las únicas que lo han eliminado de facto en todo el territorio nacional. ¿En qué cabeza cabe que un país puede mejorar si su Gobierno Central ataca a casi el 40% de la población nacional?
Por no hablar de su notable inconstitucionalidad. El impuesto de patrimonio está regulado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, su modificación debe hacerse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con un acuerdo entre todas las regiones. No por Real Decreto y con una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. Veremos si hay herramientas para pararlo con carácter preventivo. Pero, con la información con la que contamos ahora mismo, lo que puede ocurrir es que este tributo podría estar operando hasta que el Tribunal Constitucional declarase su inconstitucionalidad, proceso que podría alargarse hasta 5 años. Mientras esto ocurre, en lugares como Madrid ya se ha advertido de que la recaudación podría reducirse hasta 5.000 millones de euros. Y estos son unos recursos que sí se destinan a educación y sanidad, como ya hemos analizado en esta columna (lean).
Por si lo anterior fuera insuficiente, esta semana también han echado a andar los impuestos a la banca y a las energéticas. A Sánchez le importa entre poco y nada el encaje institucional de España en Europa. No se puede entender de otra manera el ataque frontal al BCE, un organismo que lo único que ha hecho es publicar un informe firmado por 30 altos cargos en el que se advierte de los riesgos que tiene este impuesto.
Tampoco le importa mucho, al parecer, la solvencia del Tesoro Público español. El BCE tiene el 34% de nuestra deuda pública y ha comprado el 100% de nuestras emisiones netas de deuda en 2020 y 2021. Escupir la mano que nos da de comer es una postura que adoptó Syriza en 2010 y todos sabemos cómo acabó Grecia entonces. No me gustaría ver a España en una situación ni parecida, aunque parece que esa preocupación no es compartida por el presidente del Gobierno.
A Sánchez le importa entre poco y nada el encaje institucional de España en Europa. No se puede entender de otra manera el ataque frontal al BCE
Y, por supuesto, tampoco le importa (es más, desprecia) las intenciones de quienes están generando miles de empleos y miles de millones de riqueza. Los CEOs de Repsol, de Iberdrola, y de parte de la banca se han visto en la obligación de posicionarse públicamente ante la concatenación de ataques (económicos y personales) que están sufriendo, y por ello no es de extrañar que Iberdrola haga una apuesta decidida por Estados Unidos en lugar de España.
En Acción Liberal Think Tank for Freedom organizamos el pasado 10 de octubre una conferencia con Julio Isamit, exministrio de Chile, para comentar la situación de su país. Su veredicto fue claro: La revolución ha sido posible porque no ha habido instituciones a las que acudir cuando los revolucionarios se han alzado. En este enlace pueden consultar el vídeo de la sesión. O, dicho de otra manera, El neocomunismo que se extiende por América Latina de forma incontrolada necesita de dos condiciones suficientes para seguir su conquista: la pobreza y la ausencia de pilares democráticos liberales. Ambas se están dando en España, y a un ritmo muy elevado. El presidente Sánchez es alérgico a la Constitución y la factura la pagaremos todos.
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Diría que origen de nuestros problemas es nuestra mentalidad, nuestra actitud basada en creencias erróneas. Las creencias determinan las actitudes de la gente.
Los políticos en general, y los de izquierdas particularmente, y también los sindicatos, nos han llenado la cabeza de mensajes promocionando "el reparto de la riqueza", los “derechos sociales” y "el estado del bienestar". Estos mensajes tienen un efecto nefasto en la sociedad ya que promueven la creencia de que el dinero cae del cielo, o la exigencia de que sean los demás los que generen la riqueza y nos regalen la parte que supuestamente nos toca para disfrutar del bienestar al que nos dicen que tenemos derecho, lo que desincentiva la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad y nos lleva inexorablemente a la pérdida de competitividad y de progreso, al paro, a la ruina y a la miseria.
Pero repartir regalos, subsidios y subvenciones con el dinero de los demás, con el dinero de los empresarios y trabajadores sujetos a la competencia, proporciona un volumen considerable de votos a los políticos corruptos y degenerados, a quienes la miseria y la decadencia de la nación les importa un pepino mientras ellos puedan seguir disfrutando de sus elevados sueldos públicos y sus escandalosos privilegios (pagados obligatoriamente por estos mismos empresarios y trabajadores sujetos a la competencia).
Hay que cambiar las creencias para que cambien las actitudes. Hay que promocionar la cultura del esfuerzo, de la responsabilidad, del mérito, del reconocimiento del trabajo bien hecho. Para ello, los políticos y sindicalistas deberían ser los primeros en actuar en coherencia con estos principios y dar ejemplo a la sociedad, cosa que, como podemos comprobar cada día, en absoluto están dispuestos a hacer.