Ni media hora había pasado este martes del anuncio de acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para el apoyo de los de Inés Arrimadas a la sexta prórroga del estado de alarma, cuando ya estaba saliendo al quite el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, a pedir a Pedro Sánchez que aclare la "confusión" del texto porque da la sensación de que "volvemos al mando único" contra la pandemia. Algo que el nacionalismo vasco y el catalán (ERC) rechazan de manera rotunda y considera casus belli para darle su apoyo.
La "confusión" duró pocas horas, pero no se me ocurre mejor metáfora para describir lo que me parece está siendo desde el 14 de marzo un continuo soplar y sorber del presidente del Gobierno, una cosa y la contraria, con tal de no perder votación alguna en el Congreso y evitar este titular: "La legislatura salta por los aires"... Y, si para ello hay que decirle a todo el mundo aquello que quiere oír, se lo dice; que de lo que se trata es de ganar tiempo a ver si escampa.
El problema es que, lejos de escampar, los 44.000 muertos son solo los rayos y truenos de la tormenta por llegar. La lluvia torrencial en forma de paro -760.000 en mayo, a los que habrá que sumar buena parte de los 2,9 millones de españoles ahora en un ERTE- y una ortodoxia presupuestaria que conjure el fantasma del rescate llegará en otoño. Entonces Sánchez necesitará, sí o sí, algún tipo de acuerdo parlamentario que le salve de la inundación, entre las dos fuerzas centrales que lo siguen siendo: PSOE y PP. Y también Unidas Podemos y C's, si no se declaran incompatibles.
La UE no adelantará ni un euro de los 77.324 millones en subvenciones "a fondo perdido" solo a cambio de promesas y sin un plan detallado hasta el último céntimo de las reformas macroeconómicas
Así de simple. Y si el gabinete de coalición no lo ve, se lo hará ver una Unión Europea que no va a adelantar ni un euro de esos 77.324 millones en "subvenciones a fondo perdido" -está por ver que los países del norte apoyen ese plan de la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Layen- a cambio solo de promesas y sin un plan detallado hasta el último céntimo sobre el destino último del dinero. Un paper donde deben figurar las reformas macroeconómicas que exige, incluido el mantenidmiento de la reforma laboral de Mariano Rajoy, el cual tendrá que estar registrado en Bruselas en octubre, lo más tardar.
Mucho me temo que bien en ese texto, o en el proyecto de presupuestos 2021, el Gobierno habrá de incluir "recortes", palabra maldita para la izquierda; dar marcha atrás en una materia tan sensible como las subidas de pensiones -la UE no comparte que vuelvan a ligarse al IPC- y el sueldo de los funcionarios. El panorama no parece a priori muy del gusto de un Pablo Iglesias que ya se está encargando de tejer un relato social propio, por si las moscas de una ruptura antes de tiempo.
El líder morado sabe, como sabe cualquier dirigente europeo, que toda ayuda va a llevar aparejada condicionalidad, explícita o diferida de seis en seis meses, que es el plazo que van a tener los gobiernos para informar de la marcha del plan en cada país. Y si no lo sabía, ya se lo dejó claro la mujer de negro que Von der Layen tiene sentada en el Consejo de Ministros: Nadia Calviño, encargada la vicepresidenta tercera de lanzar a quien tenía que oírle en La Moncloa un ultimátum para frenar el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral.
En Bruselas se observa con recelo que, para salir del atolladero en que le ha metido Marlaska, el Gobierno vaya a equiparar salario de guardias civiles y policías con los autonómicos: 247 millones más de gasto
En Bruselas, háganme caso, no gusta ese soplar y sorber, ese saltarse las líneas rojas en política económica que la canciller alemana, Ángela Merkel, entre otros, impusieron al presidente del Gobierno nada más llegar al poder en junio de 2018 en sustitución de Mariano Rajoy. Desde entonces, la Comisión y las altas instancias de la UE mantiene monitorizados a España e Italia, no por el coronavirus, sino porque en sus gobiernos están Unidas Podemos y el Movimiento Cinco Estrellas. Digámoslo claro
No gusta, por ejemplo, ver a Sánchez insistir en una derogación de la reforma laboral (2012) que la UE considera exitosa; ni ver como, a las primeras de cambio y para salir del atolladero en que le ha metido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el cese del coronel Pérez de los Cobos, cambia de opinión y ahora ya cree posible equiparar los sueldos de Guardia Civil y Policía a los de Ertzaintzas y Mossos de Esquadra: 247 millones de euros que hay que añadir al Ingreso Minimo Vital o a las decenas de miles de millones que van a costar los ERTE.
Un importante eurodiputado español me hacía esta semana la siguiente reflexión: "Cosas como esa (la equiparación salarial antes imposible) son difíciles de entender y le dificulta a Merkel convencer a las opiniones públicas no solo de Alemania, también de la Holanda del primer ministro calvinista Mark Rutte, o Austria y Finlandia, para que aflojen la cartera con España e Italia... Cuando Merkel vaya a hablar con Rutte, le replicara: ¿Para qué, Angela? ¿Para subir salarios de los funcionarios españoles?"... soplar y sorber.
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