Al cierre del primer trimestre de 2023, la deuda pública española según el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) era de 1.535 miles de millones de euros (mm.€), alrededor de 32.500 euros por español u 82.000 por hogar (según el INE el hogar medio tiene 2,5 personas).
La Administración Central (AC) y la Seguridad Social (SS) tenían emitida deuda a dicha fecha por importe de 1.494 mm.€, las Comunidades Autónomas (CCAA) por 322 mm.€ y las Corporaciones Locales (CCLL) por 23mm.€., lo que resulta un total de 1.839 mm.€. Esto da una diferencia respecto de la cifra de deuda PDE de 304 mm.€. La diferencia es básicamente la deuda de las CCAA en poder de la AC. La deuda de las CCAA de la que ahora se habla y se pretende condonar. Existirían otros 129 mm.€ de deuda emitida no sumados a las medidas anteriores por cuestiones metodológicas (datos al cierre de 2022 porque no están disponibles más actualizados). Ya saben ustedes que los despreciados contables somos muy nuestros con estas cosas.
La condonación de la deuda de las CCAA no aumentaría la Deuda PDE de España, sino que transferiría una mayor carga para hacer frente a dicha deuda a la AC en favor de las CCAA que quedarían, por así decirlo, limpias de deuda. Si esto se hiciera, la condonación, por ejemplo, reduciendo la participación de las CCAA en los tributos estatales cedidos (el 50% del IVA o del IRPF actualmente, por citar algunos) de manera discriminatoria en función de la deuda condonada, nada podría decirse. Es decir, si las CCAA a las que más se condona, más pierden porcentualmente de la recaudación futura, poco cabría qué oponer. Pero me temo que la idea de los solicitantes de la condonación no va por ahí, porque aquí el autogobierno y el hecho diferencial como razón del trato discriminatorio nos interesa según cómo.
No se cumpliría aquí el dicho de muerto el perro se acabó la rabia, porque España no ha sido tradicionalmente centralista por mucho que le pese a la derecha nacional
El título VIII de la Constitución, el referente al autogobierno de las regiones que componen España, es una fuente continua de conflictos políticos. Sin embargo, su supresión no arreglaría nada. No se cumpliría aquí el dicho de muerto el perro se acabó la rabia, porque España no ha sido tradicionalmente centralista por mucho que le pese a la derecha nacional que, erróneamente, es claramente jacobina. Por otro lado, la reforma constitucional requiere de un acuerdo amplio de las Cortes Generales en ambas cámaras y referéndum en su caso (artículo 167 de la Constitución), por lo que no parece posible dado el clima político actual y de los últimos lustros.
Más fácil parece, sin embargo, un cambio en la regulación de la financiación autonómica y en cómo se entiende las competencias de las CCAA.
La financiación autonómica adolece de un grave fallo, la irresponsabilidad de las CCAA que incurren en déficit porque gozan de la garantía del Estado cuando emiten y, lo que es peor aún, de la suscripción de sus instrumentos de deuda por parte de éste. Las CCAA, con excepciones, se comportan como treintañeros apalancados en el sofá del domicilio paterno, soberanos en el gasto, irresponsables en la consecución del ingreso y envidiosos del vecino aplicado que trabaja.
Deberíamos avanzar hacia una suerte de federalismo fiscal donde cada CCAA recaudase y contribuyese al sostenimiento del Estado sin aumentar más la maraña legislativa, de tal manera que las grandes figuras tributarias (IRPF, Sociedades, IVA y Seguridad Social) fueran iguales en todo el territorio nacional en favor de la unidad de mercado, como son ahora.
La reserva de privilegios de inembargabilidad no hace sino incentivar la irresponsabilidad fiscal de las administraciones y encarece, por tanto, el coste de su financiación al aumentar las primas de riesgo.
Las contribuciones a la Seguridad Social deberían quedar íntegramente en favor del Estado, como hasta ahora, que cubre las pensiones y el desempleo. El resto de impuestos citados, y algunos otros que también se comparten ahoran, serían legislados por el Estado, gestionados y recaudados por las CCAA. Una proporción de la recaudación, fijada por el Estado e igual para todos los territorios, sería cedida a éste para sostener los servicios comunes que presta: seguridad exterior e interior, justicia, servicio exterior e infraestructuras, básicamente. Una suerte de cupo entendido como un porcentaje fijo, al que cada CA puede añadir el porcentaje que quiera, de las bases imponibles de los tributos definidos por el Estado, introduciendo así la competitividad fiscal entre administraciones.
La posibilidad de incurrir en déficit de cada administración se mantendría, pero con la prohibición de suscribir, o asegurar, deuda unos entes de otros. Es decir, las administraciones deficitarias cubrirían sus déficit con el recurso al mercado libre, al que habría que dar la posibilidad de embargo de ingresos y activos en caso de impago, como ocurre para los deudores privados. La reserva de privilegios de inembargabilidad no hace sino incentivar la irresponsabilidad fiscal de las administraciones y encarece, por tanto, el coste de su financiación al aumentar las primas de riesgo.
De hecho, tenemos colegios e institutos, por ejemplo, financiados por estados extranjeros en España y acogidos a su regulación educativa propia
El Estado debería tener el derecho a prestar sus servicios sanitarios y educativos, bien directamente, bien de manera concertada, en cualquier parte del territorio nacional, como modo de asegurar una calidad mínima igual en todo el mismo. Algo así como una garantía de calidad y diversidad de oferta mínima, al margen de la que ofrece ya el sector privado para los que la pueden pagar.
Las competencias sobre sanidad y educación de las CCAA no impiden actualmente que otros operadores privados presten estos servicios en sus territorios, por lo que no vemos el problema a que lo presten otras administraciones públicas. De hecho, tenemos colegios e institutos, por ejemplo, financiados por estados extranjeros en España y acogidos a su regulación educativa propia. Probablemente esta medida nos evitaría discutir mucho sobre el acceso a la educación en la lengua materna de cada familia.
La prestación pública de servicios sanitarios, de manera directa o concertada, puede estar regionalizada como hasta ahora, pero debe formar parte de un sistema nacional que liquide internamente los servicios prestados en un territorio a los residentes en otro, o los prestados por el Estado en una CA, y evite los problemas burocráticos correspondientes a los usuarios. El sector sanitario privado tiene esto perfectamente solucionado y se entiende mal que no sea así en el público.
Pagar las pensiones
Nada de lo que expongo es fácil técnicamente pero sólo requiere voluntad política, la voluntad de servir a los españoles allí donde se encuentren. El que no se sienta español, nada le obliga, pero que se plantee si es capaz de pagárselo. Al menos Cataluña, el País Vasco y Galicia, entre otros, no podrían pagar sus pensiones con la recaudación que generan en términos de cotizaciones a la Seguridad Social (Herce 2017). La solidaridad española funciona en su favor porque son españoles. Algunos tienen que levantarse del sofá y dejar de echar la culpa de todo a sus padres. Los padres tienen que poner a los ya no tan niños a trabajar. Después de cuarenta años va siendo hora.