Mal le tienen que ir las cosas al presidente en funciones para que, tras el show de la exhumación de Franco, con aparición estelar en el Telediario de las 3 de la tarde, se presentara horas después en el cementerio de la Almudena dispuesto a rendir ofrenda floral a las “Trece Rosas”, y para, en la mañana del viernes, llamar de urgencia a Antonio Ferreras, al que sencillamente detesta, pidiendo una hora de exposición pública en La Sexta a mediodía. La situación cara al 10-N pinta tan gris tirando a marrón, que el entorno del presidente recibió este mismo viernes como una gran noticia la decisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de no suscribir un manifiesto que una docena de partidos nacionalistas de distinto pelaje acababan de firmar en Barcelona reivindicando el "derecho de autodeterminación” y exigiendo la libertad de los líderes separatistas catalanes condenados por el Supremo. "Es el único partido nacionalista del que te puedes fiar", dicen que Iván Redondo musitó al oído de Sánchez.
La realidad, sin embargo, dista mucho de la visión beatífica que de las intenciones del PNV tienen en la sala de máquinas de la Moncloa. Muy al contrario, entre nacionalistas catalanes y vascos lleva tiempo cociéndose una operación que, a expensas de lo que decidan las urnas dentro de 15 días, podría concretarse en algo parecido a una tenaza, una pinza urdida por ambos contra el Estado de la que a este le resultaría muy difícil zafarse. Hagamos un poco de historia reciente: el 3 de mayo de 2018, tras varios años de conversaciones en la oscuridad con Íñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno Vasco desde diciembre de 2012, con mediadores internacionales de por medio, ETA anunciaba "el desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras" y "el final de su trayectoria y su actividad política".
Este era el tenor de esa declaración: "ETA no tiene miedo alguno a ese escenario democrático, y por eso ha tomado esta decisión histórica, para que el proceso en favor de la libertad y la paz continúe por otro camino. Es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 de abandonar definitivamente la lucha armada. En adelante, el reto será construir un proceso como pueblo que tenga como ejes la acumulación de fuerzas, la activación popular y los acuerdos entre diferentes, tanto para abordar las consecuencias del conflicto como para abordar su raíz política e histórica. Materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional será clave. El independentismo de izquierdas trabajará para que ello conduzca a la constitución del Estado Vasco. Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él".
Hace escasas fechas, el ex lehendakari Ibarretxe caminó a la derecha de Torra por una autopista por la que discurría una de esas "marchas por la libertad" que el separatismo hizo confluir en Barcelona
El día 5 de mayo de 2018, y en el marco de la reforma del Estatuto de Guernika, el PNV presentó en el parlamento vasco las Bases, pactadas con EH Bildu, para la creación de un "Nuevo Sujeto Político" vasco, en realidad un Estado vasco con capacidad de negociar de igual a igual una relación bilateral y de “no subordinación” con el Estado español, dentro de un marco "confederal" y con reconocimiento del derecho a decidir. Como valedores del acuerdo, Joseba Egibar (PNV) y Arnaldo Otegi (EH Bildu), los firmantes del Pacto de Estella.
El 19 de mayo de 2018, el PNV aprueba los PGE pactados con el Gobierno de Mariano Rajoy. El gallego elogia a los nacionalistas vascos: "Son un socio caro, pero estable, y son más de fiar que Ciudadanos". Apenas seis días después, el PSOE registra en el Congreso una moción de censura contra Rajoy, decisión que el secretario general socialista justifica como "respuesta política a la sentencia del caso Gürtel". El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno tras el triunfo de la moción, gracias al apoyo, entre otros, de un PNV que casi la víspera le había aprobado los PGE a un Mariano encantado de contar en el nacionalismo vasco con un "amigo para siempre".
El 6 de julio de 2018, la "Ponencia para la actualización del autogobierno vasco" del Parlamento de Vitoria aprueba las Bases del Nuevo Estatuto Vasco (cuyo Preámbulo había sido presentado el 23 de mayo), con el único voto a favor de PNV y Bildu. Podemos, PSE-PSOE y PP votan en contra, aunque por distintos motivos. Y el 12 de septiembre, dicha Ponencia acuerda encomendar la articulación de las Bases a una Comisión de expertos o Grupo Técnico, que da inicio a sus trabajos de inmediato.
El 30 de septiembre de 2019, y después de un año de marear la perdiz sin abordar la cuestión nuclear de la definición de ese Nuevo Estatus Político Vasco que el PNV había presentado de la mano de Bildu el año anterior, el representante peneuvista en esa Comisión, Mikel Legarda, número dos de su grupo parlamentario en el Congreso, presenta una propuesta de articulación del Título Preliminar en la que expresamente apela al "derecho a decidir del pueblo vasco", que vincula como una "exteriorización" de los denominados derechos históricos de ese "pueblo vasco" reconocidos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución. El País Vasco o Euskal Herria posee identidad de “nación” y el euskera es el elemento identificativo de esa identidad nacional vasca.
El Nuevo Estatus Vasco
Legarda presenta también una propuesta de articulación del Título de las Competencias. Asumiendo que, según PNV y Bildu, los derechos históricos que ampara y respeta la Constitución ya no corresponden a los Territorios Forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) sino al Pueblo Vasco como su nuevo titular (algo que contraviene la disposición adicional y la jurisprudencia del Constitucional), la propuesta convierte en competencias forales prácticamente la totalidad de las competencias transferidas al País Vasco, de forma que sería necesario un pacto con el Estado –“Concierto Político” lo llama Bildu y acepta el PNV-, que en la práctica supone la desaparición de cualquier rastro de ese Estado en el País Vasco, que no tendría instrumentos para aplicar en el territorio las políticas comunes para garantizar el interés general y la igualdad de todos los españoles ante la Ley. No se separan de España, al menos literalmente, pero pretenden que el Nuevo Estatus Vasco se base en una relación confederal, sin renunciar a poder ejercitar en su día la autodeterminación con todas sus consecuencias.
Una propuesta radicalmente inconstitucional (que ambos partidos pretenden someter a referéndum consultivo antes de enviarla a las Cortes), puesto que no estaríamos ante una mera reforma del Estatuto de Guernica de 1979, sino ante la creación “ex novo” de un Sujeto Jurídico-Político al que ni siquiera ponen nombre, de momento, pero que atenta directamente contra el artículo 2 de la Constitución y otras normas constitucionales. Tan cerca como el 28 de septiembre pasado, en las Campas de Foronda, a escasos kilómetros de Vitoria, y en el curso del "Alderdi Eguna" (Día del Partido), el presidente peneuvista, Andoni Ortúzar, en presencia de Urkullu, sacó la cara por el proyecto pactado con Bildu, defendió el derecho a decidir, cargó contra el “redil español” y llegó a asegurar que “Nos quieren iguales… pero para empeorar. Esa es la idea que tienen algunos de su gran España. Luego querrán que los vascos se sientan españoles. ¡Ni por el forro!”
El propósito del nacionalismo vasco, coincidente grosso modo con el del catalán, consiste en obligar a Sánchez a abrir una mesa de negociación política para el reconocimiento de ese nuevo Estatus Político Vasco
Más cerca aún, el 12 de octubre, y en un cara a cara en el Parlamento de Vitoria con Alfonso Alonso (PP), Urkullu reiteró ese derecho a decidir y su propósito de alcanzar una nueva relación con España basada en el principio de bilateralidad. Esta es la dirección por la que circulan las corrientes profundas de la política nacionalista vasca, y lo hacen casi en secreto, sin que la opinión pública vasca tenga conciencia clara de lo que se está cociendo entre bastidores, y mucho menos la opinión pública del resto de España, ajena por completo a esta peligrosísima deriva.
Hace escasas fechas, el ex lehendakari Ibarretxe caminó a la derecha de Torra por una autopista por la que discurría una de esas “marchas por la libertad” que el separatismo hizo confluir en Barcelona el viernes 18, en plena ola de disturbios callejeros, en la idea de que surtieran el mismo efecto que la “marcha sobre Roma” tuvo en la toma del poder por Benito Mussolini en la Italia de 1922. El 1 de octubre, la eurodiputada Izaskun Bilbao, miembro del Euskadi Buru Batzar, máximo órgano ejecutivo del PNV, se alineó junto a Puigdemont en la manifestación que el ex president huido protagonizó ante el Parlamento Europeo. El 20 de octubre, Ortuzar, junto a una nutrida representación del PNV, encabezó la gran manifestación de San Sebastián en solidaridad con el independentismo catalán. Hombre clave en las relaciones entre nacionalistas catalanes y vascos es el etarra Arnaldo Otegui, convertido ahora en “héroe por la paz” por el independentismo radical catalán.
El precio del desarme y la disolución de ETA
Volvamos al principio. Urkullu y Otegui llegaron a un acuerdo para dar cobertura al "desarme" de ETA y su posterior disolución. Emplearon siete años en la operación, aunque finalmente lo consiguieron. Es evidente que por medio hubo un pacto político de largo alcance materializado en ese "derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional”, como clave del arco. Los votos de Bildu, del PNV y del separatismo catalán hicieron presidente a Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018, y esos mismos votos, salvo sorpresa mayúscula, están llamados a volver a entronizarlo en la presidencia tras las próximas generales. El propósito del nacionalismo vasco, coincidente grosso modo con el del catalán, consiste en obligarle a abrir una mesa de negociación política con el reconocimiento de ese nuevo Estatus Político Vasco sobre la mesa, mediante una reforma constitucional que convierta a España en un Estado plurinacional, una especie de Confederación Helvética, aunque con derecho a volar por su cuenta tan pronto como la UE levante el veto a las regiones que se independicen de un Estado miembro.
Todo está en los pactos secretos suscritos por el PNV con Bildu para la disolución de ETA. Los que recogen las nueces. “Estoy deseando que pase el 10-N”, aseguraba Urkullu días atrás. Se trata de ver si, con un poco de suerte, tras las generales Sánchez sigue prisionero de los pirómanos catalanes a los que se añadiría presuroso el “moderado” presidente vasco al que tanto elogiaba Rajoy. Todo, o casi, dependerá de lo que ocurra a partir de la noche del 10 de Noviembre, una cita para la historia que podría obligar al PP a apoyar la investidura de Sánchez y a aprobarle sus primeros PGE ante la enormidad de lo que está en juego. La pinza entre los nacionalismos catalán y vasco amenaza con hacer añicos el Estado.
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