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Juan Manuel López Zafra

Big data

Desbandada

El Gobierno no ha sido capaz de comprender que la confianza en la seguridad es básica y que los flujos de turistas se desplazarán allí donde las condiciones sean mejores

Una viajera con mascarilla en el aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez.
Una viajera con mascarilla en el aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez. EFE

“Trip no further pretty sweeting./ Journeys end in lovers' meeting,/ Every wise man's son doth know.”

William Shakespeare

Las alarmas se dispararon definitivamente en todo el sector cuando el sábado pasado el Reino Unido sacaba a España de la lista de destinos seguros y exigía cuarentena obligatoria de 14 días a sus nacionales procedentes de España. TUI, el principal tour operador de Europa, anunciaba inmediatamente la suspensión de todos sus vuelos a la península. En el peor verano de la historia de España, la decisión británica apuntalaba definitivamente a hoteles, bares, restaurantes y empleados. Tras un año 2019 magnífico en el que nuestro país se consolidaba, con casi 84 millones de turistas, como segundo destino del mundo a sólo 6 millones de Francia, el domingo pasado se registraban más de 160 cancelaciones por cada reserva que se conseguía.

El Gobierno británico esgrimió unas razones muy claras, aunque discutibles: los rebrotes del virus y la posibilidad de la temida segunda oleada. A muchos puede parecer exagerada la medida. Sin embargo, hay algo que al gobierno británico no se le puede achacar: la búsqueda de la seguridad de sus nacionales y el mantenimiento de su sistema nacional de salud. Pueden viajar ustedes donde quieran, queridos ciudadanos, pero sean conscientes de sus decisiones; es nuestra obligación advertirles. Es cierto que, hoy, se hacen en un día en España las mismas pruebas que en marzo se hacían en un mes. Pero no es menos cierto que existe una preocupación que crece con el número de brotes que se van dando en las distintas zonas de nuestro país. Claramente la situación es mejor que entonces, pero peor que hace un mes.

A pesar de las declaraciones del ministro Garzón (casi desaparecido desde entonces) denostando al sector, España debería estar orgullosa de haber logrado auparse a ese segundo lugar del podio del turismo mundial. Así parecía tras la decisión del gobierno de abrir las fronteras en junio, tras no haber contabilizado ni un solo turista, ni una sola pernoctación, ni haber ingresado un solo euro en abril y mayo, y una de las principales razones en el hundimiento del PIB. Las pernoctaciones extrahoteleras han caído un 67% en el primer semestre, y menos de uno de cada tres establecimientos de este tipo estaban abiertos a 30 de junio. A estas alturas del año, la realidad es que hemos perdido más de 16 millones de visitantes que, posiblemente, se transformen en al menos 25 millones al final del verano.

El efecto global de la pandemia se estima devastador: dependiendo del ritmo de apertura de las fronteras, puede afectar hasta a 1.100 millones de llegadas de turistas, hasta 1.1 billones de dólares de ingresos

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, el sector supuso en 2019 el 29% de las exportaciones de servicios mundiales y alrededor de 300 millones de empleos. Es un sector inclusivo, con un 54% de mujeres empleadas, así como millones de jóvenes. El efecto global de la pandemia se estima devastador: dependiendo del ritmo de apertura de las fronteras, puede afectar hasta a 1.100 millones de llegadas de turistas, hasta 1.1 billones de dólares de ingresos y hasta 120 millones de empleos. Las líneas aéreas esperaban desplazar este año a unos 4.700 millones de pasajeros; las últimas previsiones hablan de menos de la mitad, alrededor de 2.250 millones; y unas estimaciones para 2021 de 3.400 millones, a nivel de 2014.

Responsabilidad transmitida

El Reino Unido fue el principal emisor de viajeros con destino a España en 2019, con el 37.2% del total, más de 31 millones. Su gasto fue también, en consonancia, el mayor de todos, unos 18.900 millones de euros. La decisión es un golpe terrible para el sector y para España, donde el turismo representa alrededor del 15% del PIB y otro tanto del empleo. El efecto amplificador de la decisión británica no es baladí; se alerta a todos los países que España no es un país seguro. Es una auténtica desgracia. Y el Gobierno es el máximo responsable: no es aceptable que, tras cien días de bloqueo del país y gestionando siempre a posteriori, haya sido incapaz de efectuar un plan de contingencia, de preparar una 'desescalada' en condiciones, dejando todo el peso del control de la enfermedad en unas CCAA a las que había quitado toda la responsabilidad.

Aunque, cierto es, resulta difícil preparar la manida desescalada con un comité de expertos que nunca existió, en otra mentira más de un gobierno en el que la noticia es que diga la verdad. Cuando muchos países van exigiendo, uno tras otro, pruebas negativas de PCR en los dos o tres días anteriores al vuelo, el gobierno de la nación desoye las reiteradas solicitudes del Gobierno regional de Madrid para llevarlas a cabo, pese a haberse detectado 77 casos en Barajas, en lo que más parece un intento de culpar a Ayuso del previsible rebrote que de salvar al turismo. Parece que, a estas alturas, el Gobierno no ha sido capaz de comprender que la confianza en la seguridad es básica y que los flujos de turistas se desplazarán allí donde las condiciones sean mejores.

Cuando tantas empresas financieras y de telecomunicaciones han entendido, por fin, que cuesta mucho más convencer a un cliente para que no se vaya que mantenerlo, nuestro Gobierno vuelve a dar la espalda a las enseñanzas del mercado. Cuando se veía que las cifras se disparaban en Aragón y en Cataluña, cuando muchos sanitarios tenían que cancelar sus vacaciones después de meses de lucha sin cuartel por la ausencia de previsión y de medios, el político al frente del CCAES (aparcó su labor de científico en marzo, cuando las aglomeraciones que ahora hay que evitar –salvo en el Congreso– eran, por entonces, inofensivas) se va una semana a coger olas a Portugal. No seré yo quien le niegue su derecho, pero sí quien exija, de nuevo, su dimisión.

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