Nuestros grandes desafíos

Las próximas elecciones generales deberían servir para afrontar los dos grandes desafíos de la España de nuestros días, que tienen que ver con las actuaciones de los gobiernos socialistas del siglo XXI en dos ámbitos: el Estado de Derecho y el crecimiento económico. En ambos casos, su deterioro está llegando a límites muy preocupantes, ya que cada vez nos alejamos más de su posible  normalización.

Recientemente, en la presentación en el Club Siglo XXI del libro España, democracia menguante, todos los catedráticos autores miembros del Colegio Libre de Eméritos, se manifestaron gravemente preocupados por la revalidación en unas próximas elecciones de la actual coalición gubernamental, ya que el deterioro de nuestro Estado de Derecho se convertiría en irreversible.

A los ya glosados -en esta columna- argumentos justificativos del grave decaimiento del imperio de ley que caracteriza al Estado de Derecho, se ha unido recientemente un hecho tan insólito como grave: la conversión del Tribunal Constitucional en un nuevo y paralelo poder legislativo.

En su muy amplio y profundo ensayo, En busca de Montesquieu, La democracia en peligro (2006), su autor, Pedro Schwartz señala que "una cosa es la facultad de declarar inconstitucional –o constitucional- una ley y otra muy distinta es crear Derecho". Tanto el Tribunal Supremo de EEUU como el Tribunal de Justicia de la UE, pueden instar la obediencia a su interpretación de la constitución, según Schwartz, quien añade que ello "es contrario a la separación de poderes" formulada por Montesquieu.

En España y Alemania, sin embargo, "el poder judicial no se arroga la capacidad legislativa, sino que se limita a declarar y mantener la Constitución tal y como ha sido promulgada". Esto, que debe ser así, está dejando de serlo con el nuevo Tribunal Constitucional, sin que haya mediado una preceptiva reforma de nuestra carta magna.

El progresismo basa su razón de ser en captar para sus intereses políticos, mediante derechos a la carta -mayormente irrealizables- cuantos más ciudadanos mejor

Además de este descarrilamiento de nuestra constitución de base democrática liberal, los gobiernos socialistas -como los populistas hispanoamericanos- son impertérritos e irrefrenables inventores de derechos, no solo humanos sino hasta animalistas, cuya proliferación nada tiene que ver con su materialización. De hecho, los países con más derechos formales –el Chile de su fallida constitución con 103 , Venezuela con 82, Angola con 80, Nicaragua con 77, etc – son los menos desarrollados, mientras que  Dinamarca con 21, Austria con solo 15 y Australia con solo 11,  se sitúan en el polo opuesto, según The Democracy Index 2020.

En España, el progresismo basa su razón de ser en captar para sus intereses políticos, mediante derechos a la carta -mayormente irrealizables- cuantos más ciudadanos mejor,  para hacerlos dependientes del Estado de por vida. Pero para no terminar como Venezuela, es necesario que la economía crezca suficientemente, lo que resulta incompatible con irresponsables políticas de expansión del gasto público y contracción -mediante todo tipo de obstáculos- de las actividades empresariales privadas.

El socialismo español del siglo XXI es demostradamente incompatible con el crecimiento de la economía y el simultáneo decrecimiento del sector público, que son imprescindibles para que España regrese al corazón de Europa tras la permanente deriva argentina de los gobiernos de Zapatero y Sánchez, en cuyos mandatos, nuestro país:

• Aumentó más que cualquier otro  su –ya muy abultada- deuda pública.
• Ha liderado el desempleo de la UE y la OCDE
• Tras décadas de convergencia –incluso con Felipe González- con la UE, se ha venido alejando siempre y cada vez más de su nivel medio.

Sin embargo, y no obstante las anteriores evidencias, el Gobierno y su trompetería mediática lanzan sus campanas al vuelo para presumir –a partir de algunos datos coyunturales- de sus logros económicos, que en una sociedad cerrada como anhelan, podrían tener recorrido; pero no, felizmente, en nuestra sociedad abierta. La realidad económica, con los datos públicos e internacionales en la mano, se encuentra en las antípodas de sus falsedades. Solo Zapatero compite con Sánchez en pésimos resultados económicos, que tratan de vender como "un éxito".

La recuperación de la senda de convergencia con la UE exigirá reformas liberalizadoras –que en España siempre han dado magníficos resultados- en el mercado de trabajo, la libre entrada y salida en los mercados, la supresión de barreras y obstáculos al desempeño de la función empresarial, la facilitación del crecimiento de la dimensión de las empresas, la creciente privatización de la prestación de servicios públicos, una gran reducción de los impuestos al ahorro y al trabajo, la supresión de todo tipo de "fielatos" -incluso lingüísticos- en el mercado nacional, la incentivación real de la innovación tecnológica, etc.

Las citadas reformas son evidentemente incompatibles con la aleación política que ahora gobierna España, y sin embargo son imprescindibles para no perder el tren de la historia en el que desde mediados del pasado siglo hemos venido avanzando incluso hasta su primera clase, abandonada en las últimas décadas.

El nuevo de gobierno -necesariamente opuesto al actual- deberá hacerse cargo  por tanto, de la restauración del Estado de Derecho y el crecimiento y convergencia económica con la UE, demasiados años menoscabados; pero es también la hora de comenzar a respetar la dignidad de la sociedad civil, con medidas que equilibren los derechos y obligaciones de los ciudadanos con los del Estado:

• Igualando las responsabilidades –incluso patrimoniales- de todos los cargos políticos y los funcionarios con las de los ciudadanos.
• Convirtiendo en simétricos –incluida Hacienda- los plazos administrativos: iguales para las administraciones que para los ciudadanos.
• Reintegrar la Hacienda pública -ahora un cuarto poder autónomo– a una función más del Estado, privándola de tribunales propios al margen de la Ley.
• Las instituciones públicas reguladoras de los mercados y de control de las administraciones públicas deben convertirse en agencias independientes adscritas al Parlamento.

Muchos otros frentes -educación, pensiones, recursos hidrológicos, etc- deberán ocupar también a un nuevo gobierno, pero con enfrentarse a los desafíos aquí planteados ya tiene una gran agenda de trabajo, que de llevarla a cabo pondría fin a una simpar decadencia,  para reencaminarnos de nuevo por la senda de la calidad institucional y la prosperidad que nunca debimos abandonar.