El nacimiento en 1.941 del Instituto Nacional de Industria (INI), creado a imagen y semejanza del italiano Istituto per la Reconstruzione Industriale (IRI), constituyó la principal palanca para la reconstruir la economía española tras ser ésta devastada por la cruenta guerra civil que asoló a nuestro país.
Con las empresas privadas destrozadas, sin equipos directivos, con sus instalaciones destruidas, descapitalizadas …, el INI y sus empresas públicas fueron el motor del crecimiento económico español durante un largo periodo.
Tiempo después, el Instituto volvió a resultar crucial para España. Quiso la Historia que la preparación y ejecución de nuestra Transición coincidiera con la debacle económica mundial provocada por las crisis petrolíferas de 1.973 y 1.978. Fue entonces cuando el INI procedió a la adquisición de numerosas empresas abocadas a su desaparición evitando así que las calles, plagadas de un inimaginable ejército de parados, hicieran imposible el tránsito a la democracia.
Injustificable e insostenible
Sin embargo, al final del siglo pasado, el mantenimiento de un holding empresarial público de la dimensión alcanzada por el INI era ya injustificable e insostenible. Injustificable porque la evolución de la economía mundial caminaba en sentido contrario. insostenible por el volumen de pérdidas generadas por la general ineficiencia que caracteriza a la empresa pública.
Así, cuando en 2.002 invitado por Romano Prodi, acudí como presidente de la SEPI (nueva denominación del INI) al seminario internacional celebrado en Roma con motivo de la desaparición del IRI, pude participar en la conclusión adoptada de manera unánime: Los Estados debían recurrir a la empresa pública exclusivamente para funciones de carácter estratégico: industria de defensa, abastecimiento energético …
En el resto de las empresas, los candidatos a su adjudicación debían acompañar su oferta económica (precio) con un plan industrial del que se valoraba especialmente su incidencia en la creación de empleo
En realidad, España había emprendido ya dicho camino en 1.996 con el programa de privatizaciones puesto en marcha por el Gobierno Aznar. Durante ocho años fueron privatizadas varias decenas de empresas públicas en un proceso inmaculado, con transparencia y competencia. En las que cotizaban en Bolsa se adjudicó un paquete de control al mejor licitante, posibilitando después que millones de pequeños accionistas accediesen a la propiedad de la antigua empresa pública privatizada. En el resto de las empresas, los candidatos a su adjudicación debían acompañar su oferta económica (precio) con un plan industrial del que se valoraba especialmente su incidencia en la creación de empleo.
Al tiempo que privatizaba, entre 1.996 y 2.004 la SEPI abordó un ambicioso proyecto de reindustrialización en las zonas geográficas afectadas por los cierres industriales de Solchaga. Los terrenos de las antiguas siderurgias, devastados y contaminados, fueron objeto de limpieza, descontaminación y urbanización industrial, construyéndose modernos parques empresariales como el de Sagunto, en Valencia, o el PEPA, en Asturias.
Zapatero y Rajoy
Con el proceso de privatizaciones y reindustrialización la SEPI logró: 1) Que el Estado hiciera caja, disminuyendo así el nivel de deuda pública; 2) Que las cuentas públicas soltaran el lastre de las pérdidas de las empresas estatales deficitarias; 3) Que un número elevado de iniciativas empresariales volvieran a su hábitat natural; y 4) Que se crearan condiciones e infraestructuras para el mejor desarrollo de la actividad empresarial privada.
El triunfo electoral de Zapatero en 2.004 sumergió lamentablemente a la SEPI en un estado de letargo, del que no le despertó la lacerante inacción del inane Gobierno del inane Rajoy.
Con los antecedentes descritos, la Historia ha proporcionado a la SEPI la ocasión de volver a desempeñar un papel crucial en nuestra economía. No son pocas las empresas solventes y rentables en riesgo de desaparecer por la catástrofe económica provocada por la pandemia. De ahí la oportunidad del llamado Fondo de Rescate creado al efecto.
Su peso en el sector del transporte aéreo es una nadería, su relevancia en el empleo es insignificante, carente de valor estratégico alguno, y sin apenas medios materiales. Constituye un auténtico fraude cometido con fondos públicos
Sin embargo, a las segundas de cambio, la ocasión se ha tornado en perversión. La concesión por la SEPI de 53 millones de euros a una empresa que no es ni solvente ni rentable ni ahora ni antes de la crisis, cuyo peso en el sector del transporte aéreo es una nadería, su relevancia en el empleo es insignificante, carente de valor estratégico alguno, y sin apenas medios materiales, constituye un auténtico fraude cometido con los fondos públicos utilizados. Si, como parece, además existen conexiones de sus socios y directivos con la dictadura venezolana, estaríamos ante un supuesto todavía más grave.
Por si fuera poco, esta tropelía ha sido cometida encontrándose la SEPI descabezada, pues llevaba dieciocho meses sin presidente al haber cesado éste por resultar imputado en un caso de corrupción. Sin duda, la orfandad del organismo ha facilitado la permeabilidad de la SEPI a las enviciadas órdenes políticas.
Con su tranquilidad reflexiva, el maestro Ortega le hubiera dicho a la SEPI: No es esto, no es esto. Con la vehemencia que proporciona el cariño, nosotros le gritamos: ¡Non Plus Ultra!
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