El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a tres magistrados para cubrir las plazas vacantes en el Tribunal Supremo. Por supuesto que había mujeres con méritos para acceder a esos puestos –por ejemplo, para las salas de lo Social y lo Civil-, pero el órgano de gobierno de los jueces lleva años pasándose por la mismísima toga la Ley de Igualdad, en vigor desde hace más de una década, y ha decidido que sean tres hombres los que accedan al Alto Tribunal, donde de 80 magistrados solo 14 son mujeres. En este porcentaje España está en la cola europea, solo superada por Albania y Luxemburgo.
Desde 1998 las juezas superan sin interrupción el 50 por ciento de los nuevos accesos a la judicatura –este año fueron el 63 por ciento de la promoción-, pero apenas representan el 21 por ciento de los nuevos cargos del Poder Judicial. El Consejo, que tiene la función de velar y tutelar por igual a todos y todas, vuelca la balanza, curiosamente símbolo de la Justicia, hacia los hombres en la presidencia de Audiencias provinciales, salas de los Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Según datos del propio Consejo, solo el 16 por ciento de las presidencias de las Audiencias Provinciales y el 18 por ciento de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia están ocupados por magistradas. Solo hay una presidenta, en Valencia, de 17 Tribunales Superiores de Justicia. Llamativo que se salten las leyes precisamente quienes tienen que velar por su cumplimiento sin que nadie pestañee ante ello. Nadie o casi nadie.
Leyes de Igualdad
La asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha denunciado reiteradamente esta situación, y ante los últimos nombramientos para el Tribunal Supremo lo ha hecho también la Asociación Juezas de España, por boca de su presidenta, Gloria Poyatos, que en alguna ocasión ha achacado la situación de las mujeres juezas a un prejuicio de inferioridad intelectual contra ellas.
Muchas leyes de Igualdad, muchas cremalleras en las listas electorales, pero cuando se trata de que las mujeres accedan a altos cargos o puestos en las mismas condiciones que los hombres, parecen no servir demasiado las normas que ha aprobado el poder Legislativo. Si en la Administración y las empresas las mujeres van abriéndose paso con fatiga, cabría pensar que otro poder del Estado, el Judicial, debería demostrar algo más de sensibilidad y preocupación por la igualdad contemplada en nuestra legislación. Basta ver la foto de apertura de un Año Judicial tras otro, con el Rey rodeado de sus masculinas señorías, para comprender cómo se las gastan en el Consejo en materia de igualdad de género.