Más de un año después de que comenzara la investigación del ‘Caso Pegasus’, el espionaje a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y tres de sus ministros, el juez Calama, encargado de la instrucción, decidía archivar la causa en pleno arranque de la campaña electoral para el 23-J.
El juez, en el auto de archivo, dejaba varios recados al Gobierno de Pedro Sánchez y hablaba de “impotencia investigadora” para seguir avanzando, de falta absoluta de respuesta por parte del Gobierno de Israel, desarrollador del sistema de espionaje, y pedía a Moncloa que, si realmente el Gobierno de Sánchez quisiera que se desvelara quién estaba tras el espionaje, debía exigir por vía diplomática las respuestas a Tel Aviv.
Tras los resultados de las elecciones, y con Sánchez viviendo las mil y una noches en Marrakech, me temo que nos quedaremos sin saber quién estuvo tras el espionaje y qué extrajo de los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.
De lo primero, quién, todos –en Europa, Francia y en la oposición española e incluso en los aliados sanchistas de Sumar o ERC- dan por hecho que fueron los servicios secretos marroquíes: se produjo casi al tiempo del espionaje a Macron, por el mismo sistema y demostrado, en el caso francés, que Rabat estaba detrás, y en una reveladora ‘causa-efecto’, se produjo después el inexplicable e inexplicado giro de Sánchez sobre la histórica posición española en el Sáhara, poniéndose del lado de Marruecos.
¿Qué sacó Pegasus de los móviles?
De lo segundo: ¿Qué extrajeron de los móviles de Sánchez y sus ministros para que se produjera este cambio insólito, al margen de la oposición y hasta del Rey Felipe VI? La investigación del juez ha desvelado nada menos que 14 ataques: cinco ‘infecciones’ al de Sánchez a lo largo de más de un año, de octubre de 2020 a diciembre de 2021. Cuatro asaltos al de Margarita Robles entre mayo y octubre de 2021. Dos a Marlaska (2 y 7 de junio de 2021) y un intento a Luis Planas –que tenía blindado su móvil- el 25 de junio de 2021.
A Sánchez le extrajeron más de 2,5 gigas –cada giga es la información contenida en unos mil documentos o imágenes-; a Robles, ni se sabe porque Defensa reinició su móvil impidiendo la investigación y saber cuánta información le sacaron; a Marlaska, pese a sufrir solo dos intrusiones, fue al que más información extrajeron: más de 6 gigas.
Israel se negó siquiera a contestar –ante la pasividad del Gobierno español- a las dos peticiones del juez a la empresa NSO Group, responsable del software espía, para intentar averiguar qué ‘cliente’ podía estar tras el asalto a los móviles de Sánchez y sus ministros. Hasta cuatro veces envío el juez la rogatoria.
Ni caso. Y Moncloa, mirando hacia otro lado hasta el punto que el juez Calama, en su auto de archivo de 15 páginas, se lamenta de que el Gobierno no active la vía diplomática para exigir las respuestas, lo que, por otro lado, da la razón a Feijóo en el cara a cara: el caso Pegasus se archivó también por la nula cooperación de Sánchez y su Ejecutivo.
Además de mirar hacia otro lado ante el silencio israelí, Félix Bolaños –de quien dependía la seguridad de los móviles- se negó a declarar ante Calama, ni siquiera por videoconferencia, y solo aceptó hacerlo por escrito. Robles y Marlaska hicieron lo mismo. Tampoco se desclasificaron ciertos documentos. Ante todos estos impedimentos, el juez archivó el ‘caso Pegasus’, el asunto de espionaje más grave de las últimas décadas sufrido por un Gobierno español. En Francia, donde aún siguen investigando por orden del Gobierno Macron, hubo hasta una llamada para pedir explicaciones del presidente francés al Rey de Marruecos, conversación que acabó bruscamente.
En España, silencio y cambió de 180 grados en la postura sobre el Sáhara. Basta echar un vistazo a la prensa marroquí de estas semanas, cuando parecía un hecho que Sánchez iba a abandonar la Moncloa y los vecinos del sur veían clara la llegada de Alberto Núñez Feijóo, para comprender la implicación marroquí en la política española.
En un editorial titulado “Elecciones españolas: más allá de las posturas electoralistas”, publicado en la mañana siguiente a las elecciones en 'L’Opinion', el periódico de los socialistas marroquíes, en el Gobierno de Rabat, se recordaba que “si el actual Gobierno ibérico ha expresado claramente su apego a las relaciones amistosas con Marruecos y al respeto de la hoja de ruta establecida el año pasado, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se ha mostrado ambiguo al respecto, al tiempo que expresa su deseo de restablecer los lazos con Argel”.
Y recordaba el periódico de los socialistas marroquíes las implicaciones económicas que podría tener una llegada de la derecha a Moncloa: “El pragmatismo implica la continuidad de los acuerdos con el Reino, sabiendo que desde el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, los negocios están batiendo récords, con perspectivas aún más halagüeñas, especialmente con la candidatura España-Portugal-Marruecos al Mundial 2030”.
“Son bien conocidos los dividendos de una relación próspera con Rabat, especialmente en la lucha contra la inmigración ilegal, que es la pesadilla de los países europeos y una de las principales preocupaciones de la población española…", avisaba L'Opinion de Rabat en un editorial la mañana después de las elecciones en España
Y más claro aún: el órgano de los socialistas marroquíes avisaba de las implicaciones que la llegada de Feijóo podría tener en el plano político y en la presión migratoria:“Son bien conocidos los dividendos de una relación próspera con Rabat, especialmente en la lucha contra la inmigración ilegal, que es la pesadilla de los países europeos y una de las principales preocupaciones de la población española… ¡Porque, al fin y al cabo, volver a una época de tensiones no beneficia a nadie!”. Más claro, agua.
Tras el archivo y la impotencia del juez Calama para intentar averiguar quién estuvo detrás del caso Pegasus, y la nula cooperación del Gobierno socialista, hay que volver a preguntarse: ¿Qué demonios sacó Marruecos del móvil de Pedro Sánchez? Quizá algún día lo sepamos, pero habrá que esperar a que su sanchidad desaloje la Moncloa.
