Parece que ya nadie duda de que una de las minas que la administración Sánchez puede dejar a futuros gobiernos es la subida de la carga de intereses en los Presupuestos Generales del Estado de los próximos ejercicios. La semana pasada este medio se hacía eco del informe de la AIREF en este sentido, coincidente con uno previo de este mismo autor y con muchas de sus declaraciones en el Congreso desde hace dos años. Sin embargo, el Gobierno obvia esta circunstancia como lo ha obviado todo en materia presupuestaria en los últimos años: la inflación hace que todo esto pase desapercibido, lo que no quiere decir que no ocurra ni que no sea un peligro.
Un ejemplo lo hemos tenido esta misma semana con el incremento del techo de gasto. El Gobierno está encantado con las críticas a su incremento en un 1,1% para 2023, cuando la inflación prevista a fin del año en curso podría estar en el 7,2%, según el Banco de España, o el deflactor del PIB, la medida de inflación para esta magnitud, en un 2,9%, según el mismo servicio de estudios. Es decir, recorta el gasto en un nada desdeñable 1,8% como mínimo, porque no hay más remedio, pero de cara a la opinión pública puede seguir diciendo que con ellos siempre hay más, cuando la realidad es otra: los recortes han llegado. Ya lo hizo cuando anunció una subida de las pensiones en otoño de 2021 en un 2,5% para 2022, según el IPC medio, sin esperar siquiera al dato interanual de noviembre, como solía ser lo habitual, que fue de un 5,5%. Una reducción del poder adquisitivo del 3%.
De haber cometido el error de endeudarse a corto plazo, por reducir la carga de interés, puesto que estos tipos (los de corto plazo) eran más bajos e incluso negativos durante un buen periodo, ahora estaríamos francamente peor
Un segundo ejemplo, más ligado al comienzo de este artículo, serían los gastos por intereses, que crecerán, y la deuda pública también. Pero, en términos relativos, esta última, la famosa ratio Deuda/PIB, irá decreciendo como consecuencia de la elevada inflación. El numerador irá creciendo en función de los porcentajes que represente el déficit sobre el PIB, mientras que el denominador, el PIB, lo hará en función de la inflación y del crecimiento de la economía. Así que, para el próximo trienio, no parece que pueda esperarse otra cosa que un aumento de los volúmenes de deuda, aunque esta última caiga en términos relativos, como bien advertía la AIREF en el informe antes aludido. Lo relevante está, insistimos, en la carga de intereses, porque esta, tanto en términos absolutos (lo que habrá que pagar) como en relativos (el esfuerzo que nos va a suponer pagarla), no va a dejar de crecer hasta el 2,4% del PIB en 2025, un 25% más de lo que supone actualmente, sólo si el coste medio de la deuda sube un 1%. Todos los gobiernos que vengan van a arrastrar esta losa.
Siempre puede aparecer una tentación: la de forzar al Tesoro, para abaratar dicho coste medio, a emitir a más corto plazo, como viene realizando en los últimos meses, reduciendo así el plazo medio de la deuda que ahora mismo está en más de ocho años y cuyo alargamiento ha sido uno de los mejores servicios que esta dirección general nos ha prestado en los últimos veinte años. De haber cometido el error de endeudarse a corto plazo, por reducir la carga de interés, puesto que estos tipos (los de corto plazo) eran más bajos e incluso negativos durante un buen periodo, ahora estaríamos francamente peor.
E igual que los recortes han llegado, pero la inflación los enmascara, los impuestos de imposible definición, por lo menos en lo que se refiere a su base imponible, a los bancos y a las eléctricas, al gran capital y a los señores con puro, avivan una polémica en la que el Gobierno está más que cómodo. Al fin y al cabo, le permiten disfrazar de insolidaridad ajena su totalitarismo. Ese que le hace creer que todo lo que hay en España está a su disposición.