La Disposición adicional 157ª de la Ley la 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, ordenaba la “adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas”. Un mandato imperativo que respondía a la reivindicación histórica del cuerpo profesional de fedatarios y directivos para, al fin, proceder al ajuste salarial de las funciones legales y reglamentarias asumidas a partir del año 2009.
La orden legisladora, es decir, la palabra de la soberanía, fue no obstante corrompida y defraudada por el Ministerio de Justicia, quien, a través del Acuerdo de 15 de diciembre de 2021, tasó la adecuación salarial en 195 euros. Exactamente 195 euros para satisfacer un nuevo panorama normativo que atribuye más de 600 nuevas funciones a los Letrados de la Administración de Justicia. La distribución salarial por competencia se compensa con céntimos. Nunca la labor de un profesional jurídico fue tasada de forma tan baja. Los 195 euros «de la vergüenza» (como han sido calificados por consenso en el cuerpo superior) evidenciaban el desprecio absoluto y profundo de la Sra. Ministra de Justicia al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y ponían en marcha un conflicto colectivo sin precedentes que arrancaba con la huelga masiva del pasado 26 de enero y que amenaza con continuar en forma de huelga indefinida a partir del próximo mes de abril.
Su mandato obliga al Ministerio de Justicia y su incumplimiento pertinaz y obstinado sólo despeja el camino a la profundización del conflicto
Aunque las escenificaciones y la publicidad del Ministerio de Justicia en estas últimas semanas son buenas muestras de la incapacidad del equipo ministerial para asumir el problema y lograr soluciones, lo único cierto es que la Disposición adicional 157ª, aunque pervertida y hurtada por el Gobierno, sigue siendo una norma jurídica válida, eficaz y vigente. Su mandato obliga al Ministerio de Justicia y su incumplimiento pertinaz y obstinado sólo despeja el camino a la profundización de un conflicto que, de llegar a sus últimos estadios, amenaza con bloquear los Juzgados y Tribunales y deteriorar de forma irreparable los fundamentos esenciales del servicio público de justicia.
Nunca es tarde para el diálogo, pero sobra la soberbia y se requiere de compromiso y lealtad. El equipo de Pilar Llop está a tiempo de negociar y establecer los marcos estatutarios adecuados para evitar que la Justicia se colapse a partir de abril de 2022. Pero es imprescindible abandonar la humillación a un cuerpo profesional que siempre —sin ambages ni condiciones— ha estado al servicio de la ciudadanía. Los 195 euros «de la vergüenza» no son una posibilidad. El Ministerio de Justicia lo sabe. No se pide nada irrealizable. Sólo que se cumpla con el mandato de la soberanía. Es de Justicia.
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