En 1863, durante un discurso en memoria de los caídos en la Batalla de Gettysburg, Abraham Lincoln definió la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Esta definición, que tiene aún plena vigencia, sitúa claramente al ciudadano en el centro de la política. La referencia a “gobierno del pueblo” indica que se gobierna sobre todos los ciudadanos, a los que se organiza y guía. “Por el pueblo” indica que el ciudadano participa en las decisiones políticas, o bien directamente a través de elecciones o indirectamente por mediación de sus representantes políticos. Finalmente, “para el pueblo” hace referencia a que el fin último de este gobierno es proteger los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades e intereses.
Al día siguiente de la contundente derrota que han sufrido el PSOE y sus socios en el Ejecutivo el pasado domingo, el presidente Pedro Sánchez anunció inesperadamente la convocatoria de elecciones generales anticipadas el 23 de julio:
“Asumo los resultados en primera persona y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Creo que lo mejor es que los españoles se pronuncien”.
La urgencia y sacrificios que el presidente del Gobierno impone al resto de ciudadanos en estos comicios parecen estar simplemente justificados por el interés personal y partidista
Casi nadie esperaba este anuncio puesto que, en repetidas ocasiones, había expresado su intención de agotar la legislatura. Una vez más, Sánchez nos sorprendía a casi todos con una maniobra que sus defensores no tardaron en calificar como “valiente y acertada” y sus detractores como “desesperada” o de “huida hacia adelante”.
Aunque es demasiado pronto para evaluar la decisión de Pedro Sánchez desde un punto de vista utilitarista (es decir sí este adelanto le reportará suficientes réditos electorales para mantenerse en el gobierno), sí que podemos analizar esta decisión usando un ángulo deontológico (o ético).
¿Es el adelanto de las elecciones una decisión que cubre unas imperiosas necesidades ciudadanas o defienda los intereses del pueblo? Todo parece indicar que no.
Sánchez apela a la necesidad de someter su labor de “gobierno del pueblo” a la voluntad popular, esto es una forma de justificar el adelanto en base al principio de “gobierno por el pueblo”. Algo a primera vista muy loable. Con esta explicación, Sánchez cubre dos de los tres principios básicos que deberían guiar la acción de un gobernante democrático. ¿Pero qué pasa con el tercer criterio de “gobierno para el pueblo”?
¿Es el adelanto de las elecciones una decisión que cubre unas imperiosas necesidades ciudadanas o defienda los intereses del pueblo? Todo parece indicar que no.
En primer lugar, estas elecciones anticipadas alteran la agenda de gobierno, que en teoría Sánchez había consensuado con sus socios, y pueden poner en peligro algunas iniciativas legislativas prometidas al electorado. Si la situación económica del país es tan buena como el Gobierno defiende, con evoluciones favorables tanto de la inflación como del empleo, la aceleración del ciclo electoral y la posible inestabilidad que podría generar habría que considerarlos como un riesgo sin claros beneficios a corto plazo. Igualmente, las elecciones anticipadas podrían truncar la agenda social de la que tan orgulloso se muestra el gobierno. También distraerá la atención de la Presidencia española de la Unión Europea. Por lo tanto, si nos enfocamos en el área políticas públicas no parece ser que Sánchez haya tenido muy en cuenta los intereses económicos y sociales de la ciudadanía en este adelanto.
Los programas políticos de la mayoría de los partidos serán probablemente un “corta y pega” de otros documentos, ya que no hay tiempo suficiente de debatir propuestas serias
En segundo lugar, el exiguo plazo para presentar candidaturas y lo inesperado de la decisión va ciertamente a limitar la capacidad de ciertos grupos de articular candidaturas para las elecciones generales. Hay pequeños partidos que no tendrán tiempo de recolectar fondos y confeccionar listas y otros partidos grandes, como sus socios de gobierno, que no tendrán el tiempo deseado para consensuar una postura común. Los programas políticos de la mayoría de los partidos serán probablemente un “corta y pega” de otros documentos, ya que no hay tiempo suficiente de debatir propuestas serias. Nada de esto parece contribuir a los intereses de la ciudadanía que tendrá que votar con una oferta electoral más pobre que la que tendría si se hubiese dado más tiempo a los partidos a preparar los comicios.
En tercer lugar, la convocatoria de elecciones en periodo vacacional y coincidiendo con puentes en varias comunidades autónomas puede causar problemas a muchísimas familias españolas. Este adelanto probablemente aumentará la abstención y obligará a muchísimos ciudadanos a pedir el voto por correo (un nuevo factor de riesgo y volumen trabajo adicional para muchos funcionarios). Miles de familias verán truncadas o alteradas sus vacaciones de verano debido a la designación de sus miembros en mesas electorales. Es difícil considerar esta como una decisión de “gobierno para el pueblo”.
En cuarto y último lugar, es importante destacar el castigo emocional que va a suponer este adelanto electoral para miles de militantes de los partidos del gobierno que acaban de perder unas elecciones y deben sentirse muy frustrados. Para muchos de ellos, las elecciones locales y autonómicas van a suponer la pérdida de su puesto trabajo y se les pide que, en lugar de centrar sus esfuerzos en buscar empleo (o reincorporarse a uno anterior), se pongan inmediatamente a trabajar en campaña. A batirse con los flamantes ganadores de las elecciones (quienes concurren en plenitud de fuerzas y motivación). A dejar a un lado la fatiga física y mental para defender a su líder. Líder éste que seguramente muchos de estos militantes consideren en gran medida responsable de la reciente derrota. El imponer este coste a tantos miembros del partido, sin la más mínima consulta previa, denota una cierta falta de empatía.
En conclusión, la decisión de convocar abruptamente, y sin consulta previa, las elecciones puede que reporte beneficios a Sánchez y a su entorno (lo sabremos el 23 de julio), pero desde luego no parece que haya sido tomada teniendo en cuenta las prioridades y necesidades inmediatas de los españoles. Ni siquiera los de la militancia de su partido. La urgencia y sacrificios que el presidente del Gobierno impone al resto de ciudadanos en estos comicios parecen estar simplemente justificados por el interés personal y partidista, y no por el principio básico de “gobierno para el pueblo”.
Es poco realista esperar que nuestros líderes alcancen la talla política de Abraham Lincoln, pero sí que podemos pedirles que antes de buscar golpes de efecto y jugarse órdagos (“ganar o morir”) muestren un poco más de empatía con la ciudadanía y sus circunstancias.
