Ley de Vivienda: un retroceso

Durante casi cinco años del gobierno de Sánchez apenas se había oído hablar en España de una Ley de la Vivienda. Era un tema que no existía en la agenda política de nuestro país, y ello a pesar de que se trata de un problema acuciante para millones de españoles, principalmente jóvenes que se ven en la incapacidad para acceder a una vivienda en propiedad, y muchas veces, para independizarse del hogar paterno. El hecho de que la competencia en materia de suelo está transferida a las comunidades autónomas, ayudaba a que el problema de la vivienda no existiera en nuestra agenda política.

Todo cambió el pasado 14 de abril, cuando ERC y Bildu presentaron la Ley de la Vivienda. Parece insólito que la presentación de esa ley haya de correr por cuenta de dos aliados indeseables que lo único que pretenden es la disolución del estado y tumbar nuestro sistema democrático. A partir de ese momento, era fácil comprender que la Ley de la Vivienda carecía, una vez más y en el marco de esta legislatura desdichada, de cualquier consenso entre los dos principales partidos de España, el PSOE y el PP.

A partir de entonces, el presidente del Gobierno nos ha sometido a una asombrosa promulgación de anuncios, uno tras otro, en materia de vivienda con precios asequibles, de la que nada se sabe de una sola vivienda en concreto que pueda ser ya realizable. Ofreció 50.000 viviendas de la Sareb, descubriéndose posteriormente que la realidad no llega ni al 20% de esa cifra, sin que conozcamos ni una sola vivienda empleable a esos fines. Como nada sabemos de las posteriormente ofrecidas 40.000 viviendas con créditos ICO, ni de otras 20.000 viviendas en suelo del Ministerio de Defensa. Tan patente abstracción lleva a pensar no sólo en el carácter electoral de esas medidas, sino que, en efecto, la vivienda no ha formado parte de las preocupaciones de este gobierno a lo largo de casi cinco años.

Sabíamos, o creíamos saber hasta ahora, que el PSOE se oponía a que se pusieran topes a los contratos de alquiler. Pero no, la ley, aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados topa el incremento de renta por debajo del IPC en los contratos de arrendamiento. Y al tiempo, dificulta seriamente los desahucios por falta de pago de la renta.

La medida de topar el alquiler provoca incertidumbre y desincentiva la oferta que se reducirá provocando así un aumento en los precios

Cuando ocurre que se ha reducido la oferta en casi un 30% del parque de viviendas en alquiler en estos cinco años –en Cataluña, más del 50%, con un incremento del 16% del precio del alquiler en ese mismo periodo–, salta a la vista que la medida de topar el alquiler provoca incertidumbre y desincentiva la oferta que se reducirá provocando así un aumento en los precios. Puede parecer razonable que un partido de signo populista como Podemos aplauda semejante medida. Pero lo que no es serio es que el PSOE se preste a hacer suya esa iniciativa, cuando nunca lo fue. Basta recordar las palabras constantes de la vicepresidenta económica, Sra. Calviño, siempre en contra de topar el precio del alquiler, para comprenderlo.

Esa política, plasmada en la nueva Ley de la Vivienda, está en dirección contraria a la practicada históricamente por el PSOE. Recuérdese que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, promulgada por el dictador Franco, establecía un mercado de arrendamientos que lógicamente se iría cerrando con el paso del tiempo basado en dos principios fundamentales: la prórroga forzosa, que permitía al inquilino residir en la vivienda indefinidamente cualquiera que hubiera sido el plazo marcado para el arrendamiento, y la determinación de la renta de alquiler, la denominada renta antigua, basada en una renta inicial de bajo importe en que también se topaba su actualización. En suma, una intervención radical sobre el mercado.

No fue hasta más de veinte años después, en el primer gobierno presidido por Felipe González, que se dio carpetazo a la sobreprotección franquista a los inquilinos. Ocurrió con el denominado Decreto Boyer, de 30 de abril de 1985. Figura en la exposición de motivos de ese decreto: “En efecto, el mercado de arrendamientos no se caracteriza sólo por una oferta reducida y en retroceso desde hace décadas.

La reforma incluida en este Real Decreto–Ley al aumentar la oferta reducirá la presión al alza de los alquileres con beneficio para el propietario y para el arrendatario, lo que permitirá satisfacer las necesidades de vivienda a una generación de jóvenes que, debido a la situación de bajo crecimiento económico, tienen dificultades para adquirir una vivienda”.

Otra cosa es el PSOE, que toma ahora políticas que nunca fueron suyas y que están en abierta contradicción con las desempeñadas históricamente, y se adoptan sin ningún debate previo en el seno de ese partido

Era la reforma que buscaba incrementar la oferta en materia de alquiler, destinada específicamente a los jóvenes. Se hacía sobre dos premisas: Una, desaparecía la prórroga forzosa, de manera que el plazo de alquiler fuera el que figuraba en el contrato de arrendamiento; y dos, la renta se sometía en cuanto a su actualización a lo que se estipulara en ese mismo contrato, normalmente el IPC. Cuarenta años después parece que retornamos a tiempos felizmente pretéritos y olvidados. La renta de alquiler se topa y se dificulta el pleito de desahucio por falta de pago de la renta, al imponerse al arrendador una serie de obligaciones al interponer su demanda que dificulta seriamente su cumplimiento. Ello está en contra de la tradición socialista en España en materia de vivienda.

Puede ser comprensible que Podemos, ERC o Bildu aprueben dicha Ley de Vivienda de forma entusiasta. Hasta podría ser que esas tres fuerzas reivindiquen la política social del franquismo, allá ellos. A fin de cuentas, siempre les guiará políticas contra el mercado que se traducen en un paulatino empobrecimiento de la sociedad. Otra cosa es el PSOE, que toma ahora políticas que nunca fueron suyas y que están en abierta contradicción con las desempeñadas históricamente, y se adoptan sin ningún debate previo en el seno de ese partido. Se trata de la mala costumbre de someterse a la voluntad de otros y hacer cosas que nunca hubiera uno aceptado por sí mismo, en un proceso degradante que se vuelve siempre contra quien lo impulsa.

Si algo se debiera pedir al presidente del Gobierno es que se autolimite en sus campanudas declaraciones sobre la bondad de las leyes que se aprueban. La chapuza de la ley del “solo sí es sí”, modificada a los siete meses de promulgarse, es un buen ejemplo de esa limitación que le es exigible. Como sucede con la Ley de la Vivienda. Ya en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada bajo un gobierno socialista, se encontraba la mención al mandato constitucional del art. 47, de reconocimiento del derecho de todos los españoles de disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Hace ya décadas figuraba ese derecho en nuestras leyes, de manera que con el Sr. Sánchez no empieza el mundo. Si las consecuencias de esa ley, que va en dirección contraria a lo legislado en nuestro país en los últimos 40 años, son el incremento de los precios del alquiler, y reducir su mercado, habrá sido un completo fracaso.