De niño, a esa edad en la que las niñas y las señoras nos parecen seres profundamente extraños, me llamaba mucho la atención que en cines y teatros hubiera largas colas frente a los aseos femeninos mientras que la entrada a los masculinos estaba siempre expedita. ¿Qué harán ahí dentro? me preguntaba yo. No fue hasta hace unos pocos años, tras leer el opúsculo de Harry Frankfurt sobre la desigualdad, cuando aclaré la naturaleza del problema que genera colas frente a unos aseos y no lo hace frente a los otros. Las colas no resultan de las obvias diferencias anatómicas entre hombres y mujeres sino de una confusión filosófica: se confunde la equidad con la igualdad. Un trato equitativo entre hombres y mujeres hubiese resultado en aseos femeninos más amplios y con más inodoros que los masculinos que, además, tienen urinarios para servicios rápidos. Pero la confusión igualitaria ha causado que se les asigne la misma superficie. ¿Resultado? En unos hay colas y en los otros no.
Equidad e igualdad
Para entendernos: la igualdad es un caso particular de la equidad que se obtiene cuando se ignoran las características individuales de las personas. Cuando estas características no se conocen, lo mejor que puede hacerse es tratar a todo el mundo igual. Cuando sí se conocen –como en el caso del uso de los aseos- y se ignoran deliberadamente, se obtienen resultados aberrantes. Tiene que quedar claro que el principio moral que debe inspirar las relaciones entre personas es la equidad, no la igualdad, que no tiene ningún valor moral por sí misma. Hay que tratar igual a lo que es igual y diferente a lo que es diferente, en la medida de lo posible.
Los diputados que han obtenido escaño en el Congreso actual lo han hecho como resultado de un largo proceso de igualación por abajo de la clase política española
Me ha causado tristeza –lamentablemente, no sorpresa- leer una entrevista con Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional (¿acaso la Formación Profesional no es Educación?, ¿es ministra de dos cosas distintas?) publicada el pasado 22 de noviembre por un rotativo de difusión nacional. En el primer párrafo, Celaá habla de equidad, pero a la que uno se adentra en un texto lleno de vaguedades, ambigüedades y lugares comunes es fácil llegar a la conclusión de que lo que la ministra tiene en mente es la igualdad, algo que quiere conseguir suprimiendo los privilegios de la educación concertada y reduciendo el número de repetidores cosa que, a su vez, quiere propiciar reduciendo el esfuerzo que supone hoy en día aprobar un curso. De este modo, España podría acabar exhibiendo, sobre el papel, una cierta reducción de nuestras escandalosas cifras de fracaso escolar y una cierta convergencia ficticia con los países europeos más avanzados. Pero, ¿acabarán mejor formados nuestros estudiantes? Por supuesto que no, acabarán peor, porque la igualdad sólo puede conseguirse igualando por abajo, pero esto en la Carrera de San Jerónimo no parece importarle a nadie. A nadie, porque los diputados que han obtenido escaño en el Congreso actual lo han hecho como resultado de un largo proceso de igualación por abajo de la clase política española que ha llevado al penoso espectáculo en el que políticos con currículos de dudosa veracidad intentan disimular su carencia de ideas con una retórica incendiaria que no superaría el análisis gramatical exigido en la reválida de 4º curso del bachillerato de mi tiempo. Pero es lo que hay, que no es mucho, la verdad.
La persistencia de las disparidades regionales
En 1860 se llevó a término el primer censo de alfabetización provincial de la historia de España. Tenía muchos problemas metodológicos, pero ya apuntaba unas situaciones provinciales que, tozudamente, se han ido repitiendo durante 160 años en todos los censos posteriores y en los actuales informes PISA patrocinados por la OCDE. Estas situaciones, de manera muy estilizada, son las siguientes. En 1860 las provincias con mayor índice de alfabetización se situaban en las actuales Castilla y León, Cantabria y Comunidad de Madrid, mientras que las provincias con menor índice de alfabetización se situaban en las actuales Andalucía, Extremadura y Canarias. Las diferencias eran muy grandes. El porqué de este contraste entre el norte y el sur de España podría estar relacionado con el diferente tipo de repoblación que se hizo en una y otra zona durante la llamada Reconquista, pero este es un tema en el que no voy a entrar hoy en este artículo. En cualquier caso, en el informe PISA de 2009 la comunidad autónoma mejor colocada en comprensión lectora, matemáticas y ciencia es Castilla y León, seguida a poca distancia por la Comunidad de Madrid, Navarra y Cataluña. Todas ellas están claramente por encima de las medias española y de la OCDE. Las comunidades peor colocadas son Canarias, Extremadura y Andalucía, todas ellas colocadas por debajo de las medias española y de la OCDE. Estas situaciones se repiten, con muy pocas variaciones, en los informes PISA de 2012, 2015 y 2019. Los datos son tercos y llevan más de siglo y medio contándonos la misma historia: en el aprovechamiento escolar el progreso relativo de las distintas CCAA. mantiene hoy en día la foto fija de 1860. Y es ahí cuando la ministra Celaá decide hacer una nueva ley de Educación para intentar cambiar esta dispar situación ancestral, aunque ella no lo exprese así.
Hace falta política de calidad, no politiqueo, con visión estratégica de futuro, algo que hace décadas que no tenemos en España
Hay dos maneras de impulsar más convergencia en resultados educativos entre las distintas CCAA. En primer lugar, podría hacerse conforme al principio de equidad, es decir, tratando como igual lo que es igual y tratando lo diferente como diferente. Esto requeriría concentrar los esfuerzos económicos y políticos en las CCAA más atrasadas para mejorar la formación del profesorado, quebrar la resistencia de los sindicatos docentes a todo lo que no sea trabajar menos y cobrar más, y llegar a acuerdos políticos con los gobiernos autonómicos –que por lo general niegan que haya ningún problema de atraso relativo en sus comunidades- para fomentar la cultura del esfuerzo en los estudiantes y en sus familias, reducir las tasas de fracaso escolar y consolidar la cultura de que no se debe aspirar a vivir de la sopa boba indefinidamente. No son tareas menores, ni mucho menos. Hace falta política de calidad, no politiqueo, con visión estratégica de futuro, algo que hace décadas que no tenemos en España.
Alternativamente, el Gobierno de España podría intervenir conforme al principio de igualdad que, como he dicho antes, propiciaría no tanto el progreso de las CCAA más atrasadas como el retroceso de las más adelantadas. Insisto: la única manera de igualar en un mundo desigual es por abajo, desincentivando el esfuerzo de los que más se esfuerzan. A eso me temo que nos lleva la nueva Ley de Educación. Además, me malicio que en las CCAA más atrasadas la prioridad de muchos padres de estudiantes de primaria y secundaria es que éstos aprueben el curso, aunque no hayan aprendido casi nada. Si estoy en lo cierto, la ministra Celaá obtendrá réditos políticos positivos del bodrio de ley que ha llevado al Parlamento. Vivir para ver, pero así es la política.
Ya es difícil entrar en estos centros hoy en día y se convertirá en dificilísimo con la nueva ley, pero habrá familias que aumentarán su esfuerzo económico para que sus hijos consigan entrar
He dicho antes que la confusión de la equidad con la igualdad genera colas –recordemos el ejemplo de los aseos en los teatros- y acaba aumentando la desigualdad que pretendía disminuir. Si estoy en lo cierto, ¿dónde generará las colas la ley Celaá? Adivinen, adivinen… En mi opinión, las colas se generarán en los procesos de admisión en los colegios privados no concertados, en especial en aquellos que sigan un programa de prestigio internacional como, por ejemplo, el International Baccalaureate (IB). Ya es difícil entrar en estos centros hoy en día y se convertirá en dificilísimo con la nueva ley, pero habrá familias que aumentarán su esfuerzo económico para que sus hijos consigan entrar. Son colegios carísimos, que abren la puerta a las mejores universidades del mundo y cuyos graduados –lo digo por experiencia- tienen muchas tentaciones para no volver a España cuando terminan la universidad. La aproximación igualitaria tendrá el efecto adicional no deseado de propiciar que los más capacitados y esforzados acaben saliendo del país sin billete de retorno.
El problema de las élites españolas
España es un país descangallado no tanto por sus masas (en el sentido de Ortega), que son muy parecidas a las de otros países ricos, como por sus élites (en el sentido de Kant), que comparan muy mal con las de otros países de nuestro entorno. No voy a hablar de las masas, que siguen a lo suyo: acumular derechos y más derechos sin que a esta lista creciente le dé sentido obligación alguna. El gran problema histórico de España son sus élites, que deberían estar compuestas por quienes saben que –como dijo Kant- la libertad no emana de ejercer derechos, sino de asumir deberes. El progreso, donde ha ocurrido, ha sido siempre impulsado por élites heterodoxas, inconformistas, progresistas e insatisfechas. Pues no. Las élites españolas desde hace siglos han sido ortodoxas, conformistas, reaccionarias y satisfechas de sí mismas. Como escribió Ortega, “lo característico de España no es que la Inquisición quemase a los heterodoxos, sino que no hubiese ningún heterodoxo importante que quemar. Cuando por casualidad ha habido algún heterodoxo español importante, se iba fuera, como Servet, y era fuera donde lo quemaban”. Lo llamativo del caso es que a estos heterodoxos importantes no se les ha echado de menos. “¡Que inventen ellos!” espetó Unamuno.
Muchos países occidentales recurren al sistema educativo para formar a sus élites. En el Reino Unido, por ejemplo, las Public Schools como Harrow o Eton –que son escuelas privadas de muy difícil acceso- colocan a sus mejores estudiantes en las universidades de Oxford y Cambridge, de donde salen las élites de la política, administración, ciencias y negocios. En los EEUU esta función la cumplen las Universidades de la Ivy League (Harvard, Yale…) y otras similares como Stanford. En Francia el papel de formación de élites lo tienen las Grandes Écoles (ENA, Polytechnique…). En España no existen instituciones educativas con vocación de formar a las élites. Y, en mi opinión, esas instituciones son necesarias porque, para subir una media, es preciso casi siempre aumentar la dispersión alrededor de dicha media. Veámoslo con un ejemplo.
El ejemplo de los CAR
La transformación del deporte en España en las últimas décadas debe ser una fuente de inspiración. Como preparación para las Olimpiadas de 1992 se pusieron en marcha los Centros de Alto Rendimiento (CAR). El éxito inmediato de los CAR fue que consiguieron, a partir de esa fecha, poner en el podio a atletas y deportistas españoles en unas cantidades que eran inimaginables unos pocos años antes. La gran cantidad de medallas obtenidas en 1992 fue seguida por campeonatos europeos y del mundo de fútbol, Tours de Francia, Grand Slams… Además, el énfasis puesto por los CAR en la formación integral de la persona y en los valores de ambición, esfuerzo y humildad propició que los deportistas de élite se convirtieran en ejemplo para la sociedad española, especialmente para la juventud. La formación de élites deportivas no resultó en un debilitamiento de la práctica del deporte en categorías inferiores y en el conjunto de la sociedad española, sino todo lo contrario. El ejemplo de la élite propició una explosión participativa no sólo en las categorías inferiores sino también a nivel popular y familiar. La construcción del vértice de la pirámide ha sido esencial para que en España se acabase haciendo más y mejor deporte, no menos, con los beneficios obvios para la salud y el bienestar de la población.
Centros de enseñanza de élite no excluyentes
Inspirándome en los CAR insisto, por tercera vez en público en menos de una década, en proponer la creación de un pequeño número de centros educativos de excelencia en la enseñanza secundaria pública. Hay que empezar por construir el vértice de la pirámide -hoy en día inexistente– y creo inútil, en los tiempos actuales, empezar por la universidad. Estos centros de excelencia deberían ser exclusivos y no excluyentes; es decir, que la admisión debería atender solamente a criterios de capacidad y mérito, y nadie debería quedar fuera por motivos económicos. La gestión de los centros debería ser profesional y separada de la docencia. Los directivos deberían responder de los resultados obtenidos y deberían ser remunerados adecuadamente. Nada de eso ocurre hoy en día en los centros públicos españoles. Dado el escaso acervo español en este tipo de experiencias, sería muy importante contar con el asesoramiento de alguna organización de prestigio como, por ejemplo, el IB que he mencionado antes.
El coste de estos centros de excelencia sería sorprendentemente bajo. El coste de un estudiante del IB es de unos 15.000€ anuales. El coste para las arcas públicas de un estudiante de secundaria es de unos 6.000€, con lo que el coste adicional de la excelencia son 9.000€ al año. Un sistema de 20 centros con 250 alumnos en cada uno repartidos en seis cursos tendría, permanentemente, un coste adicional de 45 millones de euros anuales. Este es el coste de, por ejemplo, construir 4 kilómetros de vía de tren de alta velocidad. ¿Cuáles son las prioridades de España? ¿Ir cada vez más deprisa en trenes semivacíos o financiar un revulsivo que puede contribuir de manera decisiva a la mejora de nuestro sistema educativo?
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