La ceguera independentista

La ceguera independentista no tiene límites. La responsabilidad de ver, como narra Saramago en su Ensayo sobre la ceguera, es lo que parece haber perdido por completo el independentismo catalán, o más concretamente, los ex de Convergència. O, para especificar aún más, a la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, quien ha propuesto paralizar la actividad de la Cámara a raíz del caso del diputado de la CUP, Pau Juvillà condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia por negarse a retirar de su despacho en el ayuntamiento unos lazos amarillos durante la campaña electoral. Paralizar una institución que representa a la sociedad catalana en pleno, y ha de trabajar para ella, no es admisible desde ningún punto de vista pero tal y, menos todavía, en estos tiempos de excepcionalidad pandémica. Debería sonar incluso vergonzoso a los propios simpatizantes independentistas, por mucho que argumenten que así actúan en defensa de una causa o que pretendan deslegitimar las decisiones judiciales. Las batallas políticas, en democracia, tienen otros ámbitos donde celebrarse.

Más de 48 horas lleva ya el Parlament sin tratar asuntos que estaban previstos, por ejemplo, en las comisiones de Interior, Cultura o derechos sociales. Una tormenta desatada por Junts per Catalunya, avalado por ERC y la CUP, con la quetan solo se consigue desprestigiar la máxima institución catalana en coincidencia temporal con cuestiones que sí que son fundamentales para los ciudadanos y por los que en verdad deberían trabajar nuestros políticos. No se puede estar más ciego. Más importante que la causa política de los separatistas es la vida, la salud, el día a día de la gente, más si cabe tras dos años de pandemia en los que han padecido todo tipo de interrupciones, de proyectos segados, de iniciativas colapsadas, de asuntos que requieren el trabajo y la labor de políticos, dentro y fuera del Parlamento. Habría incluso que añadir, a este panorama desolador, la particular situación que se vive en Cataluña desde 2017, con los episodios de sobra conocidos, hasta la celebración de elecciones hará justo un año el 14 de febrero con un resultado que no ha producido la necesaria estabilidad. Es decir, un tiempo perdido en Cataluña, sea por la pandemia, sea por la inestabilidad política previa a las elecciones, sea por la ceguera del independentismo que nubla el foco en cuestiones fundamentales, por ejemplo reforzar un sistema sanitario totalmente estresado que está dando la espalda a patologías graves.

No sé si los independentistas están orgullosos de conocer que somos la comunidad autónoma con más problemas de exclusión social, un deterioro sin precedentes

El otro aspecto de la tremenda situación por la que atravesamos es el que refleja Cáritas en su último informe, y que arroja unos datos desgarradores que señalan directamente a la gestión que lleva a cabo el Gobierno de la Generalitat. No sé si los independentistas están orgullosos de conocer que somos la comunidad autónoma con más problemas de exclusión social, un deterioro sin precedentes como anunciaba ayer una portavoz de la entidad. En ese riesgo de exclusión están 2.258.000 personas, un 29% de la población. Precisamente una de las comisiones que no se ha celebrado por culpa de los independentistas versaba sobre derechos sociales.

La sociedad no está para perder más tiempo y los políticos deberían darse cuenta de ello. No sé si es ceguera o que el dinero y el poder les ciega pero lo evidente es que no son tiempos para circos o escenificaciones que no conducen a ningún lugar. No puede humillarse de esta forma al Parlament, supuestamente la voz de todos los catalanes. Los políticos deben distinguir entre el partido para el que trabajan y las instituciones a las que representan. El Parlament no es solo de los independentistas, por mucho que signifiquen el 52% de los escaños. Cuídense.