Sorpresa relativa entre los empresarios familiares por el acuerdo para reducir la jornada laboral. Sorpresa porque algunos no esperaban que el PSOE iba a tragar con una propuesta de Sumar a la que se opone la vicepresidenta Nadia Calviño. Y relativa, por dos razones. Una: es una idea muy difícil de aterrizar por su complejidad. Y dos: el debate sobre la flexibilidad laboral ya está sobre la mesa de muchas empresas, sin necesidad de que los dos partidos de la coalición tengan que recordarlo.
Empezando por el último punto, el sondeo realizado ayer en Bilbao por el Instituto de la Empresa Familiar presenta dos datos reveladores. Por un lado, el 89% de los encuestados asegura que tiene "mucha" o "bastante" dificultad para "encontrar profesionales con los perfiles que requiere su empresa". Por otro, los empresarios reconocen que la conciliación (flexibilidad, teletrabajo) ya es el factor que más pesa a la hora de atraer talento (un 60%, frente al 57% que da más importancia a las condiciones económicas).
"Hace tiempo que los salarios ya no lo son todo al explorar la búsqueda de personal. Los jóvenes vienen con otro chip. Y esa tendencia se ha acrecentado con la pandemia. Ha venido para quedarse", reflexionaba este martes en Bilbao un economista que conoce bien el difícil día a día de los empresarios familiares. "La clave no es tanto la duración de la jornada, sino el grado de productividad".
Para muchos analistas, ese el auténtico talón de Aquiles de la economía española. Según Eurostat, la productividad en nuestro país -medida por hora trabajada- está 16,5 puntos por debajo de la media de la eurozona. Pesan demasiado las cargas fiscales y laborales que soportan los empresarios. Todo un lastre que deja en desventaja a nuestras empresas frente a -por ejemplo- las alemanas o las estadounidenses. "Nosotros no sólo competimos con empresas de Sevilla o de Cáceres. Competimos sobre todo fuera. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay compañías que operan con un marco fiscal distinto", recuerda el presidente del IEF, Andrés Sendagorta.
La clave no es tanto la medición de la jornada, sino el grado de productividad. Según Eurostat, está 16,5 puntos por debajo de la media de la Eurozona. Pesan demasiado las cargas fiscales y laborales que soportan los empresarios
La mejora de la productividad y el 'tamaño' de la jornada laboral deberían ser casi un asunto de Estado, puesto que de ello depende la prosperidad del país. Por eso, el debate debería plantearse con el mayor nivel de 'racionalidad' y consenso entre todas las partes implicadas: Gobierno, patronales y sindicatos.
Lo que han hecho PSOE y Sumar es, precisamente, lo contrario: empujar con calzador y por las bravas un recorte de la jornada laboral. Y aderezarlo con otro 'hachazo' fiscal, que se traducirá en una subida del impuesto de Sociedades de 10.000 millones. Es comprensible el cabreo de las tres mayores patronales. CEOE (grandes empresas), Cepyme (medianas y pequeñas) y ATA (autónomos) han denunciado el "atropello al papel constitucional de los agentes sociales". "Resulta sorprendente que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del diálogo social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente", señala el comunicado conjunto.
El pacto para allanar la coalición está, claramente, fuera de la realidad. En primer lugar, porque la jornada de 37,5 horas tiene un complicado encaje en un mercado laboral con infinidad de convenios y con un tejido empresarial como el español, donde abundan las pequeñas empresas (hay un 1,1 millones con menos de nueve empleados). En segundo lugar, la reducción de la jornada, sin tocar los salarios y sin aplicar medidas paralelas que aumenten la productividad por empleado, choca directamente con uno de los mayores problemas del Estado: la sostenibilidad de las pensiones.
El recorte generalizado de la jornada laboral, sin consenso y sin un incremento potente de la productividad, camina contra las exigencias que plantea la realidad demográfica y económica
Con su pacto precipitado, PSOE y Sumar trasladan un mensaje contradictorio a la sociedad. Ambos partidos aseguran que se puede trabajar menos por el mismo sueldo. Pero hasta el mismo Gobierno de coalición (ahora en funciones) tenía asumido que los españoles debemos retrasar la edad de jubilación para garantizar las pensiones futuras.
La caja de la Seguridad Social, con una deuda superior a los 100.000 millones, necesita más trabajadores que ganen cada vez más dinero. Según la AIReF, la última reforma impulsada por el ministro José Luis Escrivá es insuficiente para sostener el sistema. Si no hay medidas para incrementar los ingresos, el gasto necesario para pagar la nóminas de los pensionistas elevará 1,1 puntos más el déficit público en 2050 y un punto más en 2070. La AIReF calcula que la deuda del Estado se dispararía hasta el 186% del PIB.
El recorte generalizado de la jornada laboral, sin consenso y sin un incremento potente de la productividad, camina contra las exigencias que plantea la realidad demográfica y económica. Es un cuento de la lechera peligroso, promovido por Yolanda Diáz y refrendado por Pedro Sánchez, que permite anclar la nueva coalición, pero que aporta pan para hoy y hambre para mañana al sistema. No pagarán la factura los trabajadores actuales, potenciales beneficiarios de la medida, sino sus hijos y sus nietos. Sin merecerlo.
