Algo no funciona bien en este país nuestro, cada día más desigual y cada semana más irreconocible. De cuando en cuando nos enteramos de noticias que nos hacen dudar de la bondad del sistema que constitucionalmente convirtió a nuestro país en un Estado Federal.
Tal vez esa decisión, copiada de la Alemania Federal, pero de la que se diferencia por el hecho de que el federalismo alemán fue una decisión adoptada por los tanques norteamericanos, mientras que el artículo 2 y el Título VIII de nuestra Constitución de 1978 fueron la consecuencia de la libre voluntad de los ciudadanos españoles en el referéndum de 1978. Desde luego, para algunas regiones españolas, el régimen autonómico fue el instrumento que posibilitó su supervivencia y que igualó significativamente a los españoles. Hoy, alguien se pone a la salida de los alumnos de cualquier centro escolar y, viéndolos, no sabría si son madrileños, extremeños, andaluces, gallego o murcianos. En la dictadura si era fácil identificarlos por su aspecto, por su ropa, por su dentadura.
Algunas comunidades autónomas alardean de su riqueza tratando de confundir a la opinión pública y de agrandar la figura de sus gobernantes que, sin duda, acumulan éxitos en su gestión, pero que en otras ocasiones juegan con las cartas marcadas o se sacan de la manga ases que no les corresponden. Véase, si no, la última medida adoptada por la Comunidad autónoma madrileña. La prensa titulaba de la siguiente manera: “Ayuso concederá becas para estudiar en centros privados a familias con ingresos superiores a los 100.000 euros anuales”.
Si en la Comunidad de Madrid dan becas a familias con ingreso anuales superiores a 100.000 euros es porque estamos viviendo en un país absolutamente desigual
Cualquiera que lea esa noticia, que es verdadera según ha declarado la propia presidenta madrileña, podría sacar dos conclusiones falsas desde mi punto de vista: Si en la Comunidad de Madrid dan becas a familias con ingreso anuales superiores a 100.000 euros es porque estamos viviendo en un país absolutamente desigual. Lo que en Madrid es ser pobre (por eso recibirán becas de estudio), en Extremadura y en otras zonas de España es ser rico. O existe alguna anomalía o este país está absolutamente desquiciado.
Seguro que otros pensarán en la maravilla que significa el gobierno de la señora Ayuso a la que se le deben caer los billetes de 500 euros por los pasillos de su sede presidencial madrileña. ¿Cómo de buena será la gestión de esta presidenta que, según ella, se permite el lujo de becar a las familias que ingresen más de 100.000 euros y, encima, le sobra dinero para mejorar la sanidad, los Servicios Sociales y la Educación? Si la noticia no se comenta, se podría llegar a pensar que otros presidentes autonómicos no le llegan ni a la suela de los zapatos a la tan mencionada Ayuso.
Quienes han tenido que negociar los distintos modelos de financiación autonómica conocen de sobra el truco del que se vale la Comunidad de Madrid para hacer lo que magníficamente describe el cuplé La chica del 17: “Dónde se mete la chica del 17/ de dónde saca/ pa tanto como destaca”. La financiación autonómica maneja distintas variables, siendo la población una de las que más aporta a las distintas Comunidades. A la de Madrid, como a las demás, se le financia en función del número de habitantes. En 2019, Madrid contaba con 6.642.000 habitantes. Se suponía que todos ellos serían receptores de los servicios sanitarios; una parte de ellos, de los Servicios Asistenciales y otra parte de los servicios educativos. Y de esa forma, en Extremadura prácticamente el cien por cien de los ciudadanos hacemos uso de los servicios sanitarios públicos, detrayendo de la financiación autonómica un porcentaje importante de recursos económicos. Algo similar ocurre con la Educación. Son muy pocos los centros educativos privados existentes en la región extremeña por lo que la mayoría de los alumnos acuden a recibir su formación educativa obligatoria a los centros públicos.
El Estado financia la asistencia sanitaria del cien por cien de los madrileños y las arcas de la Administración autonómica se ahorra el 50% de lo comprometido
La Comunidad madrileña dispone, como las demás autonomías, de recursos para atender al cien por cien de los ciudadanos, pero se da la circunstancia de que, por las razones que sean, casi el 50% de los madrileños rechazan la sanidad pública y acuden a la sanidad privada. El Estado financia la asistencia sanitaria del cien por cien de los madrileños y las arcas de la Administración autonómica se ahorra el 50% de lo comprometido puesto que el usuario no acude a lo financiado públicamente sino que se financia su propia salud a través del sistema privado.
Exactamente eso ocurre con la educación. Ahí, más del 50% del alumnado en edad de educación obligatoria acude a centros privados o privados concertados, desechando el sistema público educativo.
Ahí está el gran ahorro de la Comunidad de Madrid y ahí es donde se producen las mayores desigualdades en el modelo autonómico español. De ahí salen los billetes para esas alegrías que suponen una afrenta para quienes han decidido apostar por sistemas públicos, de calidad y universales en Educación, Sanidad y Servicios Asistenciales. Y sin contar el IRPF de los funcionarios del Estado que pagamos todos los españoles pero que cotizan en Madrid y los impuestos de Sociedades que se liquidan en Madrid cuando su actividad se desarrolla en otros territorios.
Así que ya sabemos de "dónde saca pa tanto como destaca".
