Escuchando a Irene Montero declamar su discurso rancio e inútil con voz temblorosa, una sospecha que lo que le hubiera gustado de verdad es concedernos el voto, o ya puestos, iniciar el debate sobre el alma de las mujeres y ganarlo disfrazada de obispo en un concilio medieval cualquiera. Una chica que tenía doce años cuando entramos en el siglo XXI, que ni siquiera ha conocido la vida analógica y cuyas circunstancias particulares han influido de forma tan definitiva en la consecución del cargo que ahora ostenta, se permite el lujo de hablar en nombre de todas las mujeres que sí han ido rompiendo todos los techos de cristal que impedían su desarrollo a base de voluntad, determinación y méritos personales
En este trabajar sin descanso del ministerio podemita de igualdad en conseguir victorias que llevan generaciones ganadas, ahora le ha llegado el turno al consentimiento expreso en las relaciones sexuales, como si no fuera la falta del mismo la característica fundamental del delito de agresión sexual y su versión agravada del delito de violación. Ese adanismo consistente en inventar la rueda una y otra vez, que tanto nos agota, se manifiesta en el redactado de la ley en todo su esplendor: “Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
La maquinaria del estado no puede impedir en todos los casos la comisión del delito pero sí reconocerlo y castigarlo, y así ha sucedido con este tipo de agresiones desde hace siglos
Mira, Irene, eso ya estaba claro en los tiempos de tu bisabuela e incluso de la mía. Por poner solo dos ejemplos, a un condenado por violación en el reinado de Felipe II, se le condenó a vergüenza pública, 300 latigazos y seis años de destierro, y en los tercios se castigaba la violación, aún de mujeres del bando enemigo, con pena de muerte, porque la maquinaria del estado no puede impedir en todos los casos la comisión del delito pero sí reconocerlo y castigarlo, y así ha sucedido con este tipo de agresiones desde hace siglos, mal que le pese a la joven señora Montero.
Terrible es también la desaparición de la presunción de inocencia, como si dicho concepto no fuera la cumbre de nuestro sistema jurídico. Esa sí fue una batalla que mereció la pena darse y de cuya consecución hubiéramos debido alegrarnos y enorgullecernos todos, en vez de permitir que una ley innecesaria y redundante terminara con ella.
Consideran las promotoras de esta ley que se trata de un triunfo de las movilizaciones y luchas feministas, cuando lo fundamental de lo que se ha regulado ya existía, lo accesorio podría incluirse en el código penal, y ellas mismas han llegado a unos puestos de gran responsabilidad por pura carambola política y sin acreditar el menor mérito para ello. Y los ciudadanos de ambos sexos que contemplamos su gesticulación no podemos evitar hacer cuentas mentales de lo que nos cuesta tanto postureo inútil y tanto victimismo sin razón de ser. Alguien con valor tendría que decirle a la señora ministra con mucho tacto que por mucho que lo desee no vive en el siglo diecinueve.
