“No hay que imponer el marco constitucional “. Esta afirmación la ha hecho la señora Batet, ministra del gobierno Sánchez, en una entrevista al diario digital Crónica Global el día 19 de abril para referirse a las personas que en Cataluña no reconocen como suyo el marco constitucional por lo que no habría que imponerlo, sino sólo dialogar.
Podemos aplicar este argumento a los ciudadanos que no reconocen como suyo el sistema fiscal por lo que no habría que imponer pagar los impuestos, sólo dialogar, o a los ciudadanos que no reconocen como suyo el marco laboral, por lo que no habría que imponer horarios, ni siquiera trabajar, sólo dialogar, o a los ciudadanos que no reconocen como suyo el sistema penal por lo que no habría que imponerlo, sólo dialogar con asesinos, corruptos, violadores.
Podríamos seguir así en un sinfín de aspectos que conforman la vida social, económica y política de las sociedades complejas actuales. Es fácil imaginar las consecuencias destructivas para el orden civil, el desarrollo, la convivencia y la paz social.
Quizá la señora Batet no era consciente de la trascendencia de lo que dijo. Que un indocumentado haga declaraciones de este cariz forma parte del nivel de debate de las redes sociales, pero resulta que estás afirmaciones las hace la señora Batet como ministra del Reino de España, es decir, que forma parte del poder Ejecutivo de la Nación que nos fríe a regulaciones e impuestos sin cuestionarse si los ciudadanos lo reconocemos o no y sin prestarse a dialogar siquiera.
El argumento de Batet podríamos aplicarlo, por ejemplo, a los que no reconocen como suyo el sistema fiscal, por lo que no habría que imponer pagar los impuestos, sólo dialogar
Resulta también que en el Estado del que es ministra, el poder jurisdiccional está juzgando por delitos graves a líderes políticos catalanes que se han pasado por el arco del triunfo el orden constitucional como acredita el sumario de instrucción del proceso penal. Según el argumento de la ministra no se debería imponer, por lo que habría que disolver el procedimiento penal, incoado en coherencia con el marco constitucional, y dialogar con los presuntos delincuentes. Que usted sea ministra de España es una prueba palpable de ese marco constitucional, aunque muchos ciudadanos no la reconozcan como suya y tengan que apechugar con esa imposición sin diálogo.
Señora Batet, el valor de las sociedades democráticas depende exactamente del sometimiento de todos, incluyendo también a los independentistas catalanes, al imperio de la ley como garantía de seguridad, libertad individual y progreso. Cuando este imperio se relativiza, como parece que usted hace, o las conductas de determinados grupos de poder logran imponerse a ese imperio, como maquinaban hacer los separatistas catalanes, esa sociedad está condenada a la destrucción como la historia pone de sobras en evidencia con la fractura del orden, la seguridad, la libertad y el progreso. Un ejemplo concreto lo tenemos en nuestra historia reciente con la Segunda República (1931-1939), cuyos poderes públicos fueron incapaces de garantizar el orden constitucional: partidos políticos, lideres y grupos de poder erosionaron y conculcaron el imperio de la ley con impunidad: deslealtad, arbitrariedad, dejación de funciones, asesinatos políticos...
El valor social del imperio de la ley depende tanto de la autoridad de los poderes públicos como de la eficacia de su ejecución. He aquí dos conceptos clave del imperio de la ley: autoridad y eficacia ejecutiva.
Suele ponerse como ejemplo gráfico de autoridad la que tuvo el Senado de Roma durante la República. Roma, en el siglo II aC, iba expandiéndose por el Mediterráneo con la eficacia del orden romano y las legiones. El año 168 aC Antioco IV Epifanes, rey de Siria, invadió Chipre y ya en Alejandría estaba dispuesto a invadir Egipto, cuando el Senado de Roma envió a un legatus, el cónsul romano Cayo Popilio Lenas, quien en nombre de Roma le conminó a abandonar Egipto y Chipre. Replicó que tenía que consultarlo a su consejo, pero Popilio trazó un circulo en la tierra alrededor del rey y le dijo: “piénsalo aquí”. Viendo que salir del círculo sin haber ordenado la retirada era un desafío a Roma, decidió ceder para evitar una guerra.
Señora Batet, el valor de las sociedades democráticas depende exactamente del sometimiento de todos, también de los independentistas catalanes, al imperio de la ley
La eficacia del imperio de la ley halla su fundamento precisamente en estos dos factores:
a.- La capacidad y responsabilidad de los poderes públicos: el Gobierno y las Cortes Generales de la Nación (políticos), y la Judicatura (magistrados, jueces y fiscales) para que el orden constitucional y legal con sus principios y valores prevalezcan sobre cualquier otra consideración en todo el territorio, en las instituciones (Administración, autonomías, ayuntamientos) y en relaciones sociopolíticas. En resumen: es el ejercicio exigente y sin complejos del poder democrático derivado del imperio de la ley.
b.- La autoridad del Estado democrático constitucional. Es el poder legítimo constitucional que logra el acatamiento por dos motivos: el prestigio de su ejecutoria y el ejercicio exigente de las responsabilidades públicas. En resumen: es el ejercicio sutil del poder tan eficaz o más que el ejercicio material del poder, pero en cualquier caso complementario.
El valor y las altas expectativas de los españoles con la Transición democrática que dieron lugar a la Ley de Reforma Política y, después, a la aprobación de la Constitución, refrendada mayoritariamente por los españoles, auguraban un orden civil unido en libertad, pero 40 años después, tenemos una grave crisis constitucional en Cataluña y en otros territorios -por mímesis- calentando los motores de la secesión por la ligereza irresponsable en cumplir y hacer cumplir la Constitución de muchos responsables públicos con lo que la división y la arbitrariedad medran.
En este tiempo, se ha debilitado tanto la autoridad del Estado como su capacidad efectiva para que la Constitución y sus valores estén vigentes en todos los lugares de España y en la conciencia mayoritaria de los españoles.
Señora Batet, su “no hay que imponer el marco constitucional” es la expresión palmaria de carencia de autoridad y dejación de responsabilidad pública exigibles a una ministra de España.
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