Hora de un poco de disciplina

España va relativamente bien. A pesar del ruido y los lloros habituales de la política del país, nuestros indicadores económicos son más o menos aceptables: una tasa de crecimiento por encima de la media europea, una tasa de desempleo aún elevada, pero a la baja, y una inflación casi bajo control. Nuestra economía sigue teniendo la misma larga lista de problemas estructurales de siempre, desde el desempleo a la baja productividad o las enormes dificultades de los jóvenes para entrar en el mercado laboral y emanciparse.

Aun así, estos son problemas de un país más o menos normal. Es necesario buscar soluciones, pero es la clase de dificultades que una democracia desarrollada suele arreglar a trancas y barrancas, con pequeñas reformas que van cambiando el rumbo de la economía poco a poco. Aunque no hay motivo alguno para el triunfalismo, estamos en una posición en la que podemos hacer política económica de forma bastante sosegada.

El hecho de que nuestra economía esté creciendo, sin embargo, debería ser motivo para que prestáramos atención a un indicador del que no estamos hablando lo suficiente: el déficit público. En condiciones ideales, los presupuestos del Estado deben tener un carácter anticíclico, es decir, moverse en dirección contraria hacia dónde va la economía. Si el PIB está creciendo (y en España lo está haciendo a buen ritmo), el sector público debe intentar gastar menos de lo que ingresa para reducir la deuda pública. Cuando las cosas van en dirección contraria, el Estado debe gastar más de lo que ingresa, tanto para compensar a aquellos que pierden su empleo y necesitan servicios sociales como para apoyar al resto de la economía.

España, sin embargo, tiene un pequeño problema ahora mismo, compartido con muchos otros países desarrollados: a pesar del crecimiento económico, la OCDE proyecta un déficit público del 3,5% del PIB para este 2024. Esta no es una cifra catastrófica, ni pone a España en el camino de una crisis de deuda inminente. La combinación entre crecimiento económico e inflación hará que nuestra deuda pública este año apenas aumente.

El problema, sin embargo, es si viene una crisis económica y dejamos de crecer. En una recesión, los ingresos caen y el gasto público sube, así que nuestro déficit rápidamente dejaría de ser modesto para convertirse en algo un poco más preocupante. Dado nuestro relativamente alto nivel de endeudamiento, eso nos podría poner en un brete un poco más serio y mucho más arriesgado.

Política de austeridad

Es ahora entonces, cuando la economía va bien y no tenemos exigencias elevadas de gasto, que debemos plantearnos reducir el déficit público. Ya sé que la austeridad tiene mala prensa (tras la crisis del 2008, más que justificada), pero es hora de tomarse este problema en serio.

Hay dos posibles objeciones a reducir el déficit ahora. Por un lado, hacer política de austeridad ahora es posible que reduzca nuestro crecimiento económico, y con una previsión de crecimiento del 1,5%, no es que tengamos muchísimo margen. La respuesta es que es posible tomar medidas que aumenten los ingresos del Estado y reduzcan el gasto con un impacto muy leve en el PIB.

El gobierno, por ejemplo, puede empezar a retirar todas esas medidas de apoyo a los precios de energía y alimentos que tan caras resultan y que no tienen un efecto demasiado real en la inflación, pero que sí aumentan los beneficios de muchas empresas. Se pueden empezar a eliminar muchas exenciones bastante irracionales en el IVA, eliminar un buen puñado de subvenciones poco razonables a combustibles fósiles y la gratuidad de los billetes de cercanías y regionales, aprobar nuevos impuestos medioambientales y subir los impuestos especiales a carburantes, tabaco y alcohol. Todas estas medidas pueden ser acompañadas con programas que compensen a las familias con menos ingresos, como un crédito fiscal a las familias con hijos o ayudas al alquiler de vivienda.

Independientemente del diseño específico del paquete fiscal, lo importante es que la reducción de ingresos sea mayor que cualquier aumento del gasto. La idea es recuperar espacio de margen fiscal por si las cosas van mal dadas.

La otra objeción es que la austeridad necesariamente debilitará los servicios públicos, ya que impone recortes que harán daño a los más vulnerables. Esto tiene algo de falaz, ya que si algo distingue a nuestro estado del bienestar es que nuestro gasto público es excepcionalmente torpe destinando recursos a quien menos tiene. Podemos, además, ser austeros vía recaudación, manteniendo el gasto en programas necesarios e invirtiendo más recursos en otras medidas urgentes.

La mejor manera de proteger el estado del bienestar es asegurarnos de que es económicamente sostenible, y la única manera de hacerlo es tener un sector público solvente y bien financiado a largo plazo

Más allá de la aritmética y las decisiones de gasto, lo que debemos tener en mente es que si hay algo que haría un daño atroz a nuestros servicios públicos es otra crisis de deuda como la que tuvimos en 2008. La mejor manera de proteger el estado del bienestar es asegurarnos de que es económicamente sostenible, y la única manera de hacerlo es tener un sector público solvente y bien financiado a largo plazo. De lo contrario, podemos vernos abocados a una repetición de la catástrofe de la gran recesión, con recortes forzosos en lo peor de la crisis simplemente porque no teníamos capacidad fiscal para cubrir nuestros gastos.

Por fortuna, nuestra situación fiscal actual es un poco como el resto de la economía; no es exactamente estelar, pero es lo suficientemente buena como para que podamos ir arreglando el problema paso a paso con reformas puntuales. El gobierno, por tanto, no necesita aprobar un paquete de medidas con doce subidas fiscales y ocho reformas en profundidad. Puede, simplemente, ir limando el gasto, dejando desaparecer programas inútiles y retocando impuestos poco a poco con subidas modestas en los márgenes. Sería preferible hacerlo rápido en caso de que una hipotética crisis llegue antes de lo que esperamos, pero España no deja de ser una democracia avanzada más o menos normal y las democracias avanzadas más o menos normales suelen solucionar los problemas paso a paso, sin prisas ni grandes aspavientos.

No es una solución ideal; este es el sistema que tenemos.