Había que pagar el proceso

Artur Mas, del 2010 al 2014, redujo el presupuesto de sanidad en 1.500 millones. Bajo su presidencia, además, crecieron las listas de espera como nunca, hubo dos mil quinientos médicos menos y cero inversiones. Eso sí, prometió llevarnos hasta Ítaca.

Ahora, los médicos de cabecera, esa infantería heroica y entregada, han dicho basta. El Institut Català de la Salut es la hermana pobre de la Generalitat desde que empezó esta broma pesada separatista. A fuerza de recortes, la situación se ha hecho de todo punto insostenible para la sanidad catalana. La huelga de médicos no obedece a ningún interés corporativo ni al legítimo deseo de ganar más dinero, aunque los médicos en esta tierra de organizaciones esteladas hiper subvencionadas sean los peor pagados de todas las comunidades autónomas – hasta diez mil euros anuales menos y una media de mil horas más de trabajo al año – sino a criterios puramente profesionales: exigen que se les garantice un mínimo de doce minutos - ¡doce! – por paciente. Teniendo de promedio cerca de treinta visitas diarias, es lógico que pidan un tiempo mínimo para que el paciente se explique, para escucharle, para decidir qué actuación debe adoptarse, qué procedimiento, qué solución. Porque un enfermo es algo más que un protocolo burocrático, un expediente, unos datos introducidos en un ordenador, una cifra más que añadir a la estadística anual.

La salud es la primera de todas nuestras libertades y derechos, aunque esta sociedad hedonista se empeñe en hacernos creer que ese lugar lo ocupan el placer, el ego y la rabieta infantil. Pero las cosas son como son, y las nueve décimas partes de nuestra felicidad se fundan en la salud, como decía Schopenhauer. Por eso es suicida no atender como se merece al colectivo de los médicos, esas personas a las que acudimos para que compongan lo que de mortal tenemos, que es todo, esperando de ellos un milagro o, como mínimo, que aseguren nuestra presencia en este valle de lágrimas el máximo posible.

Que lo que se tenga que negociar con la Generalitat sea tiempo para atender como se debe a los enfermos es buena prueba de hasta qué punto la sanidad pública se ha destruido. Los pésimos gerentes, los diferentes Consellers, algunos provenientes del terreno de las mutuas como Boi Ruiz, que vino a desmantelar lo público en favor de lo privado porque provenía justamente de ese sector, o los auténticamente ineptos como el ahora fugado Toni Comín, que no tenía ni pajolera idea y se limitó a hacerse el soberbio ante los medios, se han cargado el sistema.

El seguimiento de la huelga ha sido total, claro, y aunque los pacientes que han acudido a sus CAP – Centros de Asistencia Primaria – se quejaban, a pesar de los servicios mínimos, la gente ha entendido la protesta. En esta Cataluña en la que los voceros mediáticos del proceso cobran burradas o hay dinero para abrir embajadas, los hospitales públicos cierran plantas enteras, reducen personal, un día no tienen ropa de cama de recambio, otros no tienen lejía, sí, hemos dicho lejía, o el instrumental más básico va buscadísimo. Yo he visto a un jefe de departamento, una eminencia en cirugía, ir “robando” por toda la planta una sonda gástrica por no tener ninguna en su consulta o a una enfermera llevar las tijeras atadas con un cordel a su uniforme. Escasean plazas de médicos porque no se cubren las jubilaciones ni las bajas, se paga mal a los profesionales y no se les dan los medios imprescindibles.

Y ustedes se peguntarán ¿esa precariedad afecta a todos en la sanidad pública? Claro que no, todavía hay clases. Los altos cargos de estos centros sanitarios públicos o concertados aumentaron sus sueldos en el mismo periodo en el que se produjo la tala brutal del sistema público sanitario catalán. Hasta cinco personas de esta élite cobran más que el mismo presidente de la Generalitat, que, por cierto, se va a 150.000 euros anuales. El resto no le va a la zaga. Pero España nos roba, dicen los nacionalistas, nos priva de nuestro dinero, de nuestras libertades. Ellos, los herederos de Pujol, se contentan con robarnos nuestra salud.

Había que pagar el proceso, sí, había que colocar a els nostres, porque lo sustancial es la estelada y, si no hay dinero para los hospitales, da igual. Al fin y al cabo, esta gente es de sanatorio privado en Suiza. Su delito es horrible, porque privar a la ciudadanía de algo tan elemental y como el derecho a una sanidad pública de calidad roza lo criminal. Si se ha aguantado el sistema hasta hoy ha sido a base del terrible esfuerzo humano de médicos y personal sanitario que han aguantado carros y carretas para que los enfermos no notásemos las insuficiencias. Pero ha llegado el momento de decirles basta a estos señoritos del sueldazo millonario, la ineptitud y la corrupción, porque hay muchos que se han forrado con lo que, piadosa y cínicamente, denominan el negocio sanitario. Recuerden aquel gag de los Monty Python en el que los médicos que atienden a una parturienta se alborozan ante la visita del gerente y le enseñan la máquina de hacer Ping, que nadie sabe para qué sirve, aunque haya costado un pastón. Todo esto, el día en el que fiscalía pide el ingreso en prisión de Oriol Pujol por el caso de las ITV.

Es la Cataluña del proceso, efectivamente, y lo hemos tenido que pagar los de siempre, los que, según estos individuos, no tenemos derecho ni a enfermar. Malditos sean.