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Guadalupe Sánchez

Opinión

Guerra sucia contra el Poder Judicial

Es muy evidente lo que pretenden: trasladar al ciudadano que no existe mayor y mejor justicia y garantía de neutralidad que la que viene de la mano de nuestro Gobierno de progreso

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

El Estado democrático y de derecho es un frágil tesoro, una conquista de la civilización occidental que se sustenta en la división de poderes y en el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Un rasgo definitorio del populismo es su intento de reducir la democracia a una cuestión de legitimidadelectoral: convertir el voto en una habilitación para someter a los contrapesos al poder y demoler la democracia liberal desde dentro.

Juez y parte

Para ello, intentan implantar en la ciudadanía esa peligrosa idea de que sólo es legítimo el Gobierno en la medida en que surge fruto de una votación popular previa, mientras que el resto de los poderes del Estado estarían de prestado. Entenderán pues que el poder que más molestias produce al populismo de corte autoritario sea el Judicial, básicamente porque en la toma de decisiones los jueces no están sometidos a las instrucciones de terceros, sino al ordenamiento jurídico. Frente a la Administración que, cuando resuelve, es a la vez juez y parte, se alzan la independencia y la imparcialidad judicial. Son la garantía de que nuestras libertades no queden al albur del decisionismo político.

Así que entenderán que sienta escalofríos cuando veo a miembros del Gobierno señalar y atacar a los jueces que investigan la posible comisión de delitos por parte de personas vinculadas al Ejecutivo. Porque eso es exactamente lo que hacen cuando sacan a pasear el anglicismo lawfare: acusar al Poder Judicial de utilizar la ley y los tribunales en una guerra jurídica contra el Gobierno, al que hábilmente identifican con el pueblo, la gente. Cualquier actuación o investigación judicial que les perturbe supone, según ellos, un golpe de Estado silencioso para acabar con la democracia, de la que ellos son únicos valedores y representantes. Los jueces se transforman en los enemigos de “la gente” por anteponer la ley a la voluntad popular, así que cualquier actuación desde el Gobierno tendente a pararles los pies estaría justificada.

Se empieza por acusar al Poder Judicial de machista y patriarcal y se acaba con Pablo Iglesias de vicepresidente afirmando públicamente que la Justicia no es igual para todos

El lawfare permite a la clase política recurrir al victimismo para declarar la guerra sucia al Poder Judicial y a lo que éste representa: la independencia y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Todo un clásico del peronismo argentino kichnerista que Podemos ha importado a España de las manos de los medios de comunicación afines. Recuerdo perfectamente un artículo que se publicó nada más constituirse este nuevo Gobierno de coalición, llamado 'Lawfare contra el nuevo Gobierno'. Aunque cierto es que llevan ya tiempo preparándonos el terreno, porque la deslegitimación de los tribunales no se consigue de un día para otro. Se empieza por acusar al Poder Judicial de machista y patriarcal y se acaba con Pablo Iglesias de vicepresidente afirmando públicamente que la Justicia no es igual para todos porque una diputada de su partido ha resultado condenada por impedir violentamente la ejecución de una sentencia.

Lo mismo sucede cuando muchos justifican, y hasta aplauden, las injerencias de Marlaska en la investigación judicial en curso sobre la posible comisión de delitos por parte de autoridades vinculadas al Gobierno en relación con la celebración de las manifestaciones feministas del 8-M. Es muy evidente lo que pretenden: trasladar al ciudadano que no existe mayor y mejor justicia y garantía de neutralidad que las que vienen de la mano de nuestro Gobierno de progreso. Que tras las diligencias ordenadas por la juez Rodríguez Medel se agazapan el fascismo, el franquismo, el neoliberalismo y cualquier otro “ismo” que se les ocurra. Que la Justicia es aquello que la mayoría decide que sea justo y que existe una habilitación gubernamental para ejecutar el mandato popular por encima de la ley y del Derecho.

Ante esta tesitura, toca recordar algo muy básico: la independencia judicial es una virtud, no es un problema. Sin independencia judicial, el imperio de la ley se transforma en la ley del emperador. Ténganlo siempre muy presente.

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